En un movimiento que sacude los cimientos de la política nacional, diputados de Morena han propuesto formalmente la creación de una comisión especial en la Cámara de Diputados para investigar el controvertido “cártel inmobiliario”. La iniciativa, apoyada por legisladores del PT, busca desentrañar una compleja red de corrupción que, según las denuncias, habría operado tanto en la alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México como en Coahuila.
La propuesta de investigación en la Cámara de Diputados
El grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados presentó, el 17 de julio de 2025, un punto de acuerdo clave. El vocero de la bancada, Arturo Ávila, anunció esta solicitud para establecer una comisión especial dedicada a indagar las responsabilidades de servidores y ex servidores públicos presuntamente implicados en el esquema del “cártel inmobiliario”. Este caso, conocido por la opinión pública, refiere a cómo diversos políticos panistas habrían tomado control de cientos de apartamentos en la alcaldía Benito Juárez, particularmente durante el periodo en que Jorge Romero Herrera, actual dirigente nacional del PAN, fungió como alcalde.
Ávila destacó en conferencia de prensa desde San Lázaro la magnitud del esquema, señalando que “hay mucha información en donde se ha comentado que hubo sobornos”. El legislador afirmó que existen cerca de 28 expedientes vinculados a una “red colusiva y de corrupción con constructoras”.
Elementos que sustentan la acusación
Según el vocero de los diputados guindas, diversos factores sugieren la existencia del “cártel inmobiliario”. entre estos elementos se encuentra una acusación lanzada por el expresidente Felipe Calderón en uno de sus libros, la cual es mencionada como un indicio. Asimismo, se ha detectado una indagatoria por 350 millones de pesos, complementada por “evidencia fundamental que fueron depositados en cuentas de personas cercanas al entonces delegado de la alcaldía Benito Juárez”.
Ávila recordó un suceso crítico en septiembre de 2020: una inundación que destruyó “los archivos claves relacionados con los expedientes en donde Romero estaba imputado en su desempeño como delegado del 2012 al 2015”. Este incidente, según el legislador, “sugiere la eliminación de pruebas contundentes”, si bien Romero Herrera ha negado y “seguirá negando, seguramente” estas acusaciones.
El diputado de Morena aseguró que el caso ya ha derivado en “implicaciones legales”, con 13 personas procesadas y cuatro ya condenadas. Adicionalmente, se identifica “una red en donde hay todavía muchas irregularidades que pueden detectarse, documentos esenciales destruidos”.
Tras enfatizar que este asunto no responde a una “campaña política, sino algo que debe investigarse”, Ávila, legislador por Aguascalientes, informó que la Mesa Directiva de la Cámara ha sido solicitada para que turne la propuesta de punto de acuerdo a la comisión que corresponda, dada su naturaleza de “interés público”.
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Ávila, sin aludir directamente a Romero Herrera, subrayó que existe un personaje que “allá afuera, en el discurso político, presume honestidad o denuncia corrupción, pero no hace un autoanálisis de lo que fue su gestión”.
La comisión especial propuesta, se anunció, operará por un plazo de 180 días con el objetivo de presentar un informe detallado que incluya “hallazgos, conclusiones, recomendaciones”. Se ha solicitado que esta instancia esté conformada por 15 diputadas y diputados, siguiendo criterios de pluralidad y proporcionalidad de los grupos parlamentarios, y que sus funciones se rijan por la ley orgánica del Congreso y el reglamento de la Cámara de Diputados.
La expansión de la denuncia: el “cártel inmobiliario” en Coahuila
En una revelación que amplía el alcance de la discusión, el diputado petista Ricardo Mejía Berdeja indicó que su bancada podría respaldar la iniciativa de Morena. Sin embargo, no descartó sugerir que la misma comisión investigadora extienda sus indagatorias al “otro cártel inmobiliario” que, según sus palabras, encabeza en Coahuila el gobernador Manolo Jiménez.
Mejía Berdeja detalló el impacto económico en la alcaldía Benito Juárez, subrayando que el daño provocado por este esquema ascendería a 7 mil 142 millones de pesos. El legislador también enfatizó que tanto Jorge Romero Herrera como Jorge Triana, actual vocero del PAN, “violaron usos de suelo, autorizaron fuera de norma fraccionamientos, hubo omisión de obra y permitieron niveles excedentes en edificios por 264 pisos”.
Según el diputado Mejía Berdeja, quien fuera subsecretario de Seguridad Pública en el sexenio anterior, la entidad de Coahuila también alberga un “cártel inmobiliario” liderado por Manolo Jiménez. Denunció que cuando el hoy gobernador fue alcalde de Saltillo, “autorizó 18 permisos de construcción para empresas vinculadas a él y su familia”, mencionando específicamente a:
- Verjip Constructoras Inmobiliarias
- Jiménez Bienes Raíces
- Jisa
Te puede interesar:Abrirá Morena más “Casas de Unidad” – Caribe peninsularEl legislador petista insistió en que “este ‘cártel inmobiliario’ del gobernador tiene bienes por 25 millones de dólares en Florida, Texas, Arizona y Nevada”. En su análisis, Mejía Berdeja concluyó que, por estas razones, “los cárteles inmobiliarios se unen, el de Benito Juárez con el de Saltillo”.
El llamado a la investigación de estos esquemas de corrupción inmobiliaria, tanto en la capital como en Coahuila, subraya la creciente presión sobre las autoridades para abordar de manera transparente y rigurosa las denuncias que involucran a altos funcionarios y exfuncionarios. ¿Será esta comisión un punto de inflexión en la lucha contra la impunidad en el ámbito inmobiliario?
