Alejandro Peza/CARIBE PENINSULAR
CHETUMAL.- La representante de la asociación civil Defendiendo el Derecho al Medio Ambiente Sano (DMAS), Irma Morales, explicó que se está promoviendo un incidente de incumplimiento de suspensión contra la Secretaría de la Defensa Nacional que continúa construyendo una casa de descanso a orillas de la laguna de Bacalar.
Explicó que el Juzgado Primero de Distrito resolvió suspender las obras mientras se resuelve el juicio de amparo interpuesto por su agrupación. “Lo que obtuvimos fue una suspensión definitiva. El juez ordenó que se paralizaran las actividades de construcción. Es un gran logro porque impide que las autoridades sigan avanzando con la obra”, declaró Morales.
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Sin embargo, dijo que a pesar de esta resolución, las labores continúan en el sitio, lo cual constituye un desacato judicial. Morales señaló que lo siguiente en el proceso será promover un incidente de incumplimiento de suspensión. “Ya tuvimos una suspensión provisional y ahora una definitiva que dice: de plano, no hagas nada. Como siguen construyendo, presentaremos un incidente con pruebas para que el juez actúe conforme a la ley”, detalló.
La construcción de este edificio ha provocado un fuerte rechazo por parte de organizaciones civiles, que acusan a la dependencia federal de desacatar la suspensión definitiva otorgada por un juez federal.
Irma Morales, expresó que la obra inició sin contar con los permisos municipales, estatales ni una manifestación de impacto ambiental (MIA) presentada ante la Semarnat, como establece la normatividad. En su lugar, la Sedena tramitó una exención de MIA ante la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental, lo cual no es aplicable en este caso. “Están afectando la laguna y no han respetado la suspensión del juez”, denunció.
El Consejo Ciudadano y Científico Pro Restauración y Preservación de Bacalar confirmó que, aunque no promovieron los amparos, sí respaldan las acciones jurídicas emprendidas.
Por su parte, la investigadora ambiental María Luisa Villarreal Sonora criticó la manera en que la autoridad militar ejecuta obras públicas sin cumplir con la legislación ambiental. “Estas construcciones se sistematizaron como de primer nivel y se eximen de las reglas que sí rigen para los ciudadanos. Todo se escuda bajo el pretexto de seguridad nacional, como en el caso del Tren Maya. Ya no hay límites”, expresó.
En reiteradas ocasiones, la Sedena ha argumentado que estas construcciones son de interés estratégico para el país, lo cual les permite reservar información y evitar cumplir con ciertas normas. Sin embargo, en este caso, el tribunal colegiado rechazó ese argumento al considerarlo infundado.
