De alguna forma, la presidenta Claudia Sheinbaum tiene razón en una parte de su plan B de reforma electoral. En muchos estados y municipios, la democracia local es disfuncional. La representación en congresos estatales y cabildos suele ser inequitativa, desproporcional y desconectada de la voluntad popular depositada en las urnas.
Sí, hace falta revisar a fondo cómo están integrados esos órganos colegiados. Hace falta poner orden y equidad.
Pero el problema es que el Plan B vuelve a cargar el mismo sello centralista que ya se vio en otros intentos de reforma: detrás del discurso de la retórica aparece otra vez la tentación de meter mano en los estados, debilitando el federalismo y estirando al límite el Pacto Federal.
Mayorías no garantizadas
El argumento oficial sigue siendo el ahorro: reducir costos, adelgazar estructuras, hacer más barato el sistema político. Pero en política casi nunca el ahorro es solo ahorro. Aquí también hay una perversión de control.
En el Plan A, el objetivo político era bastante claro: asegurar para Morena una mayoría calificada más cómoda en la Cámara de Diputados sin depender tanto de sus aliados. Obviamente, esa jugada no iba a pasar intacta frente al Partido Verde Ecologista de México y al Partido del Trabajo, dos fuerzas que han sido decisivas para construir las mayorías legislativas del oficialismo, pero que tampoco están dispuestas a tirarse por la borda.
Y ahí aparece otro ángulo menos visible: el problema no solo está en San Lázaro.
En materia de mayoría calificada también hay una vulnerabilidad territorial para Morena, porque su fuerza real sigue dependiendo de alianzas en buena parte de los congresos locales.
Congresos locales
Hoy Morena, con aliados, mantiene mayoría en 24 estados. Pero esa fotografía política no es permanente: todas esas entidades renovarán congresos locales en 2027 y varias muestran ya desgaste político.
Si Morena llegara a perder mayoría en ocho estados —es decir, en una tercera parte de esas entidades— se abriría un escenario mucho más complejo para cualquier reforma constitucional.
Porque para modificar la Constitución no basta con las dos terceras partes del Senado y de la Cámara de Diputados: también se necesita la mayoría absoluta de las legislaturas locales.
Y ese terreno ya no luce tan planito para el absolutismo morenista.
No parece una cosa imposible que Morena y sus aliados pierdan margen en congresos estatales. Dos señales cercanas están en Yucatán y Campeche, donde sí hay oposición y la causa guinda, gracias a Layda Sansores y Joaquín Díaz Mena, empieza a resentir desgaste.
Por eso, la intentona de intervenir en el diseño electoral local difícilmente puede leerse solo como un ajuste administrativo. También es una manera de anticiparse a un escenario donde el control, estado por estado, puede empezar a aflojarse.
En el fondo, no se trata solo ganar en austeridad republicana, sino de no perder poder absoluto.
Estos son de los 24 estados gobernados por Morena y sus aliados (incluyendo a San Luis Potosí, del PVEM) que renovarán sus Congresos Locales en las elecciones de junio de 2027:
- Baja California
- Baja California Sur
- Campeche
- Chiapas
- Ciudad de México
- Colima
- Estado de México
- Guerrero
- Hidalgo
- Michoacán
- Morelos
- Nayarit
- Oaxaca
- Puebla
- Quintana Roo
- San Luis Potosí
- Sinaloa
- Sonora
- Tabasco
- Tamaulipas
- Tlaxcala
- Veracruz
- Yucatán
- Zacatecas
