La Corte Suprema de Estados Unidos resolvió este jueves un caso crucial, dictaminando que el gobierno mexicano no puede proceder con su demanda contra los fabricantes de armas de EE.UU., a quienes acusa de responsabilidad en la violencia del narcotráfico.
El fallo de la corte suprema y sus implicaciones
El alto tribunal estadounidense concluyó que la legislación vigente en el país exime de responsabilidad a los fabricantes de armas, impidiendo así la presentación de la demanda del gobierno de México.
La resolución, cuya redacción estuvo a cargo de la jueza Elena Kagan y contó con apoyo unánime de la corte, señala que México no ha presentado una argumentación verosímil que demuestre que los fabricantes de armas estadounidenses hayan colaborado o instigado la venta ilegal de sus productos a narcotraficantes mexicanos.
Antecedentes de la demanda
En 2021, México presentó una demanda por US$10.000 millones contra los principales fabricantes de armas de fuego en EE.UU.
El gobierno mexicano sostiene que la producción y venta de armas por parte de la industria armamentística en EE.UU. ha contribuido al fortalecimiento y la peligrosidad de los carteles de la droga, causando perjuicios al estado mexicano. Este mensaje ha sido transmitido públicamente por la presidente de México, Claudia Sheinbaum, y en sus conversaciones con su homólogo estadounidense, Donald Trump.
Los abogados de la parte mexicana también argumentaron que las empresas eran conscientes de que algunas de sus armas estaban siendo objeto de tráfico ilegal, lo que, según su postura, debería permitir a México presentar demandas contra ellas.
En una audiencia celebrada a principios de marzo, la mayoría de los jueces mostraron escepticismo sobre la capacidad de México para establecer un vínculo directo entre los fabricantes de armas y la violencia de los cárteles. Varios jueces parecieron convencidos de que una ley de 2005, que protege a los fabricantes y distribuidores de armas de la mayoría de las demandas nacionales por lesiones causadas por armas de fuego, también podría aplicarse al caso presentado por el gobierno mexicano.
Sin solución a la vista: la postura ante trump
Aunque se consideraba que la demanda de México probablemente no tendría grandes repercusiones, el reciente fallo de la Corte estadounidense modifica la posición del gobierno de Sheinbaum frente a las negociaciones con Trump.
En estas discusiones, según el texto proporcionado, se encuentran temas como:
- Los aranceles al acero y al aluminio.
- El impuesto a las remesas.
- La política migratoria.
- Las estrategias para luchar contra el narcotráfico.
Ante este escenario, la demanda contra uno de los grupos de poder más cercanos a Trump funcionaba para Sheinbaum como una “moneda de cambio”.
El narcotráfico es una problemática internacional, destacando que la mayor parte del consumo de drogas ilegales, por ejemplo, se registra en Estados Unidos.
Si bien la Corte, de mayoría conservadora, no encontró un vínculo directo entre la venta de armas legal en Estados Unidos y la promoción del narcotráfico, esta determinación no contradice lo que entidades estatales estadounidenses han documentado: el crimen organizado compra muchas de sus armas en el mercado estadounidense.
Sin embargo, ninguno de estos argumentos parece capaz de generar cambios significativos en Estados Unidos, especialmente con un gobierno, como el de Trump, que mantiene una estrecha relación con el gremio armamentístico. [Este tema se relaciona con la compleja dinámica de la relación bilateral México-EE.UU. en materia de seguridad].
Trump, por su parte, ha planteado una posible concesión: ofrecer ayuda militar a México en la lucha contra los cárteles, a los que ha designado como organizaciones terroristas. Una medida que, para Sheinbaum, representaría una intervención que vulneraría la soberanía de su país.
Esto deja la potencial solución al problema del narcotráfico en el mismo estancamiento en el que se encuentra desde hace décadas.
El rechazo de la demanda de México contra los fabricantes de armas por parte de la Corte Suprema de EE.UU. subraya las complejidades legales y políticas en la lucha transnacional contra el narcotráfico y el tráfico de armas, sin ofrecer una perspectiva clara de avances en el corto plazo, según el contexto proporcionado.
