Redacción
CANCÚN.- Carlos Canabal Ruiz, exalcalde de Cancún, niega fuga y denuncia persecución. Su perfil revela un historial de poder, negocios y controversias legales.
El ocaso de un operador político-empresarial
“Soy libre desde octubre de 2024 por orden de un juez federal. No hay delito alguno. Todo esto es persecución política”. Así se defiende Carlos Canabal Ruiz, exalcalde interino de Cancún, empresario de medios y gestor de residuos, ante las versiones que lo señalan como prófugo. Su caso concentra tensiones del sureste mexicano: poder, negocios públicos, redes políticas y una justicia que parece funcionar de forma dispareja según el apellido del acusado.
Trayectoria política: del interinato al litigio permanente
De Tabasco a Benito Juárez
Originario de Tabasco, abogado de formación, Carlos Canabal se insertó en la política de Quintana Roo cuando asumió la presidencia municipal interina de Benito Juárez (Cancún) entre 2004 y 2005, tras la licencia del entonces edil Juan Ignacio García Zalvidea.
Un interinato marcado por señalamientos
Su breve paso por la administración local estuvo rodeado de rumores sobre apropiación irregular de terrenos y maniobras para obtener el cargo. Aunque no hay sentencias en su contra por estos hechos, la narrativa persiste en los medios.
Tránsito partidista y alianzas estratégicas
Aunque nombrado por un edil del PVEM, Canabal fue vinculado al PRD. El movimiento generó tensiones internas y sugiere que su nominación respondió a acuerdos políticos por conveniencia, más que a afinidades ideológicas.
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Red empresarial: entre contratos públicos y denuncias penales
Medios de comunicación: información bajo sospecha
Canabal es propietario del periódico La Verdad y de Meta Medios S.A. de C.V. Ambas empresas han sido señaladas por despidos injustificados, falta de pago de cuotas patronales y, en el caso de Meta Medios, por un presunto desvío de 35.8 millones de pesos de la SEDATU por servicios nunca prestados.
Negocios con el municipio: basura, litigios y dinero público
Inteligencia México S.A. de C.V., empresa administrada por Canabal y su madre, obtuvo un contrato por 20 años para la recolección de basura en Cancún. Fue la única concesionaria entre 2017 y 2020, hasta su revocación por parte de la entonces alcaldesa Mara Lezama. Se le acusa de graves anomalías financieras, entre ellas pagos injustificados por 300 millones de pesos.
El conflicto con LV S.A. de C.V.
Canabal era socio de esta empresa, supuestamente perjudicada por una administración fraudulenta. El presunto fraude asciende a 531 millones de pesos y constituye el eje de su proceso penal en Nuevo León.
Acusaciones penales y fuga: cronología de un escándalo
Detención, hospital, amparo y brazalete
Fue arrestado en febrero de 2024 en Tulum. El juez de control lo vinculó a proceso por fraude y le impuso prisión preventiva. En diciembre, obtuvo un amparo para prisión domiciliaria por motivos de salud. En marzo de 2025, otro juez ordenó el retiro de su brazalete electrónico.
Fuga y reacción judicial
El 26 de abril de 2025 se dio a la fuga desde su domicilio en San Pedro Garza García. La FGR confirmó que violó las condiciones de su custodia. Un juez emitió orden de reaprehensión. Canabal sostiene que es libre por orden federal.
Conexiones y sistema legal: cómo se sostiene el poder
Jueces, amparos y “persecución”
El caso pone el foco sobre jueces en Tamaulipas y Zacatecas que facilitaron su salida de prisión y posterior fuga. La defensa de Canabal denuncia arbitrariedad de un juez local que giró nueva orden de aprehensión. El entramado judicial se ha vuelto parte del conflicto.
Vínculos con el poder político
Diversos reportes lo vinculan con exgobernadores como Roberto Borge y con operadores cercanos al poder federal. Esto podría explicar la lentitud de algunas investigaciones y la facilidad con que obtuvo beneficios procesales.
Un caso que pone a prueba al Estado mexicano
El perfil de Carlos Canabal Ruiz ejemplifica las dificultades del sistema mexicano para sancionar efectivamente a personajes con acceso a poder, recursos y redes. Las acusaciones de fraude, desvíos, conflicto de intereses y manipulación judicial conforman un patrón que amerita escrutinio público constante.
Mientras no se esclarezca su situación legal y se garantice que las reglas del debido proceso se apliquen por igual, la confianza ciudadana en las instituciones seguirá erosionándose.
