El Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal de la Ciudad de México negó la protección federal a Operadora de Centros de Espectáculos, S.A de C.V. (OCESA) contra la imputación por la muerte de los fotoperiodistas Berenice Giles y Miguel Ángel Rojas. Esta resolución, emitida el 29 de enero de 2026, valida la decisión previa de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la capital para cambiar la calidad de la empresa a imputada, manteniéndola bajo investigación por los hechos ocurridos en el festival Axe Ceremonia.
La negativa del amparo elimina el principal obstáculo legal que OCESA intentó interponer para modificar su estatus dentro de la investigación penal. Con ello, la empresa organizadora de espectáculos seguirá siendo considerada legalmente una de las cinco corporaciones imputadas en la carpeta de investigación, la cual ya está lista para ser judicializada y presentada ante un Juez de Control. Este movimiento procesal acelera la potencial responsabilidad legal de la compañía por las deficiencias de seguridad durante el desmontaje de las estructuras en el Parque Bicentenario en abril de 2025.
Repercusiones de la negación del amparo
La resolución del Juzgado Cuarto de Distrito, contenida en el expediente 68/2026, resulta clave para el avance de la justicia en este caso. OCESA había promovido el recurso el 14 de enero de 2026, justo después de que el Ministerio Público de la Fiscalía capitalina formalizara el cambio en su calidad legal a imputada por homicidio.
Esta negación no es aislada. El rechazo al recurso de OCESA se suma a un fallo similar contra Servicios de Protección Privada Lobo, S.A. de C.V., a quienes también se les rechazó la garantía de amparo. Ambos fallos confirman la ruta de investigación establecida por la FGJ, la cual se había visto previamente demorada por la interposición de estos mecanismos legales.
Empresas y el estado de la carpeta de investigación
La Fiscalía General de Justicia mantiene a OCESA como una de las cinco empresas imputadas activas en la carpeta de investigación. La empresa, que organizó el evento en el Parque Bicentenario, ha visto cómo la justicia federal desestima sus intentos de revertir la imputación directa por las muertes de Berenice Giles y Miguel Ángel Rojas.
El siguiente paso procesal será la presentación de la carpeta ante un Juez de Control, donde se definirá si existen elementos suficientes para iniciar formalmente un proceso penal contra las corporaciones señaladas.
El contexto de la indignación pública
El proceso legal contra OCESA y las demás empresas se ha desarrollado en un ambiente de intensa crítica pública, especialmente por las polémicas declaraciones emitidas por instituciones relacionadas.
La indignación se encendió cuando la Dirección de Cultura de la Ciudad de México publicó un mensaje con la pregunta: «¿Quieres fotografiar conciertos y no morir en el intento?». Este post fue percibido como una burla directa a las víctimas, lo que llevó a la familia de Berenice Giles a anunciar acciones legales y denunciar directamente a Cultura CDMX por la publicación. Esta controversia subraya la sensibilidad del caso y la necesidad de rigor institucional en el manejo de la información, dadas las graves consecuencias que tuvo el festival Axe Ceremonia.
La confirmación de la imputación de OCESA por homicidio no solo marca un avance en el proceso legal, sino que también pone el foco en la responsabilidad de las grandes operadoras de espectáculos para garantizar la seguridad en todas las fases de sus eventos, desde la planeación hasta el desmontaje final.
