En un contexto de creciente descontento social por la privatización de facto de espacios naturales, Morena en San Lázaro impulsa una iniciativa crucial. Busca garantizar el acceso gratuito a playas y zonas protegidas, revirtiendo cobros que exacerban la desigualdad en México.
La polémica de las cuotas en playas y áreas naturales protegidas
El libre paso a las playas ha sido restringido en distintas zonas del país mediante cobros o bloqueos físicos, sobre todo en espacios privados otorgados por concesión. Esta imposición de cuotas a la población y a los turistas genera un efecto excluyente que se profundiza en contextos de desigualdad económica. Esta situación no es nueva. En 2007, el Programa Nacional de Áreas Protegidas ya había propuesto el cobro de cuotas para la entrada a estos espacios, argumentando que los ingresos financiarían su restauración ambiental y reducirían el flujo turístico para proteger la biodiversidad.
No obstante, aquella medida de 2007 derivó en un «disgusto social» al limitar o cobrar por el paso de personas que siempre habían disfrutado estos espacios de manera gratuita. La solución provocó «efectos no deseados» que afectan el ejercicio libre de derechos fundamentales, el bienestar de miles de personas en las zonas costeras e incluso propició desigualdad social.
El origen del descontento: Tulum y el incremento de tarifas
Un claro ejemplo de esta problemática se observa en Tulum. La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) comenzó a cobrar una cuota de 58 pesos al público para acceder al parque nacional desde el 20 de febrero de 2023. A pesar del descontento social generado, la situación se complejizó. El 17 de diciembre de 2024, el Grupo Aeroportuario, Ferroviario, de Servicios Auxiliares y Conexos Olmeca-Maya-Mexica (GAFIAM), administrado por el ejército, impuso cuotas a más playas públicas como Santa Fe, Pescadores y Paraíso.
La intervención del grupo aeroportuario y sus tarifas diferenciadas
La polémica creció debido al aumento de las cuotas de entrada a áreas naturales protegidas. Mientras que la Ley Federal de Derechos, aprobada por la Cámara de Diputados, establece una cuota de 120.74 pesos para el público en general, el Grupo Aeroportuario «cobra tarifas diferentes y más altas». Específicamente, se cobran 415.37 pesos a extranjeros, 255 pesos a mexicanos, 105 pesos a residentes de Quintana Roo (previa comprobación de sus domicilios) y a militares, y 31 pesos a estudiantes.
La situación se complica aún más porque no se explica al público el fundamento legal de la medida ni el destino y uso de los recursos captados, lo que genera opacidad y desconfianza.
La propuesta de Morena: Hacia un acceso libre y garantizado
En respuesta a esta realidad, Morena, a través de los diputados Ricardo Monreal y Enrique Vázquez, presentó en la Cámara de Diputados una iniciativa para garantizar el ingreso libre y gratuito a las playas del país, así como a los parques y zonas protegidas.
Modificaciones clave en la legislación
La propuesta plantea modificar las leyes generales de Bienes Nacionales y del Equilibrio Ecológico y la Protección al Medio ambiente. Se busca añadir la obligación de las autoridades federales, estatales y municipales de procurar al menos un paso público por tramo costero y prohibir cobros, cuotas o condiciones restrictivas para el ingreso a las playas.
Además, la iniciativa considera cambios al artículo 127 de la Ley General de Bienes Nacionales para asegurar que los particulares con concesiones o permisos en la Zona Federal Marítimo Terrestre no puedan impedir el ingreso público a las playas y deban prever un acceso libre de uso común. Para parques y zonas protegidas, la propuesta busca que se permita el ingreso gratuito al público general al menos un día a la semana.
Equilibrio entre conservación y derechos ciudadanos
La iniciativa señala que, al existir varias áreas naturales protegidas en litorales o playas, es fundamental encontrar un equilibrio para su resguardo eficaz y, al mismo tiempo, respetar los derechos de acceso público a las playas de los visitantes. La búsqueda de este balance subraya la necesidad de una política pública que no solo conserve el patrimonio natural, sino que también asegure su disfrute equitativo por parte de la ciudadanía.
La propuesta de Morena en San Lázaro no es solo una medida legislativa, sino una respuesta directa a una demanda social arraigada. ¿Logrará esta iniciativa revertir la tendencia privatizadora y restituir el derecho fundamental al acceso libre y gratuito a las playas y áreas naturales que definen la identidad de México? El debate en el Congreso será crucial para miles de ciudadanos y el futuro de nuestro patrimonio costero.
