El Observatorio Legislativo de Quintana Roo destaca un magistrado impugnado por no cumplir con el mínimo requisito de contar con cinco años con cédula profesional
Redacción/CARIBE PENINSULAR
CHETUMAL.- “Lo que podemos observar en el inicio de este nuevo sistema judicial es en principio, que una parte de sus integrantes de las nuevas magistraturas no cuentan con la experiencia y conocimientos de los procesos judiciales, lo que evidentemente causará una demora en la atención en los procesos judiciales, debido a la curva de aprendizaje que deberán asumir estos nuevos magistrados, lo cual tiene también un riesgo de fallas y omisiones en sus sentencias con las consecuencias evidentes en perjuicio de los actores en los juicios” destaca el boletín informativo número 279 del Observatorio Legislativo de Quintana Roo.
Destaca “un magistrado que fue cuestionado e impugnado por no cumplir con el mínimo de contar cinco años con su cédula profesional, ya que el dato corroborado es que obtuvo su cédula profesional en el año 2022, por lo cual no cuenta con el mínimo de requisitos exigidos, pero no solamente esa omisión es de un grave riesgo, sino que no cuenta con experiencia de litigio y de conocimiento de los procesos judiciales y que ahora asume una magistratura” en el máximo colegiado del Poder Judicial.
“Otra observación importante además de la falta de experiencia de varios de los nuevos integrantes del Poder Judicial del Estado, es su vinculación a partidos y grupos políticos que seguramente condicionarán las resoluciones del tribunal superior de justicia”, aunque el observatorio no lo menciona, lo que predomina en el Poder Judicial es el color verde.
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De acuerdo al observatorio, la Constitución Política del Estado señala que los órganos integrantes del Poder Judicial deben cumplir con lo siguiente:
1.- las personas titulares de las Magistraturas del Tribunal Superior de Justicia y las personas Juzgadoras podrán durar en su encargo un periodo de quince años, podrán ser reelectas, sin embargo, en este caso tenemos Magistrados que algunos su periodo es de 8 años y otros hasta 14 años.
2.- Las Magistradas y Magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial durarán doce años en su encargo y no podrán ser electos para un nuevo período. La presidencia del Tribunal de Disciplina Judicial se renovará cada cuatro años y será designada por el Pleno del Tribunal con posibilidad de reelección, por una sola vez, para un periodo de igual duración.
3.- El Pleno del Órgano de Administración Judicial se integrará por tres personas que durarán en su encargo nueve años improrrogables, de las cuales una será designada por el Poder Ejecutivo, por conducto de su persona titular; una por la Legislatura del Estado mediante votación calificada de las dos terceras partes de sus integrantes presentes y una por el Pleno del Tribunal Superior de Justicia, con mayoría de ocho votos. La presidencia del órgano durará cuatro años y será rotatoria.
Sobre sobre este órgano hemos mencionado anteriormente que rompe la independencia de los poderes constitucionales del Estado ya que como observamos este órgano de administración se compone por representantes de los tres poderes, el Judicial, el Legislativo y el Ejecutivo. Aunque la reciente renuncia de la elegida por el Poder Legislativo, indica que el control del Poder Judicial seguirá siendo terreno autónomamente verde.
El Observatorio concluye que “Si bien es cierto que en esta primera elección fue nombrado como presidente de este órgano el propuesto por el Poder Judicial, deberá ser rotativa su presidencia en los próximos cuatro años y podrán asumirla cualquier representante de los otros poderes, por lo que el actual presidente, que es una persona cercana al actual Magistrado Presidente del TSJE tendrán una comunicación más directa de las decisiones dentro de este poder”
“Sin embargo, observamos que las personas propuestas por los otros dos poderes tienen una mayor ascendencia con el poder ejecutivo por lo que podríamos suponer que estarán observadas y definidas las decisiones de administración por el Poder Ejecutivo del Estado”, concluye.
