Alejandro Peza/NOTICARIBE PENINSULAR
CHETUMAL.- Luis Gamero Barranco fue nombrado secretario general del ayuntamiento de Othón P. Blanco para el periodo 2024-2027.
Luis Gamero Barranco aceptó el cargo pese a que en el año 2021 Yensunni Martínez Hernández denunció ante el Instituto Electoral de Quintana Roo la violencia que sufrió a manos de Luis Gamero Barranco, en ese entonces candidato a la presidencia municipal de Othón P Blanco y quien trató de obligar a Yensunni Martínez para renunciar su cargo para sustituirla en la planilla, cosa que no logró.
La afectada recurrió este fallo al nivel federal, siendo resuelto su expediente JDC-955/2021 por la Sala Xalapa, la que revocó esta sentencia, al determinar que sí se acredita esta violencia política.
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Desde el 2022, Luis Gamero interpuso una serie de recursos de queja contra el dictamen del Instituto Electoral de Quintana Roo que en diciembre del 2023 ratificó que Luis Gamero Barranco incumple el requisito de elegibilidad y no puede ser considerado candidato para ningún cargo de elección popular, ya que su nombre se encuentra en el Registro Nacional de Personas Sancionadas por Violencia Política contra la Mujer en Razón de Género (VPMRG) por un período de cinco años y 4 meses y que vence hasta septiembre de 2026.
En unos de sus últimos recursos de queja, Luis Gamero cuestionó al Instituto Electoral de Quintana Roo (Ieqroo) si en su caso al estar sancionado administrativamente por VPMRG e inscrito en el Registro Estatal y Nacional de personas Sancionadas reúne los requisitos de elegibilidad para ocupar un cargo de elección local; además si no hay contradicción entre la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Quintana Roo; si el efecto sancionatorio de la inscripción en el Registro de personas sancionadas por VPMRG subsiste durante todo el periodo de su vigencia o fenece hasta el momento en que por primera vez se declare una persona inelegible; y si existe un mecanismo vigente para disminuir la sanción impuesta a una persona por la existencia de conductas que implicaban VPMRG así como disminuir el tiempo de estar inscrito en el Registro Estatal de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política Contra las Mujeres en Razón de Género de Quintana Roo, entre otros cuestionamientos.
