El Plan B podría significar una sacudida a la anacrónica, obsoleta e inequitativa “vida” de los ayuntamientos de Quintana Roo.
Y es que hasta ahora prevalecen condiciones francamente ridículas y hasta groseras en los cabildos, que en realidad son trajes a la medida de las élites políticas locales, sirven para conceder privilegios y poco representan a la comunidad.
De hecho, en el viejo PRI, los cabildos servían para acomodar a líderes de sectores y gremios con “fuerza” doméstica —los taxistas, colonos, por ejemplo—, y hoy también sirven para reacomodar amigos, parientes y afectos de liderazgos locales de Morena, a quienes no les alcanza para ser diputados locales y mucho menos diputados federales o senadores.
Sobrerrepresentación automática
Pero lo peor de todo es que los partidos o coaliciones que resultan primera fuerza tienen garantizada en automático la más amplia mayoría en los 11 ayuntamientos del estado.
Por citar un caso, la planilla de Morena-PVEM-PT, encabezada por Yensunni Martínez, apenas alcanzó 42 por ciento de los votos —ni siquiera mayoría absoluta—, pero esa coalición tiene alrededor de 65 por ciento del total del Cabildo.
A la vez, la dinámica poblacional del estado terminó por reconfigurar la democracia municipal. Hoy Benito Juárez concentra más de la mitad de la población de Quintana Roo.
De acuerdo con la ley actual, Benito Juárez, Othón P. Blanco y Solidaridad tienen 15 regidores, con 9 garantizados para la mayoría y 6 para la oposición; en tanto, en los demás ayuntamientos, 6 son para el ganador, sea cual sea su votación, y 3 para quienes pierden.
El Plan B podría ofrecer algunas salidas a esa inequidad y desproporcionalidad de los cabildos, al menos en la distribución poblacional de los municipios.
Distribución de regidores por población
La iniciativa buscaría que el número de integrantes de los cabildos sea proporcional al tamaño de la población que representan, bajo criterios generales:
- Hasta 50 mil habitantes: máximo 5 regidores
- De 50 mil 1 a 150 mil habitantes: 7 u 9 regidores
- De 150 mil 1 a 500 mil habitantes: entre 9 y 12 regidores
- Más de 500 mil habitantes: máximo 15 regidores
Con base en el censo, así quedaría Quintana Roo si se aplica estrictamente ese criterio:
- Benito Juárez: seguiría con 15
- Playa del Carmen: bajaría de 15 a entre 9 y 12
- Othón P. Blanco: quedaría entre 9 y 12
- Cozumel: podría quedar en 7 o 9
- Felipe Carrillo Puerto: 7 o 9
- Tulum: bajaría de 9 a 5
- Bacalar: 5
- José María Morelos: 5
- Lázaro Cárdenas: 5
- Puerto Morelos: 5
- Isla Mujeres: 5
Se trata de interpretación, que si bien puede estar no claramente en la ley, abre la puerta para acabar con privilegios de representación en los cabildos.
Transitorio
Aunque todavía quedarían por afinar detalles muy importantes. Para empezar: cómo se repartirían esas regidurías entre mayoría y representación proporcional.
Y además aparece la parte menos visible, pero más decisiva del propio texto:
“…los Ayuntamientos que, a la entrada en vigor del presente Decreto, cuenten con un número de regidurías menor a quince conservarán su integración actual. Dicho número sólo podrá modificarse en atención a criterios de población, mediante acuerdo aprobado por mayoría calificada de las legislaturas de las entidades federativas…”
Es decir: el Plan B abre la posibilidad de corregir, pero la última palabra la seguirán teniendo las legislaturas locales.
Ahí está el verdadero el embudo pues, al menos, en Quintana Roo, la legislatura local no tiene entre sus atributos ser progresistas ni democrática.
No es un asunto fácil. Se requiere vocación democrática.
Y justamente ahí aparece el problema.
