¿Quién autorizó la transferencia? Poder Judicial impugna movimiento de Nafin
En una operación inesperada y sin autorización previa, Nacional Financiera (Nafin) transfirió más de 10 mil millones de pesos de fideicomisos judiciales a la Tesorería de la Federación. El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) denuncia que no fue consultado, mientras crece la tensión por el manejo de recursos del Poder Judicial.
El conflicto por los fideicomisos del CJF llega a un nuevo nivel
La transferencia de 10 mil 260 millones de pesos realizada por Nafin ha encendido una nueva alarma en el ya complejo proceso de extinción de fideicomisos del Poder Judicial. Lo que comenzó como parte de la reforma judicial impulsada desde el Ejecutivo ha derivado en un choque institucional entre órganos del Estado.
CJF denuncia falta de consentimiento
El Consejo de la Judicatura Federal, que en su calidad de fideicomitente administraba esos fondos a través de Nafin, asegura no haber emitido instrucción alguna para liberar los recursos. La falta de consulta, sostiene el CJF, representa una violación a sus facultades constitucionales y al régimen de autonomía del Poder Judicial.
El uso de los fondos: ¿indemnización incumplida?
La reforma judicial contempla que los recursos extintos se destinen a cubrir pagos extraordinarios a juzgadores que declinen postularse o no sean electos en el nuevo modelo judicial. Sin embargo, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito (Jufed) denuncia que esas indemnizaciones no se han cubierto, incumpliendo los plazos marcados para diciembre de 2024.
Indignación entre jueces: pagos pendientes y derechos vulnerados
La directora de la Jufed, Juana Fuentes Velázquez, advirtió que el incumplimiento del pago extraordinario implica una reiterada violación a los derechos laborales de quienes ya se retiraron del cargo, de manera voluntaria o por jubilación.
Jufed exige cumplimiento inmediato
En una carta enviada al CJF, la Jufed exigió que se liquide la indemnización sin condicionar el pago a la disponibilidad presupuestal, al tratarse de una obligación constitucional derivada de la reforma. Además, pidieron conocer las razones legales si existiera algún impedimento, para activar las vías de defensa correspondientes.
Silencio oficial: Hacienda y Nafin sin respuesta
Ni la Secretaría de Hacienda ni Nacional Financiera han emitido postura pública sobre la transferencia. La falta de respuesta alimenta la percepción de opacidad y arbitrariedad en el manejo de los recursos del Poder Judicial, un tema particularmente sensible en un año de reconfiguración institucional.
El trasfondo político: entre reforma judicial y control presupuestal
La transferencia ocurre en el marco de un proceso donde el Ejecutivo federal ha presionado por eliminar fideicomisos judiciales, argumentando opacidad y privilegios. Sin embargo, el CJF y asociaciones de juzgadores ven en estas acciones un intento por debilitar la independencia judicial, en medio del rediseño que implica la elección directa de jueces a partir de 2025.
El litigio por los fideicomisos del CJF no es solo una disputa contable: es una batalla por el control institucional y la autonomía del Poder Judicial. El desenlace de este episodio marcará un precedente sobre los límites del Ejecutivo en la administración del presupuesto judicial.
