En Palacio Nacional, el 22 de julio de 2025, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo abordó la postura presidencial sobre el caso Hernán Bermúdez. La mandataria subrayó que no le corresponde señalar culpables en las investigaciones contra el exsecretario de Seguridad de Tabasco, insistiendo en que la justicia debe guiarse por pruebas, no suposiciones.
La postura presidencial: la justicia en manos de las fiscalías
La jefa del Ejecutivo reiteró con firmeza en la mañanera de este martes: “Aquí no se cubre a nadie, no se va a cubrir a nadie las investigaciones. En cualquier caso, para cualquier persona deben hacerse. Pero de antemano no se puede culpar a nadie hasta que no se demuestre lo contrario”.
Sheinbaum Pardo enfatizó que no le corresponde a la Presidenta de la República definir quién es culpable o no. Puntualizó que la fiscalía del estado y, si es requerida, la Fiscalía General de la República (FGR), tienen la obligación de solicitar y llevar a cabo las investigaciones pertinentes. Subrayó que, en todo caso, son las investigaciones las que deben aportar los elementos que pudieran orientar a la culpabilidad o inocencia de una persona. La mandataria federal insistió: “Todo debe tener pruebas, así es el sistema penal acusatorio del país, todo debe tener evidencias, no es la subjetividad de alguien que opina que a lo mejor es posible, debe haber evidencias para acusar a una persona, cualquiera que esta sea”.
El enigma de la omisión en Tabasco
La presidenta Sheinbaum Pardo fue interrogada específicamente sobre la posible “omisión” de parte de las autoridades de Tabasco. La pregunta apuntaba, en particular, al exgobernador y hoy senador morenista, Adán Augusto López, por no haber detectado la vinculación de su exfuncionario, Hernán Bermúdez Requena, con el grupo criminal La Barredora, y mantenerlo al frente de la seguridad del estado.
Ante esta interrogante, la mandataria federal insistió en que no se encubrirá a nadie, pero tampoco se puede tachar de culpable a nadie hasta que no haya pruebas que así lo apunten. En el contexto de estas declaraciones, se destacó que el hoy senador, Adán Augusto López, ha declarado públicamente que “no sospechó desde un principio si no lo hubiera separado del cargo”. Cuando se le cuestionó directamente: “¿Fue omisión por no investigar bien o fue complicidad por saber quién era?”, la presidenta Sheinbaum Pardo reviró de manera contundente: “La fiscalía es quien tiene que responder ante esto”.
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La postura de la presidenta Sheinbaum subraya una delimitación clara entre el poder ejecutivo y el judicial, apelando a la primacía del sistema penal acusatorio. Sin embargo, ¿será suficiente esta demarcación para disipar las sombras de presunta omisión y garantizar una investigación sin ataduras políticas en un caso que interpela directamente a figuras del círculo morenista?
