Un juez federal en Nueva Hampshire anunció este jueves que pausará la orden ejecutiva del presidente Donald Trump que busca poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento. La decisión judicial incluye la certificación de una demanda colectiva y la emisión de una orden judicial preliminar para bloquear la medida a nivel nacional.
El desafío judicial a la orden de Trump
El juez federal en Nueva Hampshire Joseph LaPlante anunció su decisión tras una audiencia de una hora. Indicó que emitirá una orden por escrito, la cual incluirá una suspensión de siete días para permitir una apelación.
Esta demanda colectiva, aunque ligeramente más limitada que la solicitada inicialmente, incluirá a todos los niños afectados por la orden ejecutiva. La demanda fue presentada originalmente en nombre de una mujer embarazada, dos padres y sus bebés. Representados por la Unión Americana de Libertades Civiles y otros organismos, los demandantes buscan que su caso sea certificado como demanda colectiva y bloquear la implementación de la orden mientras continúa el litigio.
Abogados de los demandantes argumentaron que “Decenas de miles de bebés y sus padres podrían estar expuestos a los innumerables daños de la orden en cuestión de semanas y necesitan una orden judicial ahora”.
El debate constitucional y los argumentos en corte
El tema central del litigio es la interpretación de la 14ta Enmienda de la Constitución. Ésta establece: “Todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanos de Estados Unidos”.
El gobierno de Trump sostiene que la frase “sujetas a su jurisdicción” permite negar la ciudadanía a bebés nacidos de padres que viven en Estados Unidos sin autorización o temporalmente. Alegan que esto pondría fin a lo que han considerado “una parte intrínseca de la ley estadunidense durante más de un siglo”. Abogados del gobierno señalaron que las “impresiones erróneas previas de la cláusula de ciudadanía han creado un incentivo perverso para la migración ilegal que ha impactado negativamente la soberanía, la seguridad nacional y la estabilidad económica de este país”.
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Sin embargo, el juez LaPlante, quien ya había emitido una orden judicial limitada en un caso similar, afirmó que, si bien no consideraba frívolos los argumentos del gobierno, los encontraba “poco convincentes”. Declaró que su determinación de emitir una orden judicial “no fue una decisión difícil” y que la privación de la ciudadanía estadunidense claramente equivalía a un “daño irreparable”.
El panorama legal más amplio
La decisión en Nueva Hampshire se suma a otros desafíos legales. Varios jueces federales habían emitido previamente órdenes judiciales a nivel nacional impidiendo que la orden de Trump entrara en vigor. No obstante, la Corte Suprema federal limitó esas órdenes en un fallo del 27 de junio, otorgando a los tribunales inferiores 30 días para actuar. Ante este plazo, los opositores a la orden han regresado rápidamente a la corte.
En un caso ante la Corte Federal de Apelaciones del 9no Circuito, en el estado de Washington, los jueces han solicitado informes a las partes para explicar el efecto del fallo de la Corte Suprema. Washington y otros estados en esa demanda han pedido al tribunal de apelaciones que devuelva el caso al juez del tribunal inferior.
De forma similar, en Maryland, una jueza considera otra solicitud de orden judicial a nivel nacional presentada por CASA, una organización sin fines de lucro. El miércoles venció el plazo para presentar argumentos legales escritos en este caso.
El impacto humano de la orden
Entre los demandantes en Nueva Hampshire, referidos por seudónimos, se encuentra una mujer de Honduras con una solicitud de asilo pendiente, cuya fecha estimada de parto de su cuarto hijo es en octubre. Ella testificó que su familia llegó a Estados Unidos huyendo de ataques de pandillas. Expresó su temor a la separación familiar y a que su hijo “viva con miedo y escondiéndose” o sea “un objetivo para la aplicación de la ley de Migración“.
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Otro demandante es un hombre de Brasil que ha vivido con su esposa en Florida por cinco años. Su primer hijo nació en marzo, y están solicitando el estatus de residente permanente legal con base en lazos familiares. Él afirmó: “Mi bebé tiene derecho a la ciudadanía y a un futuro en Estados Unidos”.
La respuesta desde la sociedad civil
Ama Frimpong, directora jurídica de CASA, señaló que la organización ha instado a sus miembros y clientes a mantener la calma. “Nadie tiene que mudarse de estado en este instante”, afirmó. Añadió que existen “diferentes vías a través de las cuales todos estamos luchando, nuevamente, para asegurarnos de que esta orden ejecutiva nunca vea realmente la luz del día”.
