En el complejo entramado jurídico de México, la propuesta de reforma a la Ley de Amparo ha encendido el debate. Hugo Aguilar Ortiz, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha enfatizado la urgencia de su modernización, alertando sobre el riesgo de aplicar una ley de amparo retroactiva, lo que podría generar inestabilidad.
La controversia por la retroactividad y la burocratización
Hugo Aguilar Ortiz, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ha señalado que la Ley de Amparo es indispensable para el sistema judicial, pero reiteró la necesidad de evitar su aplicación retroactiva. El ministro consideró que el artículo transitorio de la enmienda, que otorga carácter retroactivo a las nuevas disposiciones en la materia, es «inadecuado y se tiene que ajustar».
Durante una reciente reunión con medios de comunicación, Aguilar Ortiz describió el proceso actual del amparo como «muy burocratizado», destacando la existencia de «muchos medios de impugnación» que hacen que los juicios se prolonguen indefinidamente. Ante esta situación, el presidente de la SCJN subrayó la «necesidad de simplificar buena parte del procedimiento en algunos casos el tema de la ejecución de sentencia».
El Senado aprueba reforma crucial para el amparo
Esta semana, el Senado de la República aprobó con ajustes la iniciativa presidencial en materia de amparo. Esta enmienda busca modernizar y fortalecer el mecanismo jurídico de defensa de los ciudadanos, así como eliminar los abusos que se han registrado, especialmente en lo referente a créditos fiscales.
Una de las disposiciones clave de la reforma establece que la suspensión del acto reclamado podrá negarse cuando se vea afectado el interés social y el orden público, un punto que será de especial atención en su implementación.
La SCJN reporta un aumento significativo en su productividad
En otro frente, Aguilar Ortiz informó sobre el desempeño de la Suprema Corte a 30 días de haber iniciado funciones la nueva conformación. El ministro presidente indicó que se está logrando abatir el rezago de los asuntos y que el rendimiento ha sido notablemente bueno.
Comparando con periodos anteriores, se detalló que desde el 2003 hasta el 2024, el máximo tribunal del país tenía una productividad que oscilaba entre uno y cinco casos resueltos por sesión del pleno. Sin embargo, en el lapso del 11 de septiembre al 1 de octubre, la Corte ha resuelto un total de 116 casos, lo que representa una productividad de 12 casos por sesión. Anteriormente, el pleno y las salas llegaban a resolver alrededor de 120 o 125 casos al mes.
En la agenda política nacional
Paralelamente a las discusiones sobre la Ley de Amparo y la productividad judicial, otros temas relevantes ocupan la agenda pública:
- Acciones contra la tala ilegal: La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausuró 26 aserraderos ilegales como parte de un operativo nacional, decomisando 3 mil 793 metros cúbicos de madera.
- Detención de figura criminal: En Villahermosa, Tabasco, se logró la captura de Guadalupe Luna Hernández, conocida como «La Coyota», identificada como generadora de violencia y brazo armado de la organización criminal «La Barredora», en una operación interinstitucional.
- Propuesta de voto obligatorio: La consejera Zavala ha propuesto el voto obligatorio y la reglamentación de sus consecuencias, argumentando que «es momento propicio en México» para fortalecer el régimen democrático, en el marco de la consulta para una reforma electoral impulsada por la presidenta Sheinbaum.
Perspectivas y desafíos futuros
La modernización del sistema judicial es una prioridad innegable, pero la cautela en la aplicación de nuevas normativas, como la que prohíbe una ley de amparo retroactiva, es fundamental para preservar la seguridad jurídica. ¿Cómo logrará el poder judicial equilibrar la eficiencia procesal con la protección plena de los derechos ciudadanos sin comprometer principios constitucionales?
