Alejandro Peza/CARIBE PENINSULAR
CHETUMAL.- El Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional en la XVIII Legislatura del Congreso del Estado, integrado por la diputada Reyna Tamayo y el diputado Ángel Álvarez, presentó este martes una iniciativa de decreto ante la Oficialía de Partes del Poder Legislativo para establecer la prohibición de privatizar el agua en Quintana Roo.
La propuesta busca adicionar un párrafo al artículo 31 de la Constitución del Estado de Quintana Roo, para garantizar el acceso al agua potable como un derecho fundamental, con enfoque de derechos humanos y sustentabilidad. La iniciativa establece que el agua debe ser suficiente, salubre, aceptable y asequible para todos, de conformidad con los estándares internacionales establecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
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El objetivo de esta propuesta es asegurar que todas las personas, sin importar su condición social o económica, tengan garantizado el acceso al agua potable de manera suficiente, limpia y a un costo accesible. Esto incluye el agua necesaria para uso personal y doméstico.
Además, se propone prohibir expresamente la privatización del agua y el alcantarillado en cualquier modalidad, asegurando que la gestión de este recurso vital permanezca en manos públicas y sin fines de lucro.
La iniciativa señala que los servicios de potabilización, distribución y saneamiento deben ser garantizados por organismos públicos que aseguren la equidad en el acceso, especialmente en beneficio de las poblaciones más vulnerables.
“El agua no debe ser tratada como una mercancía, sino como un bien social y un derecho humano esencial para la vida y la salud”, señalaron los legisladores panistas, al tiempo que recordaron que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reconocido el acceso al agua como un derecho constitucionalmente protegido.
Esta propuesta está alineada con lo que ya establece la Constitución Federal y tratados internacionales, que reconocen el agua como un derecho fundamental para la salud y la dignidad humana.
