PLAN B: Afirma abogado que debate sobre reforma seguirá abierto tras rechazo en San Lázaro

Leslie Gordillo/CARIBE PENINSULAR

CANCÚN.- Tras el rechazo en la Cámara de Diputados a la reciente propuesta de reforma electoral, Manuel Canto integrante de la Barra de Abogados de Quintana Roo, aseguró que el debate sobre cambios al sistema electoral mexicano continuará, ahora con el “plan B” que retomará algunos de los puntos planteados en la iniciativa original.

Aunque la reforma no avanzó en el Congreso, consideró que el tema seguirá en discusión en los próximos meses, mientras se analizan nuevas propuestas legislativas que podrían retomarse en un eventual “plan B”.

Los efectos políticos de este proceso, consideró, podrían reflejarse en los próximos comicios federales previstos para 2027, cuando el electorado evalúe las decisiones tomadas por las distintas fuerzas políticas en torno a la reforma electoral.

La propuesta, que ingresó al Congreso el pasado 4 de marzo, contemplaba diversas modificaciones al sistema electoral, entre ellas la reducción del gasto en política, ajustes en la representación proporcional y nuevos mecanismos de fiscalización durante campañas y precampañas.

De acuerdo con el abogado, uno de los puntos centrales era disminuir el financiamiento destinado a partidos políticos y a la organización electoral, lo que implicaría una reducción aproximada del 25% en el gasto público destinado a estos rubros.

Otro de los temas incluidos en la propuesta era la posible revisión del modelo de representación proporcional en el Congreso de la Unión, donde actualmente existen 200 diputaciones y 32 senadurías asignadas por este principio. Algunos sectores consideraban que el sistema podría modificarse o reducirse para fortalecer la representación directa mediante el voto ciudadano.

La iniciativa también planteaba cambios en la fiscalización del financiamiento político. Entre las propuestas destacaba la utilización de herramientas tecnológicas, incluida la inteligencia artificial, para monitorear en tiempo real los movimientos financieros de partidos y candidatos durante los procesos electorales, con el objetivo de prevenir irregularidades. 

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