Redacción/NOTICARIBE PENINSULAR
CIUDAD DE MÉXICO.- La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed) emitió una declaratoria formal de suspensión de actividades por tiempo indefinido en todos los juzgados y tribunales federales, que inició el primer minuto de este miércoles, y señaló que mantendrá su paro hasta que el Congreso instale una mesa de negociación.
Esta reforma no sólo amenaza la justicia, pone en peligro la seguridad misma de la nación, una justicia independiente, las conversiones se verán afectadas, la confianza en las instituciones se desmoronará, los derechos humanos quedarán a merced de una maquinaria estatal centralizada y autoritaria. Nos encaminamos hacia una crisis sin precedente, una que de no ser detenida dejará cicatrices profundas en el tejido social, afirmó la presidenta de la Jufed, Juana Fuentes Velázquez, durante el arranque del paro de actividades de manera indefinida.
Por estas razones, dijo, hemos decidido, junto a cientos de personas juzgadoras comprometidas con la justicia, la suspensión de labores jurisdiccionales de manera indefinida en todo el país, a partir de este 21 de agosto, como un acto legítimo de resistencia contra esta reforma y hasta que ésta sea desechada, para dar paso a la construcción de una reforma integral del sistema de justicia, a la que sin duda alguna nos sumaríamos. Aseveró que este intento de concentración del poder en una persona no sólo es una afrenta directa a la independencia judicial sino también un golpe mortal a la democracia por la que tantos, antes que nosotros, lucharon por establecer y proteger. Una reforma legislativa promovida por el Presidente y tramitada por una mayoría parlamentaria amenaza con socavar los pilares mismos sobre los cuales se asienta el estado de derecho.
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El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) publicó una circular en la cual informó que reconoce la situación y toma conocimiento de diversos oficios y avisos de suspensión de labores con motivo del paro, y que en aras de preservar el ejercicio del servicio público de impartición de justicia, se atenderán los casos urgentes. Pero hasta ayer no publicó la lista de juzgados y tribunales que en cada región del país atenderán los asuntos considerados imperiosos.
Esta reforma no sólo amenaza la justicia, pone en peligro la seguridad misma de la nación, una justicia independiente, las conversiones se verán afectadas, la confianza en las instituciones se desmoronará, los derechos humanos quedarán a merced de una maquinaria estatal centralizada y autoritaria. Nos encaminamos hacia una crisis sin precedente, una que de no ser detenida dejará cicatrices profundas en el tejido social, afirmó la presidenta de la Jufed, Juana Fuentes Velázquez, durante el arranque del paro de actividades de manera indefinida.
Aseveró que este intento de concentración del poder en una persona no sólo es una afrenta directa a la independencia judicial sino también un golpe mortal a la democracia por la que tantos, antes que nosotros, lucharon por establecer y proteger. Una reforma legislativa promovida por el Presidente de la República y tramitada por una mayoría parlamentaria amenaza con socavar los pilares mismos sobre los cuales se asienta el estado de derecho.
El pleno de la Judicatura no ha sido citado de manera extraordinaria para analizar el paro de actividades en 972 órganos encabezados por mil 656 jueces o magistrados, y establecer una estrategia ante esa situación.
Ayer, durante una sesión privada del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la ministra Norma Lucía Piña Hernández fue cuestionada por sus pares sobre su posición en cuanto al paro, ya que ella es también presidenta del PJF y por tanto del CJF, y respondió que los trabajadores son autónomos, y ella no puede hacer nada. Agregó que es un tema que compete al CJF y no a la Corte. Así paró en secó cualquier análisis del tema, ya que se puso de manifiesto la preocupación que tienen los ministros por este paro. Ella contestó que en lo personal no tiene posición, señalaron integrantes de la Corte que participaron en el encuentro.
En la circular 16/2024, el CJF informó que en los Centros de Justicia Penal Federal se atenderán las determinaciones referentes a la calificación de detenciones, las vinculaciones a proceso, la implementación y modificación de medidas cautelares relacionadas con prisión preventiva y determinaciones sobre extradición.
Con información de La Jornada
