Por Leslie Gordillo
CANCÚN.- Con las recientes reformas en temas de seguridad, se busca avanzar en la consolidación de un estado de derecho que protege, responde y da resultados concretos a las familias quintanarroenses en temas como la extorsión, afirmó Julio César Gómez Torres, secretario de Seguridad Ciudadana de Quintana Roo.
Recordó que el Congreso del Estado aprobó la ley para prevenir, investigar y sancionar los delitos en materia de extorsión publicada en el periódico oficial del Estado el 10 de diciembre de este año, se reformó la Ley de Seguridad Ciudadana y se crearon estructuras especializadas de apoyo.
«Esta ley (extorsión) representa un avance estructural al unificar criterios, endurecer las penas, establecer la persecución de oficio del delito de extorsión y fortalecer de manera decisiva la protección a las víctimas y a quienes denuncian», explicó.
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Su impacto, dijo, es concreto y medible, al endurecer las sanciones y eliminar la denuncia como condición para actuar, se cierran espacios a la impunidad, se disuade a los delincuentes y se acelera la respuesta de las autoridades.
A ello se suma la creación de estructuras especializadas como el Consejo Estatal de Prevención y Combate a la Extorsión y el Centro Estatal de Atención a Denuncias de Extorsión; así como la modernización de manuales operativos y el uso de tecnología.
Todo ello, confió, permite una más eficiente, coordinada y estratégica en el combate a este delito.
De forma complementaria también se reformó la Ley de Seguridad Ciudadana para formalizar mecanismos de coordinación e inteligencia, institucionalizando las mesas de paz como instancia de decisión ejecutiva y coordinación inmediata.
Estas mesas presididas por la titular del Poder Ejecutivo sesionan de manera ordinaria y diaria con la participación de la corporaciones estatales, la Fiscalía General del Estado y las fuerzas federales.
«Hoy Quintana Roo es uno de los dos estados de la República que ha cumplido con la homologación de su marco estatal con la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, esta decisión refleja una visión clara, el Estado garantiza respaldo, confidencialidad y acompañamiento a las víctimas, incentivando la denuncia para debilitar de manera decisiva las redes de el delito», puntualizó.
