El sector minero de México se movilizó masivamente en siete estados el 15 de febrero de 2026 para exigir justicia y garantías de seguridad, rechazando la vulnerabilidad sistémica que padece el gremio. La ola de protestas fue detonada por el secuestro de 10 trabajadores de la empresa canadiense Vizsla Silver en Concordia, Sinaloa, ocurrido el 23 de enero, un incidente que hasta la fecha de la manifestación había resultado en el hallazgo de cinco cuerpos sin vida y varios desaparecidos.
La respuesta del gremio, que incluye a la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México (AIMMGMM), se ha centrado en la refutación directa de la narrativa gubernamental. Los mineros y sus familiares desmintieron la versión difundida por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, quien sugirió que los 10 empleados habían sido «confundidos» con integrantes de una célula criminal rival. Los manifestantes y las familias de las víctimas insisten en que el suceso fue una extorsión planificada, no un error de identidad.
Anatomía de un crimen: La extorsión en Concordia que detonó la protesta
El secuestro del 23 de enero de 2026 en Concordia, Sinaloa, reveló la profundidad de la inseguridad que enfrenta la industria minera. Los afectados, empleados de la minera Vizsla Silver, fueron víctimas de un grupo armado que, según testimonios de las familias, ya había solicitado pagos a cambio de permitirles trabajar.
María Elena Morán, esposa de Antonio Esparza, uno de los mineros que aún no ha sido localizado, confirmó que días antes del ataque su esposo le había comentado sobre la situación de inseguridad en Sinaloa. Él le dijo que, aunque contaban con vigilancia, «había negociaciones con personas que pedían dinero por dejarlos trabajar».
La familia Esparza y otros integrantes del gremio rechazan que el suceso fuese una confusión. El hijo de Antonio Esparza, Carlos, indicó que la familia está atenta a la información oficial, manteniendo la esperanza de encontrarlo con vida. Por su parte, José Trejo, uno de los trabajadores que se manifestó, cuestionó abiertamente la declaración de Omar García Harfuch. El argumento que respalda el gremio es simple: los criminales «entraron a las cuatro de la mañana al campamento, donde solo había herramientas», haciendo improbable un error de identificación con un grupo rival.
Dimensiones del ataque y víctimas
Si bien el foco principal fue el personal de Vizsla Silver, María Elena Morán precisó que en Concordia se reportó la desaparición de un total de 14 personas. Diez de ellas laboraban para la minera canadiense, mientras que cuatro eran empleados de otra compañía. Siete de los desaparecidos son originarios de Sonora.
Entre los colegas secuestrados y posteriormente hallados sin vida se encuentran:
- El ingeniero José Antonio Jiménez Nevárez, quien fue sepultado en Hermosillo tras hallarse su cuerpo entre los restos de una fosa clandestina en el poblado de El Verde, en Concordia.
- El ingeniero José Ángel Hernández Vélez, empleado de Vizsla Silver.
- El geólogo Ignacio Salazar Flores, también empleado de Vizsla Silver.
Los mineros de Zacatecas, en la manifestación, coreaban: «¡Fue extorsión, no confusión!», enfatizando la premeditación del crimen.
El clamor nacional: Manifestaciones simultáneas en siete estados
Bajo la consigna “Los mineros estamos de luto”, las protestas se extendieron por Sinaloa, Durango, Chihuahua, Sonora, Zacatecas, Hidalgo y San Luis Potosí. El gremio, apoyado por familiares, estudiantes de Ciencias de la Tierra y colectivos de búsqueda, exigió garantías de seguridad a las autoridades estatales y federales.
Demostración de esfuerzo y utilidad real: Resumen de protestas y demandas
La Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México (AIMMGMM) fungió como uno de los principales convocantes. El presidente de su Consejo Directivo Nacional, Rubén del Pozo Mendoza, afirmó categóricamente que las medidas de seguridad para la comunidad minera son «insuficientes».
El sector minero mexicano, altamente productivo y esencial para la economía, está operando bajo condiciones que rayan en la indefensión, especialmente en zonas serranas controladas por el crimen organizado. La unión de los mineros y la contundencia con la que desmienten la narrativa oficial demuestran un punto de inflexión en la relación entre el gremio y el gobierno respecto a la seguridad. La exigencia de justicia por los ingenieros y geólogos ultimados, como José Ángel Hernández Vélez e Ignacio Salazar Flores, subraya que la minería no solo necesita inversión, sino también un escudo protector efectivo contra la extorsión sistemática.
