Redacción/CARIBE PENINSULAR
CANCÚN.- El desempeño de varios integrantes del nuevo Poder Judicial de Quintana Roo volvió a colocarse en el centro de la polémica, tras una serie de señalamientos que van desde presuntos actos de violencia doméstica y militancia político-partidista activa, hasta resoluciones judiciales calificadas como omisiones graves y contrarias al acceso a la justicia.
Para activistas y litigantes, esta nueva etapa del Poder Judicial —resultado del reciente proceso de “elección” de jueces y magistrados— dio lugar a juzgadores cuya actuación responde más a intereses partidistas que a los principios de independencia judicial. Los casos de Jonathan Yong, la jueza Erika Castillo, la jueza Zeidy Stefanny Díaz de la Cruz y el magistrado Omar Landeros Rosado reflejan, según estos sectores, una crisis profunda en la impartición de justicia en el estado, agravada con la llegada de los llamados jueces del Bienestar.
Jonathan Yong, acusado de violencia doméstica
Uno de los casos más recientes es el de Jonathan Yong, integrante del Poder Judicial, señalado públicamente por un presunto episodio de violencia doméstica ocurrido en el fraccionamiento Residencial Palmaris, en Cancún.
El caso generó indignación al involucrar a un funcionario que, por su encargo, debería garantizar el respeto a la ley y a los derechos humanos, particularmente en un contexto donde la violencia de género sigue siendo una problemática crítica en Quintana Roo y donde, según activistas, los jueces de cartilla parecen gozar de protección institucional.
Erika Castillo, jueza señalada por activismo partidista
A este escenario se suma la jueza Erika Castillo, cuestionada por realizar actividades políticas vinculadas a Morena, lo que ha despertado dudas sobre su imparcialidad.
Diversos sectores han advertido que la participación activa de juzgadores en estructuras partidistas vulnera el principio de independencia judicial y mina la confianza ciudadana en las resoluciones que emanan de los tribunales, alimentando la percepción de jueces del Bienestar más cercanos a la militancia que a la toga.
Zeidy Stefanny Díaz de la Cruz, decisiones que frenan el acceso a la justicia
Uno de los casos más graves es el de la jueza Zeidy Stefanny Díaz de la Cruz, cuya actuación ha sido duramente criticada por activistas y asesores jurídicos.
La activista y defensora Fabiola Cortés ha denunciado públicamente que, en al menos 10 audiencias, el imputado incurrió en incomparecencia reiterada sin que la jueza permitiera a la Fiscalía solicitar una orden de aprehensión en audiencia privada, limitándose a “dejar a salvo los derechos” de las partes.
El caso corresponde a la empresa Xoanxum, presuntamente constituida mediante la usurpación de identidad de un adulto mayor analfabeta, hoy de 92 años, con la que se habrían obtenido contratos por alrededor de 40 millones de pesos para obras en la Quinta Avenida de Playa del Carmen, durante la administración municipal de Laura Beristain.
Litigantes consideran que el ascenso de Díaz de la Cruz —quien pasó de auxiliar del Ministerio Público a jueza de control— es reflejo de un proceso de designación impulsado desde el Congreso del Estado y el Gobierno de Quintana Roo, más cercano a una lógica partidista que a una evaluación por méritos.
Omar Landeros Rosado, resoluciones que avalan criterios cuestionables
Las críticas también alcanzan al magistrado Omar Landeros Rosado, quien confirmó resoluciones judiciales ampliamente cuestionadas.
En un caso concreto, una jueza de Cancún excluyó diversos medios de prueba bajo el argumento de que no se especificó en el escrito de coadyuvancia con qué persona se incorporarían, un requisito que no está previsto en ningún artículo del Código Nacional de Procedimientos Penales.
Pese a ello, el magistrado Landeros Rosado avaló la determinación, lo que ha sido interpretado como una validación de criterios restrictivos y ajenos a la ley, propios de jueces de cartilla que privilegian la forma sobre el derecho de fondo.
Jueces de planilla
La designación de jueces y magistrados locales en Quintana Roo se realizó mediante un mecanismo de planillas, en el que cada uno de los poderes del estado —Ejecutivo, Legislativo y Judicial— integró listas cerradas de candidaturas sometidas a votación sin evaluación individual de perfiles, concursos públicos de oposición ni comparecencias técnicas.
Este método fue impugnado y posteriormente cuestionado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), al considerar que vulneraba principios de certeza, legalidad y equidad al impedir que el electorado identificara y valorara los méritos específicos de cada aspirante. Sin embargo, la resolución no pudo revertirse en los hechos, debido a que el proceso electoral ya se encontraba en una fase avanzada y no existía margen material ni tiempo legal para la reimpresión de boletas, lo que permitió que el esquema de planillas se mantuviera.
A ello se suma que una parte mayoritaria de los perfiles electos registra antecedentes de militancia, cargos o vínculos políticos en administraciones encabezadas por Morena y el PVEM, lo que ha reforzado los señalamientos sobre un proceso de integración judicial marcado por cuotas partidistas más que por criterios estrictamente técnicos o de carrera judicial.
Crisis de fondo en el Poder Judicial
Estos casos, lejos de ser hechos aislados, exhiben una problemática estructural en el Poder Judicial de Quintana Roo, donde activistas, abogados y ciudadanos advierten una combinación peligrosa de politización, falta de profesionalismo y decisiones que vulneran derechos humanos.
La acumulación de escándalos y resoluciones controvertidas ha provocado un creciente descrédito institucional y ha reforzado la percepción de que la justicia en el estado opera bajo intereses ajenos a la legalidad y al bienestar ciudadano.
Contemplativo Tribunal de Disciplina Judicial
En tanto, el Tribunal e Disciplina Judicial, que también surgió con la reforma en la materia y la elección e juzgadores parecería que no existe o bien es una figura decorativa
Por ahora no hay ningún pronunciamiento de este organismo sobre los señalamientos contra nuevos elementos del Poder Judicial.
Los integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial son: Lic. Elizabeth Moreno Rejón, Magistrada Presidenta PRIMERA COMISIÓN
Lic. Nelsy Lucely Trejo Puc, Magistrada SEGUNDA COMISIÓN
Dr. Marco Antonio Torre Constantino, Magistrado TERCERA COMISIÓN.
