En Quintana Roo, la autonomía universitaria a veces dura lo que tarda en sonar el teléfono.
Y es que la Universidad Autónoma de Quintana Roo (Uaqroo), campus Playa del Carmen, canceló hoy de última hora una mesa de Parlamento Abierto, donde se discutirían iniciativas ciudadanas agrupadas en el proyecto Once×Cuatro.
Un ejercicio formal, académico, institucional, pero al parecer demasiado incómodo.
El evento contaba con respaldo de grupos sociales como DMAS, así como de investigadores y académicos, quienes buscaban debatir cuatro propuestas legislativas derivadas de sentencias firmes emitidas por tribunales federales.
Es decir: no era mitin, no era partido, no era protesta.
Era parlamento abierto.
De acuerdo con los organizadores, la UQROO había autorizado el uso del auditorio, pero retiró la sede sin explicación en el último momento, obligando a los colectivos a buscar otro espacio.
Las iniciativas en cuestión son relacionadas vinculadas a normas urbanísticas, protección civil y disposiciones legales que ya fueron impugnadas mediante amparos y acciones de inconstitucionalidad.
Los tribunales resolvieron que varias porciones normativas eran inválidas y las sentencias ya están firmes.
El objetivo es simple: que el Congreso ajuste la ley conforme a lo ordenado por la Suprema Corte.
Pero en Quintana Roo, cumplir sentencias parece más subversivo que ignorarlas.
Hasta ahora, nadie ha explicado por qué se canceló el foro.
Y cuando una universidad guarda silencio, bajo la rectoría de Natalia Fiorentini Cañedo, el mensaje suele ser claro: No fue por logística.
Fue política o mas bien politiquería.
