Redacción/CARIBE PENINSULAR
CIUDAD DE MÉXICO.- Las peleas clandestinas de perros, una práctica que durante años operó en la impunidad en distintas ciudades del país —incluidas algunas de Quintana Roo—, ahora serán castigadas con penas de prisión y multas severas. Así lo establece la reciente reforma al Código Penal Federal, aprobada en la Cámara de Diputados, afirmó la diputada federal por Quintana Roo, Marybel Villegas Canché.
“Nunca más permitiremos las peleas de perros, hoy ya está establecido en la ley”. Con la modificación al artículo 419 Bis, quienes organicen o participen en estos actos podrán enfrentar de 1 a 10 años de prisión y multas que van de 458 a 4 mil 585 días.
Te puede interesar: DELITOS AMBIENTALES: Reforma eleva penas y cierra paso a la impunidad, afirma Marybel Villegas
Estas peleas no solo implican apuestas de dinero fuera de la ley, sino que representan un ejercicio de crueldad extrema contra los animales, utilizados como mercancía desechable por redes que lucran con el sufrimiento.
En Quintana Roo, organizaciones animalistas han documentado casos en zonas urbanas y rurales, donde la falta de consecuencias penales permitía la repetición del delito.
La reforma también endurece el castigo contra el tráfico de especies. El artículo 420 incrementa las sanciones por la captura y comercialización de la totoaba: de 9 mil a 12 mil días multa y de 5 a 15 años de prisión, con el objetivo de proteger a esta especie y a la vaquita marina.
El dictamen de la Comisión de Justicia amplía el catálogo de delitos ambientales, fortalece el combate a la tala ilegal y establece responsabilidad penal para personas jurídicas que dañen ecosistemas.
“Esta reforma marca un punto de quiebre, porque por primera vez se reconoce que las peleas de perros son un delito grave, no solo una falta administrativa. Ahora el reto es que las fiscalías actúen y que la ciudadanía denuncie”, sostuvo la legisladora federal por Quintana Roo.
El decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, con un plazo de 90 días para armonizar la reglamentación. En entidades como Quintana Roo, donde el turismo convive con redes clandestinas de maltrato, el impacto de esta reforma podría ser decisivo.







