
Redacción
CHETUMAL- Presenta el diputado Alberto Batún una iniciativa de ley para ampliar el plazo de regularización de las concesiones en caso de caso de incapacidad, ausencia o muerte del titular de 120 días a un año, periodo en el cual podrán seguir brindando el servicio los descendientes del titular de la concesión sin problema alguno.
En reforma al artículo 113 de la Ley de Movilidad del Estado de Quintana Roo amplía el plazo de 120 a 365 días, es decir, un año completo para que los beneficiarios puedan realizar todos los trámites administrativos necesarios para asegurar que la concesión siga siendo válida y operativa.
Alberto Batún, presidente de la Comisión de Movilidad en el Congreso local explicó que la medida responde a la necesidad de dar mayor flexibilidad a los beneficiarios en situaciones imprevistas que podrían dificultar el cumplimiento de los plazos administrativos. En muchas ocasiones, el plazo de 120 días resultaba insuficiente para que los beneficiarios pudieran reunir toda la documentación necesaria, cumplir con los requisitos legales y continuar con la operación de la concesión sin problemas.
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La reforma brinda protección frente a imprevistos y protege a los beneficiarios de situaciones inesperadas que pudieran dificultar la regularización, como enfermedades graves, fallecimientos o ausencias prolongadas. Sin esta reforma, los beneficiarios podían verse en la situación de perder la concesión debido a su incapacidad para completar el proceso administrativo en el plazo original.
La propuesta de reforma no solo beneficia a los concesionarios, sino que también impacta positivamente a los usuarios de los servicios, ya que asegura la continuidad de los mismos sin interrupciones.
Además, fomenta una mayor estabilidad dentro del sistema de concesiones del estado y permite que los beneficiarios se ajusten mejor a las normativas sin riesgo de perder su derecho a operar la concesión.
Este cambio en la legislación refuerza el compromiso del gobierno de Quintana Roo, con la estabilidad y sostenibilidad del sector de movilidad, permitiendo que los beneficiarios puedan operar con confianza y asegurando la protección de los derechos tanto de los concesionarios como de los usuarios.