ÓRGANO JUDICIAL: Dimite consejera a cuatro meses de asumir funciones

Redacción/CARIBE PENINSULAR

CIUDAD DE MÉXICO.- La renuncia de la magistrada Lorena Josefina Pérez Romo al Órgano de Administración Judicial (OAJ) se concretó a poco más de cuatro meses de haber sido designada para un cargo con duración de seis años improrrogables, convirtiéndose en la primera dimisión de alto perfil tras la reciente elección judicial.

Fuentes del Poder Judicial confirmaron que la salida de Pérez Romo fue presentada luego de haber sido electa por el Pleno de la nueva Suprema Corte como integrante del OAJ, el órgano encargado de administrar el presupuesto del Poder Judicial de la Federación y definir la adscripción de jueces y magistrados en el país.

Durante la pasada elección judicial, Pérez Romo participó como candidata a ministra de la Suprema Corte; sin embargo, no alcanzó la votación necesaria para ocupar ese cargo.

La integración del OAJ se realizó desde la madrugada del 2 de septiembre de 2025, cuando ministras y ministros de la Corte designaron en sesión privada a sus integrantes. En ese proceso, Pérez Romo fue nombrada junto con Catalina Ramírez Hernández y José Alberto Gallegos Ramírez, este último ex titular de la Unidad de Administración y Finanzas del Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado.

Días después de su nombramiento, Lorena Josefina Pérez Romo fue designada presidenta de la Comisión de Carrera Judicial y Especialización del OAJ, instancia desde la cual participó en la organización del curso exprés dirigido a jueces y magistrados federales sobre los expedientes que les correspondería resolver.

Entre las primeras decisiones en las que intervino como magistrada del nuevo órgano se encuentra la determinación de no otorgar el seguro de gastos médicos mayores ni el seguro de separación individualizado al personal de nuevo ingreso en mandos medios y superiores del Poder Judicial.

Aunque la medida fue planteada inicialmente para personal recién incorporado, trabajadores del Poder Judicial advirtieron que la eliminación de estas prestaciones afectaba derechos adquiridos y la movilidad interna, al modificar condiciones laborales previamente vigentes

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