Cuernavaca, Morelos. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha dictado un mandato que sacude al congreso local, obligándolo a enfrentar la compleja discusión sobre la despenalización del aborto en la entidad. Un tema que polariza y redefine la agenda política. Este periodo legislativo, que se inició el 17 de septiembre de 2025, será determinante para el futuro jurídico de las mujeres morelenses.
La directriz de la SCJN y la inminente discusión legislativa
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió una orden directa al gobierno de Morelos, encabezado por la morenista Margarita González Saravia, para que «realice acciones tendientes a despenalizar el aborto en Morelos». En respuesta a esta determinación judicial, el presidente de la mesa directiva del Congreso local, Isaac Pimentel Mejía, declaró que el dictamen para la despenalización se subirá al pleno durante este periodo de la 56 legislatura.
Pimentel Mejía enfatizó que, aunque la discusión es ineludible, cada legislador tendrá la libertad de votar en contra o a favor del dictamen, asumiendo su responsabilidad y prudencia en sus declaraciones. Esta postura subraya la tensión entre el cumplimiento de un mandato judicial y la autonomía del voto individual.
Un dictamen en espera: el proceso legislativo en Morelos
Desde junio pasado, la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación aprobó por mayoría la derogación de las fracciones del Código Penal del Estado de Morelos que criminalizan a las mujeres por interrupción del embarazo. Sin embargo, este dictamen se encuentra actualmente en la Secretaría de Asuntos Parlamentarios, a la espera de que los coordinadores parlamentarios decidan cuándo discutir el tema en el pleno.
A pesar de la dilación, el diputado Pimentel Mejía fue categórico al señalar la urgencia: «Si hay un periodo en el que tenemos que sacar dicho dictamen de despenalizar el aborto, tiene que salir en este periodo sin duda alguna». Subrayó que el poder legislativo no puede quedar al margen de esta decisión, buscando vías legales para «hacer ejercer nuestro derecho, no que nos impongan la decisión del voto».
La compleja dinámica interna del congreso de Morelos
La 56 legislatura del Congreso de Morelos está integrada por 20 diputados, distribuidos de la siguiente manera: 10 de Morena, 4 del PAN, 2 del PT, 1 de MC, 1 del PVEM, 1 de PANAL y 1 del PRI. Ante la trascendencia del tema, el legislador reiteró que los diputados de la fracción de Morena son «independientes» para expresar su voto.
Isaac Pimentel, quien también es diputado de Morena y presidente de la mesa directiva, ha mantenido su postura personal reservada, indicando que su posicionamiento lo hará público «en su momento, ya que vaya a salir al pleno», siempre con respeto a sus compañeros. Confirmó que, si bien no hay una fecha específica para la votación, el dictamen «tiene que salir en este periodo», tras conversaciones con los diferentes grupos políticos y su coordinador, Rafael Reyes. La incógnita sobre el sentido final de la votación persiste, pero la libertad al interior del Congreso para el posicionamiento individual ha sido reiterada.
La presión de la sociedad civil y los datos de criminalización
A principios de este mes, las integrantes de la Campaña Aborto Legal Morelos hicieron pública la resolución de la SCJN dirigida a la gobernadora de Morelos. Las activistas criticaron enérgicamente que Morelos sea uno de los siete estados del país que todavía criminaliza a las mujeres por abortar. Esta situación es particularmente cuestionada dado que la entidad es gobernada por una mujer y el partido Morena cuenta con mayoría en el congreso local.
En una rueda de prensa, las organizaciones de la sociedad civil destacaron un dato alarmante: solo el año pasado, la Fiscalía General del Estado (FGE) abrió 20 carpetas de investigación relacionadas con este delito en Morelos. Esta cifra subraya la vigencia de la criminalización y la necesidad de una respuesta legislativa contundente.
La discusión sobre la despenalización del aborto en el congreso de Morelos se perfila como un punto de inflexión político y social. La presión judicial y la exigencia de la sociedad civil chocan con las dinámicas internas del legislativo y la autonomía de sus miembros. La 56 legislatura tiene ante sí la oportunidad de saldar una deuda histórica y redefinir el futuro de los derechos reproductivos en la entidad, en un contexto de escrutinio público y político que definirá su legado.
