Alejandro Peza/CARIBE PENINSULAR
CHETUMAL.- La magistrada presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa y Anticorrupción de Quintana Roo (TJAAQROO), Minerva Maribel Moreno Cruz, rechazó dar trámite al recurso de reclamación TJAAQROO/REC/104/2025, promovido por una ciudadana de Chetumal que solicitaba una indemnización al Ayuntamiento de Othón P. Blanco por presunta actividad administrativa irregular, al considerar que su caso es improcedente.
La promovente argumentó que el gobierno municipal incumplió con su obligación de mantener en condiciones adecuadas los drenajes y alcantarillas de la ciudad, lo que según expuso provocó la inundación de su domicilio durante las intensas lluvias registradas en junio de 2024. En su recurso, afirmó haber sufrido daños económicos, psicológicos y afectaciones a su patrimonio, derivados de la acumulación de agua que anegó su vivienda.
“A raíz de la inundación que devastó mi domicilio, y por el temor fundado de revivir una experiencia tan traumatizante, así como de poner nuevamente en riesgo el poco patrimonio que logré conservar y los enseres domésticos que tuve que adquirir para recuperar una parcial normalidad, con fecha 15 de agosto de 2024, me vi forzada a rescindir el contrato de arrendamiento y abandonar dicho inmueble”, expuso en el documento oficial presentado ante el tribunal.
No obstante, al analizar la solicitud, la magistrada presidenta Moreno Cruz determinó que el recurso no podía ser admitido, al considerar que los ciudadanos tienen la responsabilidad de elegir un lugar seguro para vivir y evitar riesgos derivados de fenómenos meteorológicos.
Asimismo, sostuvo que las inundaciones no pueden ser atribuidas al Estado, dado que afirmó se trata de un “fenómeno natural”, por lo que no existe responsabilidad directa de las autoridades municipales en los daños ocasionados por las lluvias.
Sin embargo la magistrada Claudia Carrillo Gasca, argumentó que el Tribunal está obligado a garantizar el acceso efectivo a la justicia administrativa, especialmente en casos donde se señalan posibles fallas u omisiones en la prestación de servicios públicos, manejo de infraestructura o acciones preventivas a cargo de las autoridades.
Ante ello, Carrillo Gasca solicitó formalmente que el expediente sea revisado nuevamente y que se emita una resolución adecuada, completa y debidamente fundada, a fin de determinar si efectivamente proceden los señalamientos sobre responsabilidad patrimonial.
Dicho pronunciamiento obliga a que el caso regrese a revisión, permitiendo que se analicen pruebas, testimonios y documentos que la ciudadana aportó respecto a los daños alegados.
Un dato importante es que este recurso podría abrir la puerta a que más ciudadanos busquen responsabilizar a las autoridades municipales por afectaciones derivadas de deficiencias en servicios o infraestructura, tema particularmente sensible en Othón P. Blanco tras diversos episodios recientes relacionados con fallas operativas, inundaciones y falta de mantenimiento urbano.
Especialistas en derecho administrativo señalaron que, si se confirma la responsabilidad del Ayuntamiento, esto reforzaría la obligación de los gobiernos locales de responder ante la ciudadanía cuando sus acciones u omisiones vulneren derechos patrimoniales o personales.
Por ahora, el Tribunal deberá retomar el estudio del expediente TJAAQROO/REC/104/2025 y emitir una nueva resolución que podría ratificar o modificar el sentido de la decisión original.
