La transparencia en los contratos públicos ha marcado un punto de quiebre en la agenda federal de diciembre de 2025. La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno anunció fuertes sanciones a empresas en México que intentaron obtener licitaciones proporcionando información falsa, blindando así al erario de intentos de fraude y priorizando la protección del dinero público.
La artimaña de falsear datos para contratos públicos
Desde la Ciudad de México, el 30 de diciembre de 2025, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (encabezada por Raquel Buenrostro, quien ya había aparecido en conferencias en Palacio Nacional en abril de ese año, según se documentó), hizo pública la aplicación de medidas punitivas contra tres entidades privadas. Estas compañías fueron señaladas por un mismo delito: proporcionar información que no era veraz con el objetivo de ganar contratos con la administración pública federal.
Las sanciones impuestas son significativas, ya que las tres empresas han quedado inhabilitadas para participar en cualquier proceso de contratación o celebrar convenios con el gobierno federal durante los próximos meses.
Las compañías involucradas son:
- Ravisa Autos del Oriente
- Gen Industrial
- Escore Alimentos
Detalles de las inhabilitaciones y montos
La secretaría subrayó que las resoluciones se aplicaron bajo criterios de proporcionalidad y estricto apego a la ley. Los detalles específicos de cada caso exponen las modalidades de engaño detectadas en las licitaciones nacionales:Ravisa Autos del Oriente:
Esta compañía fue sancionada tras comprobarse que entregó datos falsos en sus documentos fiscales durante un proceso de licitación nacional. El concurso estaba destinado específicamente a la compra de camionetas pick up nuevas.
La irregularidad crucial detectada fue el falseo en la constancia que acredita el cumplimiento de sus aportaciones patronales, un requisito fundamental para garantizar la transparencia de los proveedores que buscan la adjudicación de contratos.
La sanción impuesta incluye:
- Una multa de 175 mil 367 pesos.
- Una prohibición de tres meses para trabajar con el gobierno.
Gen Industrial y Escore Alimentos:
Estas dos empresas recibieron multas individuales idénticas y el mismo periodo de restricción para operar con instituciones públicas.
- Multa individual de 157 mil 685 pesos.
- Restricción de tres meses para operar con instituciones públicas.
Los motivos de su sanción se centran en el intento de engaño en servicios considerados esenciales:
- Gen Industrial: Fue penalizada por presentar documentación engañosa en un concurso relacionado con el servicio de recolección de residuos, destinado a la Secretaría de Salud.
- Escore Alimentos: Incurrió en faltas al falsear su opinión de cumplimiento de obligaciones de seguridad social mientras buscaba obtener el contrato para el servicio de alimentación de pacientes y personal médico.
La oficialización de las sanciones y el director de proveedores
Las resoluciones han sido formalizadas y publicadas en el Diario Oficial de la Federación. Este acto oficializa el ingreso de Ravisa Autos del Oriente, Gen Industrial y Escore Alimentos al Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados.
La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno ha priorizado la protección del dinero público frente a intentos de engaño por parte de particulares. La aplicación de la ley con estas sanciones envía un mensaje claro sobre la rigurosidad en los procesos de licitación federal.
En la agenda política: otros avances
En el ámbito político más amplio, otras dependencias han reportado avances importantes mientras se daban a conocer estas inhabilitaciones de empresas:
- FGR y el Tren Transístmico: La Fiscalía General de la República informó que avanza en los peritajes tras el descarrilamiento del Tren Transístmico, concluyendo las necropsias correspondientes y reiterando su compromiso de esclarecer los hechos ocurridos.
- Calidad del aire en Año Nuevo: La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) hizo un llamado a evitar la pirotecnia y las fogatas, indicando que las condiciones invernales favorecen la acumulación de contaminantes, lo que representa un riesgo para la calidad del aire y la salud.
- Clausuras de Profepa: La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) procedió a la clausura de proyectos inmobiliarios tanto en Yucatán como en Sinaloa. La dependencia detectó en estos sitios el incumplimiento de diversas condicionantes ambientales.
La efectividad de la política de combate al falseo de datos radica no solo en la detección, sino en la rapidez y firmeza con la que se aplican las multas y las inhabilitaciones. Estos tres casos, publicados en el Diario Oficial de la Federación, marcan un precedente crucial sobre la seriedad con la que la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno asume su rol de vigilante. ¿Serán estas sanciones suficientes para disuadir a otras empresas de replicar las artimañas fiscales en el futuro?
