La anulación del Plan de Desarrollo Urbano (PDU) 2020-2030 en Puerto Morelos ha generado un revuelo de inquietud e incertidumbre en la comunidad.
Sin embargo, hay una pieza clave en esta compleja problemática que no ha recibido la atención necesaria: el papel del secretario de Desarrollo Urbano, el borgista, Rolando Melo Novelo, muy cercano a Fabián Vallado, quien fue operador del exgobernador Roberto Borge.
Nombrado por Laura Fernández, expresidenta municipal de Puerto Morelos, con el objetivo de rectificar el PDU manipulado por su predecesor Tirso Esquivel, Melo Novelo fue ratificado en su cargo por Blanca Merari Tziu, en una muestra clara de continuidad.
Pero, ¿qué sucedió en el camino? ¿Por qué no se defendió eficazmente el plan de desarrollo? ¿Se permitió su desmoronamiento deliberado para abrir paso a una nueva versión con densidades aún más altas?
El PDU anulado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) estipulaba límites de altura para los edificios, restringiendo su construcción a un máximo de cuatro pisos. Sin embargo, en contraste con estas directrices, en los últimos meses se han alzado estructuras imponentes de hasta diez pisos, imponiendo una carga excesiva sobre el delicado ecosistema del lugar. ¿Será que eso es lo que buscarán regularizar? ¿A cambio de qué?
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Puerto Morelos se suma a la lista de municipios en Quintana Roo que se encuentran sin un plan de desarrollo y, como resultado, se encaminan a la deriva.
Esta falta de dirección y regulación no solo refleja un desgobierno, sino que también desencadena efectos dañinos en la identidad y sostenibilidad del entorno local.
Es evidente que a medida que se desvanece la estructura regulatoria, los intereses oportunistas emergen.
Río revuelto en Puerto Morelos
El refrán “a río revuelto, ganancia de pescadores” cobra vigencia en esta situación, donde la falta de un marco claro y la debilidad en la defensa de políticas urbanas generan un terreno fértil para acciones cuestionables que perjudican el entorno y la calidad de vida de los habitantes.
La anulación del PDU no solo revela una vulnerabilidad en la gestión urbana, sino que deja al descubierto una serie de decisiones que atentan contra la integridad ambiental y el bienestar comunitario.
Es momento de repensar la manera en que se planea y desarrolla el entorno, antes de que la imprudencia y el oportunismo sigan marcando el rumbo de Puerto Morelos y de tantos otros municipios en la región. La negligencia no puede ser la constante en la planificación de nuestras ciudades y comunidades.
