Redacción
CANCÚN.- El Observatorio Legislativo de Quintana Roo cuestionó las reformas aprobadas por la XVIII Legislatura en materia de ordenamiento territorial y urbano, al señalar que representan una “simulación” frente a la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que invalidó disposiciones similares en 2023. El organismo alertó que, de mantenerse esta normativa, se corre el riesgo de consolidar un control centralizado del desarrollo urbano, con efectos negativos en la autonomía municipal y en los derechos de los ciudadanos.
Durante el Octavo Periodo Extraordinario, el Congreso local aprobó cambios a la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, la Ley de Acciones Urbanísticas, la Ley del Equilibrio Ecológico y la Ley de Derechos. Aunque los dictámenes fueron avalados por mayoría el 19 de agosto, solo los diputados Hugo Alday y José Luis Pech votaron en contra.
Ese mismo día, el Diario Oficial de la Federación publicó la resolución de la Corte sobre la controversia constitucional 471/2023, promovida por el municipio de Solidaridad, que declaró inconstitucional la facultad del Ejecutivo estatal para emitir Constancias de Congruencia Urbanística Estatal, al invadir las atribuciones exclusivas de los municipios en materia de uso de suelo, licencias y permisos de construcción.
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Más papeleo
De acuerdo con el Observatorio, la Legislatura reintrodujo la figura bajo otra denominación. Ahora, las constancias fueron sustituidas por “dictámenes de viabilidad urbanística”, como el Dictamen de Viabilidad en Materia de Acciones Urbanísticas o el Dictamen en Modalidad de Viabilidad Urbanística y Mitigación de Impactos, que obligan a los promoventes a presentar estudios a su cargo para obtener autorizaciones.
Estos nuevos instrumentos fueron publicados el 20 de agosto en el Periódico Oficial del Estado, junto con la reforma a la Ley de Derechos, que establece cobros por la emisión de los dictámenes, lo que impactará directamente en los costos de los proyectos inmobiliarios.
El Observatorio Legislativo advirtió que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) podría interponer un nuevo recurso ante la SCJN, al persistir los mismos vicios de inconstitucionalidad.
A continuación el comunicado íntegro:
