
Redacción
CHETUMAL.— A diez días de la inédita elección de jueces, magistrados y ministros en México, la presidenta estatal del PRI en Quintana Roo, Cora Amalia Castilla Madrid, calificó el proceso como una “farsa” sin seriedad ni transparencia, que —acusó— se ha reducido a un “concurso de popularidad”.
Durante una rueda de prensa, Castilla Madrid criticó que el Senado haya impuesto candidaturas sin garantizar perfiles idóneos, y alertó sobre la posible presencia de aspirantes ligados a intereses partidistas o incluso a grupos delictivos. “Pareciera que estamos en carnaval, en una pasarela de personas sin experiencia”, lanzó la exdiputada priista.
Llamado a la abstención y crítica a la opacidad del proceso
La dirigente del PRI lamentó que la ciudadanía siga sin comprender el proceso, y denunció que muchos aspirantes carecen de preparación en materia judicial. Reiteró su llamado a la militancia a no participar en la jornada electoral, al considerar que no existen condiciones mínimas de certeza para una decisión informada.
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Además, denunció la falta de información clara sobre los candidatos y el mecanismo de elección, lo cual —advirtió— alimenta la desconfianza hacia las instituciones electorales y judiciales.
Una elección inédita, envuelta en polémica
El próximo 1 de junio de 2025, México celebrará por primera vez una elección judicial para renovar 881 cargos federales, incluidos nueve ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistrados del Tribunal Electoral y jueces de distrito. Esta reforma histórica busca acercar la justicia a la ciudadanía mediante el voto directo.
Sin embargo, el proceso ha estado rodeado de polémica: desde la aparición de “acordeones” en redes sociales y volantes físicos que orientan el voto hacia candidatos cercanos al oficialismo, hasta la postulación de perfiles cuestionados, como una exabogada de Joaquín “El Chapo” Guzmán y un exnarcotraficante condenado en EE. UU.
QR, boletas en bloque
En Quintana Roo habrá elección de jueces y magistrados pero con un modelo es restrictivo y contrario al espíritu de la reforma: las y los ciudadanos sólo pueden votar por bloques de candidaturas agrupadas según el poder que las propuso —Ejecutivo, Legislativo o Judicial— y no por perfiles individuales.
En Quintana Roo, las boletas presentan tres bloques de candidaturas —uno por cada poder— y el votante sólo puede tachar uno, sin posibilidad de elegir a personas específicas dentro del grupo. Esta decisión fue avalada por el Tribunal Electoral de Quintana Roo (Teqroo) bajo el argumento de que así se mantiene la atribución de los comités de evaluación de cada poder y se evita la confusión del electorado. No obstante, expertos como José Luis López Chavarría advierten que esto convierte a dichos comités en equivalentes de partidos políticos, cuando en realidad su función debería ser técnica y honoraria.
Este modelo ha generado críticas por limitar la libertad del electorado y por incentivar un voto de confianza hacia los poderes que postulan, en lugar de hacia las trayectorias y capacidades individuales de quienes aspiran a ser juzgadores.
El proceso electoral judicial en Quintana Roo corre el riesgo de profundizar la politización del sistema de justicia, segmentar el voto ciudadano y debilitar el verdadero sentido de la elección popular.
Con información de Radio Maya Internacional