Por Leslie Gordillo
CANCÚN.- El Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito confirmó una sentencia que obliga a autoridades estatales y municipales a intervenir en el fraccionamiento Urbi Villas del Rey, en Cancún, donde familias viven sin servicios básicos como drenaje y agua potable, en condiciones que vulneran derechos fundamentales.
La resolución, derivada del amparo en revisión 280/2024, no solo señala al desarrollador, sino que apunta directamente a la omisión de las autoridades, por lo que el Tribunal dejó claro que no pueden seguir tolerando, ni ignorando la entrega de viviendas sin infraestructura mínima, una práctica que, lejos de ser aislada, se ha repetido en distintos puntos del estado bajo un esquema de permisividad institucional.
«El fallo establece medidas inmediatas: el municipio deberá reconocer formalmente las irregularidades; el gobierno estatal tendrá que iniciar acciones legales para obligar al desarrollador a concluir las obras, con un plazo de respuesta de apenas tres días. De no cumplirse, se ejecutará una fianza millonaria para que el propio Estado realice los trabajos en un periodo máximo de seis meses. Más allá del caso puntual, la sentencia marca un precedente incómodo: la omisión también es responsabilidad y el derecho a la vivienda digna no se cumple entregando casas sin condiciones reales de habitabilidad», expuso Mónica Huerta, representante legal de la asociación Defendiendo al Derecho de un Medio Ambiente Sano (DMAS).
El Tribunal confirmó que, aunque no todas las instituciones tienen facultades, las autoridades competentes en desarrollo urbano sí están obligadas a vigilar, actuar y corregir.
«La resolución reconoce que el derecho a la vivienda digna no se cumple con entregar una casa, sino con garantizar condiciones reales de habitabilidad: agua, drenaje, saneamiento y entorno seguro. Este fallo obliga a pasar del discurso a los hechos», puntualizó.
Esta sentencia, aseguró , representa un llamado urgente a corregir un modelo de desarrollo urbano que ha privilegiado la expansión inmobiliaria sobre los derechos humanos.
