Ciudad de México. Ante la inclusión de gravámenes a bebidas azucaradas y tabaco en el Paquete Económico 2026, organizaciones de la sociedad civil reconocen un avance significativo, pero alertan sobre la insuficiencia de las propuestas. Urgen al Congreso de la Unión a incrementar las tasas y a considerar impuestos a las bebidas alcohólicas para proteger la salud pública y robustecer las finanzas nacionales.
La insuficiencia de las propuestas actuales
Diversas organizaciones de la sociedad civil han celebrado que el gobierno federal haya considerado impuestos a las bebidas azucaradas y al tabaco en el Paquete Económico 2026. Esta medida, destinada a proteger la salud y fortalecer las finanzas públicas, es vista como un paso en la dirección correcta. No obstante, las actuales propuestas se consideran limitadas y requieren ser fortalecidas por el Congreso de la Unión.
En el caso de los refrescos, las organizaciones plantearon que el impuesto debe elevarse a 7 pesos por litro, mientras que, para el tabaco, se debe ampliar a 3 pesos por cigarrillo, basándose en recomendaciones internacionales. Además, lamentaron que el paquete fiscal no incluya tasas a las bebidas alcohólicas.
En una conferencia de prensa reciente, integrantes de El Poder del Consumidor, Salud Justa, Red de Acción sobre Alcohol y Fundar, reconocieron a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo por la decisión de considerar estos como impuestos saludables. Sin embargo, hicieron un llamado al Congreso de la Unión a fortalecer la propuesta, considerar las recomendaciones internacionales para ampliar los impuestos e incorporar el gravamen al alcohol.
Yahaira Ochoa, de Salud Justa, enfatizó la necesidad de acción: «No podemos seguir permitiendo que estas industrias se sigan haciendo ricas a costa de la salud y muerte de la población».
Impacto fiscal y de salud: Bebidas azucaradas
Iván Benumea, coordinador del programa de justicia fiscal de Fundar, detalló que la Secretaría de Hacienda contempla un impuesto de 3.18 pesos por litro de refresco, lo cual consideró «insuficiente». Según Benumea, el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) por sí solo debería ascender a más del 20 por ciento del precio final de una bebida azucarada, elevando la cuota por litro a 7 pesos.
Con esta medida, se estima una reducción del 27 por ciento en el consumo de estos productos y una recaudación de 100 mil millones de pesos, lo que representa 25 mil millones más de lo que hoy contempla la propuesta de Hacienda.
Alejandro Calvillo, director de El Poder del Consumidor, aseveró que México ha experimentado un incremento en enfermedades como sobrepeso, obesidad y diabetes en años recientes, ligadas directamente al consumo de bebidas azucaradas. Un estudio reciente revela que uno de cada tres nuevos casos de diabetes y uno de cada siete de enfermedades cardiovasculares se debe al consumo de estas bebidas. Anualmente, más de 40 mil personas mueren por padecimientos vinculados a la ingestión de refrescos.
Calvillo subrayó que el impuesto propuesto de 7 pesos por litro representaría el 20 por ciento de su precio, cifra mínima recomendada para lograr efectos claros en la reducción del consumo. Señaló que a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, la Unicef y la FAO para gravar con impuestos altos ese tipo de productos, se han sumado organismos financieros internacionales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y la OCDE. «La realizan porque no es sostenible para un gobierno estar enfrentando enfermedades que generan el consumo de estos productos; no hay sistema de salud que pueda enfrentar las consecuencias, los costos directos e indirectos que generan tabaco, alcohol y bebidas azucaradas», apuntó.
El frente del tabaco y el vacío del alcohol
Erick Antonio Ochoa, director de Salud Justa Mx, reconoció el compromiso de la presidenta Sheinbaum con la salud de los mexicanos al dar el paso para combatir el consumo de tabaco y sus derivados. Sin embargo, remarcó que el impuesto planteado en el paquete es insuficiente y se sumó a la propuesta de 3 pesos por cigarrillo, lo que ayudaría a reducir 63 mil muertes anuales provocadas por tabaquismo en el país.
Por su parte, Luis Alonso Robledo, representante de la Red de Acción sobre Alcohol, lamentó profundamente la ausencia de un impuesto para las bebidas alcohólicas en la propuesta. Remarcó que en México el consumo de alcohol está relacionado con 41 mil muertes anuales y se vincula a seis de las diez principales causas de fallecimiento. Es responsable de siete tipos de cáncer, cirrosis hepática, pancreatitis y más de 200 enfermedades y condiciones adversas de salud. También se asocia con el 20 por ciento de los siniestros viales fatales.
Además, el alcohol tiene enormes costos sociales: en 2023, el 45 por ciento de los homicidios dolosos fueron cometidos por personas bajo sus influjos; el 65 por ciento de quienes murieron en riñas callejeras estaban bajo influjos del alcohol; las mujeres tienen 3.5 veces mayor riesgo de sufrir violencia severa cuando su pareja consume alcohol. El costo económico de esta problemática ascendió a 552 mil millones de pesos en 2023, equivalente al 2.1 por ciento del PIB.
Perspectivas y desafíos legislativos
La presión de las organizaciones de la sociedad civil subraya la urgencia de una política fiscal más audaz en materia de salud. El Congreso de la Unión tiene ante sí la oportunidad de trascender una propuesta inicial y adoptar medidas que, respaldadas por la experiencia internacional y el impacto científico, transformen de manera efectiva la salud pública y la economía nacional. ¿Están los legisladores preparados para asumir el costo político de priorizar la vida sobre los intereses industriales?
