El sistema judicial mexicano se prepara para una transformación crucial. Con la propuesta de modernización del juicio de amparo, el gobierno busca erradicar abusos que han permitido impunidad fiscal y obstaculizado el combate al crimen organizado, prometiendo una justicia más ágil y efectiva.
Hacia un amparo ágil y digital: La visión de Ernestina Godoy
La consejera jurídica de la Presidencia, Ernestina Godoy, ha presentado una iniciativa de reforma a la Ley de Amparo, con el objetivo primordial de actualizar y modernizar este mecanismo fundamental. La propuesta busca hacerlo más ágil y sencillo, evitando los abusos recurrentes que se han documentado, especialmente en la gestión de créditos fiscales. Godoy enfatizó que esta iniciativa propone que únicamente el acto final de un proyecto de ejecución sea recurrible, sin afectar el derecho a la defensa.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo respaldó la necesidad de esta reforma, señalando que «sí se ha abusado mucho del amparo», a pesar de ser indispensable para el país. Como ejemplo, mencionó casos en los que han pasado hasta 20 años para que un contribuyente evada el pago de impuestos, o cuando se han otorgado amparos a empresas inhabilitadas. Asimismo, dejó en manos del Senado la decisión sobre si esta iniciativa debe ser sometida a un parlamento abierto.
Digitalización y plazos para una justicia efectiva
La iniciativa contempla la incorporación de un juicio de amparo «verdaderamente digital» que contará con plena validez legal y operatividad práctica. Aunque este avance tecnológico coexistirá con la procedencia documentada del procedimiento, establecerá una obligación clara de digitalizar. Esta modernización, según Godoy, busca proteger «el orden público y el interés social» mediante la integración de nuevas herramientas tecnológicas.
Es fundamental, afirmó Godoy, lograr una reforma que conduzca a una justicia efectiva, devolviendo las «bondades» del juicio de amparo. Para ello, la propuesta establece plazos y términos específicos para la aceptación de las demandas, garantizando una justicia pronta, algo que actualmente no está previsto.
El fin de la impunidad: Amparo, créditos fiscales y crimen organizado
Uno de los pilares de la reforma es el combate al uso indebido del amparo en el ámbito fiscal. Godoy explicó que, una vez que la Corte determina la obligación de un deudor de un crédito fiscal, el cobro se inicia conforme al Código Fiscal. Con la reforma, se propone que la posibilidad de ampararse se limite al momento en que pudiera comenzar una subasta o remate de bienes.
Para la suspensión provisional de un acto, la iniciativa estipula la presentación de garantías «muy fuertes», como un billete de depósito o una carta de crédito bancaria. Estas garantías aseguran al Estado Mexicano el pago total del crédito fiscal, incluyendo los intereses, protegiendo así el patrimonio público. Godoy reiteró que «no se está quitando ningún derecho», ya que el juicio de amparo permanece garantizado en la Constitución y no se modifica en su esencia.
Lecciones del pasado y el desafío actual del lavado de dinero
Arturo Zaldívar, coordinador general de Política y Gobierno, recordó que el uso abusivo del amparo no es un fenómeno nuevo. Hizo alusión a una época en la que «centros de vicio» o «giros negros» operaban con suspensiones de amparo, lo que llevó a modificaciones en la Ley de Amparo para especificar la improcedencia de la suspensión en estos casos. Fenómenos similares se observaron con centros de apuestas y con deudores alimentarios que evitaban el pago de pensiones.
Actualmente, Zaldívar señaló que uno de los mayores desafíos es combatir la delincuencia organizada y el lavado de dinero. Advirtió que, debido a ciertos criterios de la Corte y de algunos jueces, se están liberando cuentas que la Unidad de Inteligencia Financiera bloquea, presumiblemente vinculadas a la delincuencia organizada. Esta situación, sostuvo, «dificulta el combate a la delincuencia organizada», genera un daño al sistema financiero y permite que las cuentas se vacíen, imposibilitando la recuperación de esos recursos. La reforma busca fortalecer las capacidades de investigación e inteligencia del Estado mexicano.
La propuesta de reforma al juicio de amparo representa un punto de inflexión en la justicia mexicana. ¿Logrará este esfuerzo legislativo equilibrar la garantía de derechos con la erradicación de abusos que han erosionado la confianza pública y la efectividad del Estado?
