Redacción/CARIBE PENINSULAR
CHETUMAL.- La gobernadora Mara Lezama rechazó de manera tajante cualquier posibilidad de reprivatizar el servicio de agua potable en los municipios donde operaba Aguakan, y aclaró que su administración trabaja con el Gobierno Federal para crear un esquema público a través de Banobras, que permita una transición ordenada hacia una empresa paraestatal.
“No, no, no habrá empresa, no se está buscando una empresa, ni se ha buscado nunca. Estamos trabajando en pláticas y colaboración con el Gobierno Federal por conducto de Banobras”, declaró la mandataria en entrevista.
Lezama puntualizó que la prioridad es encontrar el mecanismo legal y administrativo para que el servicio pueda ser operado por una entidad pública, garantizando que se mantenga bajo control del Estado y siempre en beneficio de la ciudadanía.
“Estamos trabajando para que sea una empresa pública la que pudiera brindar el servicio, y en eso estamos. Se tomarán todas las decisiones en beneficio de la gente”, subrayó.
Actualmente, el proceso de retiro de la concesión a Aguakan sigue su curso legal, tras resoluciones judiciales que han dejado sin efecto la ampliación de la concesión otorgada en 2014. En paralelo, se desarrollan mesas de trabajo entre el Gobierno de Quintana Roo, Banobras y otras instancias federales para definir el nuevo modelo de operación del servicio de agua potable.
Caso Aguakan
📅 Diciembre de 2023: Congreso revoca concesión
El 11 de diciembre de 2023, la XVII Legislatura del Congreso de Quintana Roo aprobó el Decreto 195, que abrogó la prórroga anticipada de la concesión otorgada en 2014 a la empresa Aguakan (Desarrollos Hidráulicos de Cancún) para operar el servicio de agua potable y alcantarillado en los municipios de Benito Juárez, Solidaridad, Isla Mujeres y Puerto Morelos. Esta prórroga extendía la concesión original de 1993 por 30 años adicionales, hasta 2053. El Congreso argumentó que la prórroga fue otorgada sin licitación pública y en contravención de la normatividad aplicable.
⚖️ Reacción de Aguakan y proceso judicial
En respuesta, Aguakan promovió un juicio de amparo indirecto (1323/2023) para impugnar el Decreto 195 y obtuvo una suspensión provisional que le permitió continuar operando. Sin embargo, el 15 de abril de 2025, el Juzgado Octavo de Distrito en Quintana Roo resolvió negar el amparo, validando la revocación de la concesión. El juez Mario Fernando Gallegos León determinó que Aguakan no tenía derechos adquiridos sobre la prórroga de la concesión, ya que esta no había entrado en vigor .
La gobernadora Mara Lezama ha reiterado que no se busca reprivatizar el servicio de agua y que se trabaja en coordinación con el Gobierno Federal, a través de Banobras, para establecer un esquema público que garantice el derecho al agua de la ciudadanía .
🚰 Transición del servicio
La Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) ha manifestado estar preparada para asumir la operación del servicio en los municipios afectados, una vez que se resuelvan los recursos legales pendientes
