La política en Guanajuato se encuentra bajo un nuevo escrutinio. El Consejo Consultivo para el Seguimiento a la Aplicación de los Impuestos (CONSAINCEG), que ha manejado cerca de 38 mil millones de pesos, es señalado por su falta de transparencia. Las acusaciones de opacidad en el `consainceg guanajuato` y la reserva de sus actas levantan serias interrogantes sobre el destino de fondos públicos.
La denuncia de la diputada Hades Aguilar Castillo
La diputada local de Morena, Hades Aguilar Castillo, ha recriminado la opacidad en el manejo de casi 38 mil millones de pesos por parte del Consejo Consultivo para el Seguimiento a la Aplicación de los Impuestos sobre Nóminas y Cedulares (CONSAINCEG). Aguilar Castillo califica al organismo como un «consejo de compadres panistas», pese a que la gobernadora Libia García Muñoz Ledo promueve la transparencia.
«Las actas donde deberían rendir cuentas están reservadas, eso ya lo hemos vivido, ya lo hemos vivido con el Fidessseg«, manifestó la legisladora, aludiendo a un «pretexto ridículo de que informar pone en riesgo al estado». Consideró que la decisión del Comité de Transparencia del Poder Ejecutivo de reservar estas actas, que detallan las operaciones del CONSAINCEG integrado por empresarios y autoridades, «no es transparencia, eso es un descaro».
La morenista reprochó el gasto discrecional y «en lo oscurito» de los casi 38 mil millones de pesos, provenientes del `impuesto a la nómina` y del cedular, correspondientes a los ejercicios fiscales del 2019 al 2024. “Seguro de ahí salió para pagarle la vida millonaria de magnate que tiene (el exgobernador) Diego Sinhue, en el acuerdo que se debe haber hecho para que ahora viva en Texas”, valoró Aguilar Castillo.
El decreto del Consejo Consultivo obliga al organismo a informar y rendir cuentas a la sociedad sobre la aplicación de los recursos, pero, según la diputada, «aquí se hace exactamente todo lo contrario».
El organismo y la reserva de la información
El CONSAINCEG está conformado por los consejos empresariales de León, Salamanca, Irapuato, Celaya, Guanajuato y San Miguel de Allende, así como por la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) y autoridades estatales. Es presidido por el gobernador en turno.
A pesar de que el decreto que dio vida al Consejo estipula la obligación de «informar a la sociedad civil sobre la aplicación de los recursos provenientes de las contribuciones» y de «impulsar una cultura de la transparencia y rendición de cuentas», no se ha presentado un informe sobre el uso de los `impuestos a la nómina` y cedular de los ejercicios fiscales 2019 a 2024, que corresponden a la administración del gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo.
La presidenta del Comité de Transparencia del Poder Ejecutivo, Aura Fabiola Romero Fonseca, junto a los vocales Rocío Sandoval Galván y Jorge Antonio García, clasificaron como reservadas las actas de los acuerdos del Consejo. El argumento es que la difusión de la información “implica un riesgo grave y tangible para el desarrollo del Estado al verse comprometida la ejecución de estas”.
Vínculos con el FIDESSEG y señalamientos de corrupción
Aguilar Castillo recordó que una parte del `impuesto a la nómina` se destinó al Fideicomiso de Administración e Inversión para financiar obras, infraestructura, proyectos y acciones prioritarias en materia de Desarrollo Social y Seguridad Pública (Fidesseg). En este fideicomiso, la Auditoría Superior del Estado encontró «un cochinero».
La diputada expuso que del Fidesseg, «millones entregados a empresas ligadas a las de (Vicente) Fox, a las de (Jesús) Oviedo (exsecretario de Gobierno), a los amigos del PAN», y que se detectaron «más de 200 millones de irregularidades«, lo que la Auditoría, después de años, les dio la razón.
La legisladora de Morena enfatizó que el dinero de los `impuestos a la nómina` y cedular no pertenece a los empresarios del Consejo Consultivo ni a los políticos, sino que es «del pueblo», y reprochó que «los panistas no se cansan de robar».
La reforma del exgobernador y el destino de los recursos
El 22 de noviembre de 2028, el exgobernador Diego Sinhue Rodríguez reformó el decreto del CONSAINCEG para transformarlo «de ser un órgano de consulta a un ente que se encargue de incidir en el destino y aplicación de los recursos”.
Una parte de los impuestos, según el texto, se destinó a áreas como el “estímulo del empleo, atracción de inversiones, apoyos a la competitividad, fortalecimiento a la pequeña y mediana empresa, capacitación”, lo que implicaría un apoyo directo a los empresarios.
La exigencia de transparencia y rendición de cuentas
La diputada Aguilar Castillo planteó cuestionamientos fundamentales: “¿por qué solo esos consejos empresariales deciden el destino de los recursos si no representan a todo el Estado?” y “¿por qué los miembros de ese consejo no se pronuncian para que se transparente el uso de los recursos?”.
Concluyó que, a pesar de las solicitudes de auditorías y rendición de cuentas, «no pasa nada»; por lo que lo único que queda es «hacer la denuncia pública». En un estado donde la confianza pública es vital, la reserva de información sobre el manejo de miles de millones de pesos del `consainceg guanajuato` genera un manto de sospecha que el `círculo rojo` no puede ignorar. ¿Hasta cuándo prevalecerá la opacidad sobre el derecho ciudadano a conocer el destino de sus impuestos?
