El colectivo Pena Sin Culpa ha instado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a retomar la discusión sobre la prisión preventiva oficiosa y el arraigo. La petición incluye una audiencia pública y el impedimento de dos ministras, clave para la resolución de un tema con profundas implicaciones para la justicia en México.
La urgencia de Pena sin culpa ante la Suprema Corte
El 9 de octubre de 2025, el colectivo Pena Sin Culpa urgió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a retomar la discusión que el anterior Pleno dejó pendiente sobre la prisión preventiva oficiosa y el arraigo. La solicitud, dirigida al ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz, busca que el tribunal delibere sobre estas figuras penales bajo las nuevas reglas que establecen el derecho a una audiencia pública antes de la discusión.
Esta acción se enmarca en el cumplimiento de una sentencia internacional que obliga al Estado mexicano a inaplicar ambas figuras. La solicitud fue presentada en la Corte por el abogado Simón Hernández León y su representado, Daniel García Rodríguez, actor central del caso García Rodríguez y otro Vs. México, que derivó en una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en enero del 2023.
Diecisiete años de prisión: el caso daniel garcía rodríguez
Daniel García Rodríguez, al frente de la organización, enfatizó las repercusiones que la prisión preventiva oficiosa ha generado en México desde 2008. “Tenemos ya 17 años en que, convertidos los agentes del ministerio público en jueces, se ha desconfigurado el sistema de procuración de justicia en nuestro país y hoy en día se ha convertido en una herramienta de extorsión”, declaró. García Rodríguez señaló que, ante la falta de mediación de un órgano jurisdiccional, los agentes del ministerio público han encontrado “un gran negocio” en la extorsión a abogados e indiciados.
Daniel pasó 17 años y medio detenido bajo prisión preventiva oficiosa, acusado del homicidio de la regidora de Atizapán María de los Ángeles Tamés, ocurrido en 2001. Fue sentenciado a 35 años de prisión, fallo que también impugnó y que está pendiente de ser resuelto en la Corte. Este asunto tiene la ponencia de la ministra Yasmín Esquivel Mossa bajo el amparo directo en revisión 5/2025.
Solicitan impedimento de ministras por falta de imparcialidad
A nombre de la organización, Daniel García y su abogado también presentaron oficios en los que solicitan el impedimento de las ministras Yasmín Esquivel Mossa y María Estela Ríos González. La petición se basa en que las ministras “no reúnen las condiciones de imparcialidad y objetividad” para participar en la deliberación de este crucial asunto.
Las polémicas declaraciones de yasmín esquivel mossa
En el caso de la ministra Esquivel, se pide que se excuse de fungir como ministra ponente del asunto 5/2025 y de emitir su voto en el fondo del mismo. Esta solicitud se fundamenta en declaraciones que realizó durante la Feria Internacional del Libro de 2022. En aquella ocasión, el colectivo sostiene que la ministra se expresó de manera subjetiva y prejuzgó la culpabilidad de Daniel García y Reyes Alpízar Ortiz.
La ministra afirmó entonces: “estos angelitos estuvieron 16 años en prisión” y consideró que eran responsables de “este feminicidio que los mantuvo tanto tiempo, afortunadamente, en prisión”. Posteriormente, Esquivel añadió: “Es muy fácil perder la memoria y decir ‘pobrecitos, que se les pague porque los tuvimos 16 años en prisión’, pero fueron 16 años porque ellos impedían que se emitiera la sentencia para que pudieran compurgar su pena, y hoy están en libertad exigiendo un pago al Estado mexicano por haberlos tenido presos tanto tiempo. Pero no se dice que interpusieron más de 100 recursos y amparos impugnando permanentemente ante los juzgados federales y el tribunal de apelación del estado de México”.
El conflicto de interés de maría estela ríos gonzález
Respecto a la ministra Estela Ríos, los solicitantes recuerdan que le fue turnado el Expediente de Cumplimiento de Sentencia Internacional 3/2023. Sin embargo, en 2022, mientras fungía como Consejera Jurídica de la Presidencia, solicitó, junto al Secretario de Gobernación, que la Suprema Corte mantuviera la prisión preventiva oficiosa. Esta acción, según el colectivo, constituye un prejuzgamiento que la incapacita para realizar el proyecto y participar en la discusión.
Audiencias públicas: un nuevo camino para la deliberación
La tercera petición clave hecha a los integrantes del Pleno de la SCJN fue abrir audiencias públicas para discutir dichos asuntos. Este es un nuevo mecanismo creado por la Suprema Corte en septiembre, mediante el Acuerdo General número 5/2025.
Para Pena Sin Culpa, la Suprema Corte iniciaría una etapa de apertura social al convocar a diversas voces. Entre ellas, familiares de personas privadas de la libertad, personas procesadas bajo la medida de prisión preventiva oficiosa, instituciones como universidades, colegios y barras de abogados, clínicas universitarias y organismos internacionales. El objetivo es recibir información de personas expertas y permitir una discusión sobre la base de la garantía de los derechos humanos, ajena a consideraciones políticas.
La presión sobre la SCJN es innegable, con un precedente internacional y voces que urgen a una justicia transparente. ¿Podrá el máximo tribunal de México reconfigurar un sistema que, según sus críticos, ha sido desvirtuado y convertido en herramienta de extorsión, o persistirán las sombras sobre la imparcialidad judicial?
