La crisis en torno al asilo de la ex primera ministra peruana Betssy Chávez en Lima alcanzó un punto de inflexión. El Poder Judicial ordenó prisión preventiva internacional y el asedio policial reforzado han llevado a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) a exigir respeto a la soberanía, mientras que la tensión diplomática México Perú se extiende, provocando incluso una advertencia del presidente de Colombia, Gustavo Petro.
Captura internacional y la presión en Lima
Las autoridades peruanas ampliaron la seguridad en los alrededores de la embajada de México en Lima el 21 de noviembre de 2025. Este despliegue policial fue registrado por medios locales, que documentaron el aumento de agentes en la sede diplomática mientras continúa la tensión entre ambos gobiernos.
El refuerzo de la vigilancia se da luego de que un juez ordenara prisión preventiva en contra de Betssy Chávez, quien se encuentra asilada en la residencia de la embajada de México en Lima desde el 2 de noviembre, sumando 18 días en la sede diplomática.
La orden judicial contra la ex primera ministra
El Poder Judicial de Perú dictó cinco meses de prisión preventiva y una orden de captura a nivel nacional e internacional contra Betssy Chávez Chino, la ex primera ministra de Pedro Castillo. Chávez está acusada de ser una de las artífices del autogolpe fallido que intentó dar el expresidente izquierdista en diciembre de 2022.
La Fiscalía Peruana Anticorrupción informó que consiguió la prisión preventiva para Chávez “por el delito de rebelión y alternativamente conspiración, en agravio del Estado”. El juez supremo Juan Carlos Checkley argumentó en su resolución que el peligro de fuga de Chávez en el proceso es “palpable” debido a su no asistencia al control del registro biométrico y a las audiencias judiciales. El juez también citó el riesgo de “frustración” del juicio oral.
Chávez, de 36 años, quien además fue ministra de las carteras de Trabajo y Cultura, es juzgada desde marzo y enfrenta una pena de 25 años de prisión solicitada por la Fiscalía. La ex primera ministra fue detenida en junio de 2023 y permaneció en prisión preventiva hasta septiembre de ese año, cuando fue puesta en libertad después de que el Tribunal Constitucional reconociera que fue víctima de una detención arbitraria.
Garantías y el despliegue policial
Tras revelarse la orden de captura y el reforzamiento del asedio, el jefe de la policía, Óscar Arriola, indicó que su institución respeta el marco legal del asilo. Aseguró que su policía descartaba cualquier incursión en la residencia mexicana:
- “Respetamos el derecho de asilo o refugio”.
- “Cumplimos las normas establecidas en los estándares internacionales que tienen que ver con esa institución jurídica”.
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) confirmó más tarde que el gobierno de Perú se comprometió a respetar las inmunidades diplomáticas de México en su territorio. Este compromiso incluye la inviolabilidad de sus inmuebles en Lima, dentro de los que está la residencia oficial, así como sus bienes y archivos. De acuerdo con una nota informativa, la ratificación fue hecha por el Ministerio de Relaciones Exteriores peruano y se sustenta en las Convenciones de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y Consulares de 1961 y 1963.
La crisis diplomática y el precedente ecuatoriano
El asilo diplomático otorgado por el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum ha desencadenado la ruptura oficial de las relaciones entre dos países, que en 200 años prácticamente no habían tenido cortocircuitos. Lima rompió relaciones diplomáticas con el gobierno de Sheinbaum por considerar que el asilo otorgado a la ex premier constituye una injerencia en sus asuntos internos.
El origen del conflicto se remonta al intento de golpe de Estado de Pedro Castillo en diciembre de 2022. Castillo se dirigió al país para quebrar el orden constitucional e instaurar un gobierno de excepción, pero las Fuerzas Armadas le dieron la espalda y el Congreso lo vacó por incapacidad moral.
México, en la figura de Andrés Manuel López Obrador, acudió en su ayuda, concedió el asilo a la esposa y los hijos de Castillo, y se negó a reconocer la investidura de su sucesora, Dina Boluarte. Desde 2023, el vínculo entre México y Perú ha quedado reducido a encargados de negocios. Además:
- Desde 2024, los turistas peruanos necesitan tramitar una visa para ingresar a territorio mexicano.
- El Congreso peruano ha declarado persona non grata tanto a López Obrador como a Sheinbaum.
- El Ejecutivo ha expulsado a Karla Ornelas, la encargada de la embajada de México en Lima, dejando la oficina diplomática descabezada.
México insiste en el salvoconducto
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) añadió que México reiteró su solicitud de un salvoconducto para permitir el traslado de Betssy Chávez a México en calidad de asilada política. La petición se ampara en la Convención sobre Asilo Diplomático de 1954, también conocida como Convención de Caracas, que establece la obligación de los estados de permitir el traslado seguro de una persona reconocida como asilada.
El Gobierno de transición de Perú, que preside José Jerí, se mantiene firme en su postura de dilatar la entrega del documento. Sostiene que Chávez no es una perseguida política y que le corresponde afrontar sus cuentas con la justicia. El canciller Hugo de Zela ha dicho que “existe la necesidad de hacer los estudios jurídicos correspondientes para proceder a una respuesta” y que el gobierno someterá el asunto a consulta con los países miembro de la Organización de Estados Americanos (OEA).
En las últimas horas, un sector de la clase política peruana ha instado al gobierno de José Jerí a ingresar a la embajada mexicana a la fuerza para arrestar a Betssy Chávez. Lady Camones, presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, declaró que el gobierno debe tomar decisiones “incluso por la fuerza”, refiriéndose a la irrupción del gobierno ecuatoriano en la embajada mexicana en Quito para detener al político Jorge Glas en abril de 2024. El primer ministro, Ernesto Álvarez, ha descartado dicha posibilidad al señalar que “el Perú es respetuoso del derecho internacional y no es capaz de ejercer violencia contra ningún país vecino ni país hermano”. Sin embargo, indicó que el Ejecutivo denunciará oportunamente a México ante las instancias internacionales por su injerencia en los asuntos internos del Perú.
Advertencia de Colombia y la ruptura total
La escalada de tensión provocó una reacción regional. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, amenazó el viernes 21 de noviembre de 2025 con retirar su misión diplomática de Perú si ese país agrede la residencia de la embajada de México. Petro expresó en la red social X: “Si Perú agrede la embajada de México, Colombia retira su embajada”.
Mientras la tensión se mantiene, el gobierno de José Jerí decidió romper sus relaciones diplomáticas bilaterales, al que acusó de presentar una versión «tendenciosa e ideologizada» del actuar de Pedro Castillo. El gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo respondió que la ruptura de relaciones es “unilateral, excesiva y desproporcionada”. En tanto, la Comisión Permanente del Congreso ha aprobado inhabilitar por diez años para ejercer cargos públicos a la ex primera ministra, en espera de ser refrendada en el Pleno.
El destino de Betssy Chávez, quien aguarda el salvoconducto para viajar a México en calidad de asilada política, queda en manos de la interpretación peruana del derecho internacional, bajo la sombra de un precedente de incursión diplomática y la presión regional ejercida por Colombia. ¿Hasta qué punto la soberanía nacional de Perú puede ignorar los compromisos de asilo sin provocar una crisis regional de consecuencias impredecibles?
