La controvertida ofensiva antidrogas de Estados Unidos en aguas internacionales escaló dramáticamente esta semana. Seis personas más murieron en ataques cinéticos letales ordenados por la administración de Donald Trump en el Pacífico oriental. Esto eleva a 76 el saldo total de las presuntas ejecuciones extrajudiciales Trump desde septiembre, en operaciones que violan el derecho internacional, según señalamientos de la Organización de las Naciones Unidas.
El Pentágono confirma seis nuevas muertes en el Pacífico
El Secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, informó este lunes 10 de noviembre de 2025 que el Departamento de Guerra, por medio del Comando Sur, ejecutó los ataques. Hegseth anunció a través de su cuenta en la plataforma X que, «por orden del presidente (Donald) Trump, se llevaron a cabo dos ataques cinéticos letales» contra dos embarcaciones.
Los detalles de los ataques son:
- Se llevaron a cabo el domingo en el Pacífico oriental, en aguas internacionales.
- Ambas embarcaciones eran «operadas por Organizaciones Terroristas Designadas».
- Tres personas iban a bordo de cada lancha, a quienes Hegseth etiquetó como «narcoterroristas».
- «Los seis murieron. Ninguna fuerza estadunidense resultó herida», precisó Hegseth.
El jefe del Pentágono defendió que los servicios de inteligencia estadounidenses confirmaron que las embarcaciones hundidas estaban «vinculadas al contrabando de narcóticos» y «transportaban estupefacientes» mientras «transitaban por una ruta conocida de narcotráfico en el Pacífico oriental». Una de las embarcaciones incluso mostraba varios paquetes en un video compartido por Hegseth. El Secretario de Guerra agregó que, a nombre de la defensa y protección de la seguridad nacional de Estados Unidos, el Pentágono está «matando a estas gentes de los cárteles terroristas», antes de que le hagan daño a los estadounidenses.
Guerra unilateral: 76 muertos sin evidencias presentadas
Con estos dos nuevos ataques, el saldo de personas ejecutadas extrajudicialmente por parte del Pentágono se elevó a 76 desde el pasado 2 de septiembre, fecha en que comenzaron los operativos en el Caribe.
La administración de Trump justifica estos asesinatos ilegales bajo el argumento de que las personas a bordo transportaban drogas dirigidas al mercado estadounidense. Para legitimar la ofensiva, Trump envió una carta al Congreso en la que declaraba a Estados Unidos en «conflicto armado» contra los cárteles de la droga latinoamericanos.
Sin embargo, las autoridades estadounidenses, como ha ocurrido en todos los ataques de este tipo:
- No han revelado la identidad de los fallecidos.
- No han presentado pruebas de que traficaban drogas.
- No han detallado el nombre de los grupos que supuestamente operaban las embarcaciones, más allá de la etiqueta de «Organizaciones Designadas como Terroristas».
Hasta el momento, Estados Unidos ha destruido 19 lanchas y un sumergible. Dos personas han sobrevivido a los ataques y fueron repatriadas a sus países de origen, que son Ecuador y Colombia.
Condena internacional y rechazo de la ONU
La campaña militar en aguas internacionales que lleva a cabo Donald Trump, descrita como una guerra militarizada en flagrante violación del derecho penal internacional y otros compromisos multilaterales, ha generado una fuerte condena global.
Expertos afirman que estos operativos, que comenzaron en septiembre en el Caribe y luego se ampliaron al Pacífico, equivalen a ejecuciones extrajudiciales, incluso si se dirigen contra traficantes.
El Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU, Volker Turk, afirmó el lunes que hay «fuertes indicios» de que los ataques violan el derecho internacional en materia de derechos humanos. En sus declaraciones a la Afp, Turk señaló:
> «He pedido al gobierno estadunidense que investigue en primer lugar, porque deben preguntarse: ¿Se trata de violaciones del derecho internacional en materia de derechos humanos? ¿Son ejecuciones extrajudiciales? Hay fuertes indicios de que lo son, pero deben investigarlo».
Esta operación ha provocado el rechazo explícito de los gobiernos de Venezuela y Colombia, a los que Washington acusa de estar implicados en redes de narcotráfico. Además, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y la Unión Europea (UE) condenaron en conjunto el uso ilegal de la fuerza.
Despliegue militar masivo y oposición política interna
En lo que especialistas consideran como el mayor despliegue marítimo estadounidense desde la primera guerra del Golfo Pérsico (1990-1991), Estados Unidos mantiene una fuerza significativa en la región.
- Despliegue en el Caribe: Incluye seis buques de guerra, tres buques anfibios y un submarino.
- Portaaviones: Se espera la llegada del portaaviones nuclear USS Gerald R. Ford, el mayor y más moderno de la flota estadounidense, ya de camino al Caribe.
El gobierno de Venezuela, por su parte, considera que este despliegue tiene como fin último derrocar a Nicolás Maduro.
A nivel interno en Estados Unidos, una iniciativa demócrata en el Senado para restringir la campaña militar de Trump en aguas internacionales fracasó la semana pasada. La moción obtuvo 49 votos a favor y 51 en contra, pues fue frenada por la bancada republicana, que logró detener el intento de la oposición por reducir los ataques.
Mientras el Secretario de Guerra defiende la eliminación de estos «narcoterroristas» en nombre de la seguridad nacional, la ausencia de pruebas, la condena de la ONU y la etiqueta de ejecuciones extrajudiciales dejan una pregunta abierta sobre la legalidad y la moralidad de una guerra unilateral que se libra sin declaración formal y con un saldo de 76 vidas. ¿Hasta qué punto la seguridad nacional justifica la violación sistemática del derecho internacional?
