Alejandro Peza/NOTICARIBE PENINSULAR
CHETUMAL.- La directora general del Sistema DIF Quintana Roo, María Elba Carranza Aguirre ofreció por segunda ocasión una disculpa pública por violentar los derechos humanos de uno de sus trabajadores, además de que se puso en evidencia el tráfico de influencias de Carranza Aguirre que involucró al rector de la Universidad Autónoma de Quintana Roo, siendo secretario de gobierno, Francisco López Mena; el ex oficial mayor, Manuel Alamilla Ceballos, y la directora del Instituto Quintanarroense de la Mujer, Silvia Damián López.
Después de 4 años, el DIF estatal, a través de Carranza Aguirre, ofreció una disculpa pública a Eréndira Martínez Morales y a su menor hijo R.C.M. por despido injustificado y por violentar el derecho a la maternidad y al período de lactancia, lo que la orilló a interponer una queja ante la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo que emitió la recomendación CDHEQROO/04/2022/I.
Sin embargo, Eréndira Martínez Morales pidió a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo (CDHEQROO) dar por no cumplida la recomendación al incumplirse varios puntos, entre ellas la de restituirla en su empleo.
Durante su intervención, señaló que la recomendación emitida contiene varias omisiones en un afán de protección de la directora estatal del DIF ya que no están contemplados la directora jurídica, Claudia Guadalupe Tinoco Cosío; la directora del IQM, Silvia Damián López, la directora de la Casa Hogar de los Abuelitos, Nínive Margeli Ramírez Sanguino; la directora de recursos humanos, Laura Gabriela Soberanis Ramírez; y el abogado de la casa hogar, José Alfredo Amoroso Hernández, de quien recibió agresiones físicas; la procuradora de protección de niñas, niños y adolescentes y la familia, Aida Isis González Gómez.
Eréndira Martínez Morales recordó que hace cuatro años, estando embarazada, Carranza Aguirre le pidió la renuncia argumentando pérdida de confianza por la supuesta filtración de las condiciones en las que se encontraban los abuelitos de la casa hogar; tras el nacimiento de su hijo le fue negado el permiso para amamantar a su bebé, lo que la obligó a ausentarse de sus labores.
Carranza Aguirre argumentó que le negaron el permiso para salir a amamantar al bebé ya que no está contemplado en la ley.
Tras ser despedida del DIF estatal, Martínez Morales encontró trabajo en el Sistema de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna), del cual fue removida luego que Carranza Aguirre recurriera al entonces secretario de gobierno y actual rector de la Universidad Autónoma de Quintana Roo, Francisco López Mena; incluso el esposo de Martínez Morales fue amenazado con perder su empleo por el ex oficial Mayor, Manuel Alamilla Ceballos, de continuar con la defensa legal de su esposa.
Afirmó que fue víctima de violencia de género en el trabajo y que ninguna autoridad intervino y fue objeto de intimidación y acoso por parte de los funcionarios del propio DIF estatal.
Martínez Morales expuso la actitud déspota, humillante y despectiva con la que la directora del DIF estatal trata a sus trabajadores y a las personas que acuden en busca de apoyo de una institución creada para fortalecer a la familia y apoyar a los más desprotegidos.
Reiteró su queja contra Carranza Aguirre por su tráfico de influencias, actitudes arbitrarias, humillaciones hacia la gente más vulnerable y a los trabajadores del DIF y la calificó de la peor directora que ha tenido el organismo.
Esta recomendación sienta precedente para que en el futuro inmediato se erradique todo acto de violencia que atente contra las mujeres trabajadoras en todas las etapas en las que se encuentran vulnerables, pero sobre todo en las etapas del embarazo, parto, posparto y periodo de lactancia en el trabajo y se juzgue con perspectiva de género y se garantiza todos los Derechos Humanos, afirmó.
Considero qué los actos violatorios son debido a la falta de conocimiento de los servidores públicos que ocuparon cargos directivos en el DIF estatal para los cuales no están capacitados, o si lo están no cumplen con su obligación para la cual fueron contratados.
