Agencias
CHETUMAL- Personal del Poder Judicial de la Federación (PJF) en Quintana Roo se sumaron al paro indefinido de labores, convocado a nivel nacional en protesta por la iniciativa de reforma judicial, promovida por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
En estas acciones participan aproximadamente 550 trabajadores de nueve juzgados federales, un centro de justicia, el Tribunal Colegiado de Circuito y Vigésimo Séptimo Colegiado, tanto Chetumal como en Cancún.
A partir de hoy, en los juzgados se atenderán solamente amparos, aunque será en las próximas horas cuando se determinen las condiciones precisas del paro.
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Al respecto, la oficial judicial del Juzgado VI de Distrito, Nora Abreu Zapata, indicó que esta protesta está encaminado a buscar apertura y concertaciones con los encargados de atender este tema en el Congreso de la Unión.
“En los diálogos nacionales que hubo no se consideró las posturas de los trabajadores… En Quintana Roo tampoco hubo apertura en los organizados por el Estado y Morena… El Poder Judicial del Estado también está cerrado a dialogar”, enfatizó.
Denunció que el dictamen abordado en el Congreso de la Unión tiene más objetivos políticos, porque también genera incertidumbre en las prestaciones de los trabajadores.
Lo anterior, toda vez que, con la disolución del Consejo de la Judicatura Federal, equivalente a la desaparición del “patrón”, se pierden derechos y prestaciones.
Aunado a ello, señaló, la iniciativa no clarifica las Condiciones Generales de Trabajo (CGT).
La reforma, acusó, limita la interpretación jurídica, lo cual se contrapone al Principio Propersona, y Control de Convencionalidad; es decir se contrapone a los Derechos Humanos e impartición de justicia.
Abreu Zapata destacó la protesta nacional es realizada por personal, y se adelantó, pues estaba proyectada para el miércoles; por las condiciones políticas que ya rodean el tema.
“En un paro de maestros, los estudiantes se quedan en sus casas… Sin embargo, en nuestro caso ¿Qué pasaría si no atendemos un amparo que pone en riesgo la vida o integridad de una persona? Es lo que deben ver las autoridades”, advirtió.
Reclamó que en la entidad tampoco haya apertura para concertar, ni siquiera permisión en las universidades; porque la negativa del Poder Judicial del Estado (PJE) impide unificar criterios y robustecer la defensa.
SIM
