A pesar de contar con la infraestructura necesaria, México enfrenta un riesgo inminente de incumplimiento en el tratado de agua con Estados Unidos. Expertos advierten que la ineficiencia operativa y, sobre todo, un presupuesto insuficiente en 2026, hacen inviable alcanzar las metas. La reciente reforma legal no basta para resolver la crisis hídrica México tratado agua.
La paradoja hídrica: infraestructura lista, operación fallida
México posee la infraestructura física, específicamente las presas La Amistad (en Coahuila) y Falcón (en Tamaulipas) sobre el Río Bravo, para entregar el volumen de agua pactado con Estados Unidos. Sin embargo, el consenso de expertos es que el problema radica en la eficiencia.
El sistema debe operarse de forma eficiente, “no sólo los embalses, sino también programar y prevenir la asignación de esos volúmenes para cumplir con las obligaciones del tratado considerando los condicionamientos climatológicos que hay”, señalaron especialistas.
Integrantes del Consejo Consultivo del Agua, Agua Capital y la Red de Agua de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) puntualizaron que el gobierno se ha atrasado en los tiempos de entrega. Esto ha provocado que el volumen nominal del líquido que debe entregarse hasta el año 2030 sea considerado «muy significativo».
Si bien los especialistas reconocieron que la prioridad debe ser atender las necesidades de los ciudadanos mexicanos, insistieron en la necesidad de no desatender las provisiones de los convenios binacionales para evitar agravar la situación actual.
La brecha presupuestal: el 10% de lo necesario
Un pilar fundamental para lograr el cumplimiento es la financiación. Raúl Rodríguez, presidente del Consejo Consultivo del Agua, enfatizó la urgencia de definir las fuentes de los recursos necesarios para alcanzar las metas que establecen:
- El Plan Nacional Hídrico.
- Las necesidades de infraestructura para este tema que tiene el país.
Rodríguez recordó que organismos internacionales, como el Banco Mundial (BM), establecen que los países deben destinar, al menos, el uno por ciento de su Producto Interno Bruto (PIB) en materia hídrica.
Para México, esta recomendación representa alrededor de 350 mil millones de pesos por año. No obstante, al revisar el gasto público se encuentra una brecha crítica:
- El Presupuesto de Egresos de la Federación 2026 destinó cerca de 36 mil 200 millones de pesos.
- Esta cifra representa solo el 10 por ciento de la cantidad anual recomendada por el BM, lo que resulta claramente insuficiente, advirtió Rodríguez.
La reforma de la ley de aguas: un avance incompleto
En el contexto de las reformas a la Ley General de Aguas y a la Ley de Aguas Nacionales, los expertos sostuvieron que estas normativas establecen nuevas reglas, refuerzan la prevención de delitos hídricos y clarifican las facultades de la autoridad federal.
Sin embargo, el alcance de la reforma es limitado en términos de gestión de la demanda. Eduardo Vázquez, director de Agua Capital, sostuvo que las leyes “no incluyen incentivos para mejorar la eficiencia en el uso del recurso”, especialmente en el sector agrícola, que consume el 76 por ciento del recurso nacional.
Jorge Arriaga Medina, coordinador ejecutivo de la Red del Agua de la UNAM, subrayó que, a pesar de las limitaciones, esta normativa podría ser el inicio de una transformación jurídica profunda del sector hídrico. Desde la incorporación del derecho humano al agua y al saneamiento en 2012, el país no había enfrentado una revisión tan amplia y compleja de su marco legal.
Arriaga explicó la necesidad de ir más allá del marco legal: “Sabemos que no basta con tener una ley. Necesitamos construir rutas claras para su implementación, fortalecer capacidades y dejar explícitos los derechos y responsabilidades de todos los usuarios. Solo así podremos avanzar hacia una verdadera Seguridad Hídrica basada en equidad, sostenibilidad y responsabilidad pública”.
La crisis estructural que elude al legislativo
Los especialistas advirtieron que se prevén al menos dos años de escasez de líquido, por lo cual urge un cambio de hábitos en la población y la puesta en marcha de planes de prevención gubernamentales.
Rodríguez advirtió que el país enfrenta un reto estructural que excede el diseño normativo: “México vive una crisis hídrica que no se resolverá solo con una nueva ley, y será indispensable fortalecer capacidades técnicas, presupuestales y de infraestructura para que cualquier reforma tenga efectos tangibles”.
Respecto a la diplomacia del agua, los expertos consideran que el acuerdo binacional debe seguir operando por separado y no incorporarse a las negociaciones del T-MEC. Argumentan que es un convenio cien por ciento jurídico que funciona para México, ya que el país solo está obligado a proporcionar un tercio del líquido.
El diagnóstico de los expertos es claro: la voluntad política y la infraestructura existen, pero la eficiencia operativa y, sobre todo, la inversión real son las variables faltantes. Si el Presupuesto de Egresos 2026 solo cubre el 10% de lo necesario, ¿podrá México evitar una crisis diplomática y cumplir sus obligaciones binacionales sin sacrificar la seguridad hídrica de sus propios ciudadanos?
