Quejas por el uso de «acordeones» para inducir el voto en la elección judicial detonaron 50 expedientes en el Instituto Nacional Electoral. El informe de la autoridad electoral revela la magnitud de las denuncias ciudadanas que avivaron el enfrentamiento entre Morena y la oposición sobre el origen de las irregularidades y las impugnaciones.
Hallazgos del informe de la UTCE del INE
El más reciente informe de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral (UTCE) del INE, presentado durante la sesión ordinaria de consejo general, detalló la actividad entre el 20 de marzo y el 20 de junio. La unidad recibió 288 quejas en ese periodo.
261 fueron interpuestas por la ciudadanía.
16 provenían de partidos políticos.
Cuatro fueron de servidores públicos.
Siete expedientes se abrieron de oficio.
Del total, 69 quejas se relacionaron con hechos contra candidaturas a ministros de la Suprema Corte. Las denuncias también se dirigieron a ciudadanos, medios de comunicación, funcionarios, páginas de redes sociales, partidos políticos y universidades.
La UTCE abrió 275 procedimientos especiales sancionadores por actos vinculados a la elección judicial. Entre ellos destacan:
65 por presuntas irregularidades en participación en foros y debates.
50 por inducción al voto (acordeones).
36 por violación al artículo 134 constitucional (propaganda electoral indebida).
35 por violencia política contra las mujeres en razón de género.
22 por contratación o adquisición de tiempo en radio y televisión.
17 por contratación de propaganda en redes sociales y/o internet.
- Siete por uso indebido de la pauta.
Otras quejas incluyeron temas como divulgación de encuestas (seis), calumnia (seis), propaganda alusiva a partido político, actos anticipados de campaña, vulneración a la veda electoral, propaganda electoral en equipamiento urbano, vulneración al interés superior del menor de edad, incumplimiento al pautado y utilización de símbolos religiosos (cuatro o menos cada una).
Enfrentamiento político por las irregularidades
El debate sobre las quejas escaló a nivel político. La diputada del PRI, Marcela Guerra Castillo, señaló que las quejas por el uso de «acordeones» ocurrieron a nivel federal y en entidades como Nuevo León.
Esta práctica, según Guerra Castillo, reflejó «un padrón de operación antidemocrático que contradice abiertamente el espíritu de la reforma judicial publicada el 15 de septiembre pasado».
La diputada del PRI sostuvo que la presidenta Claudia Sheinbaum «reconoció abiertamente que las candidaturas que ganaron eran afines al movimiento de transformación», lo que, en su opinión, es una confesión.
Marcela Guerra Castillo afirmó que la firmeza del INE ante las irregularidades ha sido respondida con «amenazas de nuevas reformas electorales desde la Presidencia de la República». Consideró que esto implica que «el problema no fuera el uso indebido de recursos o la manipulación del voto, sino la existencia de una autoridad electoral autónoma». La legisladora añadió que «sabíamos que tras el fracaso de la elección judicial vendría la narrativa de culpar al INE».
En respuesta, el representante de Morena, Guillermo Rafael Santiago Rodríguez, acusó a la oposición de «simulación» al afirmar que la sociedad civil organizada impulsa las impugnaciones contra la elección judicial. Según él, tras estos movimientos se ocultan nombres de personas de sus propias filas.
Santiago Rodríguez declaró: «¿Defensa de la democracia? No señores y señoras, no nos engañemos, es el viejo régimen disfrazado de sociedad civil, intentando volver por la puerta trasera».
Citó a grupos que han interpuesto recursos y juicios para intentar anular la elección judicial: «Defensores, proyecto Justicia en Común, Laboratorio Electoral, Consejo Nacional de Litigio Estratégico y Poder Ciudadano». Afirmó que estos forman parte de una red que «agrupa a miembros y operadores de los partidos del PRI, PAN y Movimiento Ciudadano».
La confrontación en el consejo general del INE expone la profunda división política en torno a la legitimidad de la elección judicial y el papel de la autoridad electoral frente a las denuncias.
