Redacción/CARIBE PENINSULAR
CHETUMAL.- Un pronunciamiento de solidaridad con el pueblo de Cuba ante la crisis humanitaria derivada de sanciones energéticas y económicas impuestas por Estados Unidos fue planteado en el Congreso del Estado mediante una proposición con punto de acuerdo presentada por diputadas y diputados del Partido del Trabajo.
“Hoy, la población cubana atraviesa una situación económica complicada: escasez de alimentos, medicinas y productos básicos; inflación acelerada y apagones frecuentes”, expone el documento en su apartado de motivos, al señalar que el embargo estadounidense sigue siendo un obstáculo central para el desarrollo de la isla.
La propuesta fue suscrita por el diputado Hugo Alday Nieto, presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano Sustentable y Asuntos Metropolitanos; la diputada Diana Frine Gutiérrez García, presidenta de la Comisión de Desarrollo Juvenil con Igualdad de Oportunidades; y el diputado Rubén Antonio Carrillo Buenfil, presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social.
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En la exposición se advierte que, de acuerdo con reportes oficiales del Ministerio de Energía y Minas de Cuba, las reservas de combustible apenas alcanzan para 15 a 20 días de consumo, situación que ha provocado apagones masivos con afectaciones en hospitales, transporte, distribución de agua y conservación de alimentos.
El texto también menciona advertencias de organismos internacionales como la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la FAO, que han alertado sobre el impacto de los apagones prolongados en la atención médica y en la seguridad alimentaria de la población cubana.
En ese contexto, el punto de acuerdo plantea que el Congreso de Quintana Roo condene las medidas coercitivas unilaterales y exhorte a la comunidad internacional a garantizar el acceso a energía, alimentos y servicios básicos en la isla.
Entre los resolutivos, se incluye el rechazo a cualquier acción que agrave la crisis humanitaria y el llamado a mantener mecanismos de cooperación energética y asistencia humanitaria, en apego a los principios de respeto y autodeterminación de los pueblos.
El documento está fechado en Chetumal el 18 de febrero de 2026, y establece que, una vez aprobado, el acuerdo deberá remitirse a los congresos de las entidades federativas para que se adhieran en sus términos.
