El Centro Histórico de la Ciudad de México se ha convertido en escenario de millonarias pérdidas para medio centenar de negocios, incluidos 24 joyeros, tras los saqueos perpetrados durante la marcha del 2 de octubre. Comerciantes acusan al «bloque negro» de actuar como crimen organizado, exigiendo apoyo gubernamental y revisión de protocolos de seguridad ante la falta de respuesta.
Saqueos y pérdidas millonarias en el Centro Histórico
Medio centenar de negocios en el Centro Histórico registraron pérdidas millonarias a causa del robo y saqueos sufridos durante la marcha por el 2 de octubre. Entre los afectados, 24 joyeros se cuentan entre los más golpeados. Los comerciantes señalan al denominado «bloque negro», acusándolos de operar como «crimen organizado».
En un mensaje a medios, emitido frente a los negocios afectados y cerrados, los comerciantes clamaron al gobierno capitalino por apoyo. Actualmente, se encuentran calculando la magnitud total de las pérdidas económicas con base en los peritajes que realice la fiscalía capitalina. Para algunos pequeños centros joyeros, las pérdidas estimadas ascienden hasta los 8 millones de pesos. Este sector se enfrenta a una vulnerabilidad adicional, ya que no cuentan con seguro debido a la reticencia de las aseguradoras a cubrir el oro.
La inacción de las autoridades bajo escrutinio
Los afectados denunciaron una tardía reacción por parte de las autoridades. Afirmaron que el grupo de encapuchados, lejos de participar en una protesta conmemorativa por la matanza de estudiantes, actuó con la premeditación del «crimen organizado», portando herramientas aptas para cortar candados.
A pesar del despliegue de la policía capitalina, varios sujetos ingresaron a los establecimientos sin que se efectuaran detenciones en el momento de los hechos. Esta situación ha llevado a los comerciantes a exigir una exhaustiva revisión de los protocolos aplicados durante las marchas en la capital. Una de las representantes del sector enfatizó: «Nosotros pedimos a las autoridades que tienen que revisar las marchas, tiene que revisar el perímetro para que todos, o sea, hubo reporteros golpeados ayer, y nadie tiene que salir dañado, es una manifestación, se pueden expresar, pero sin dañar a terceras personas».
El enojo del sector comercial y la magnitud del daño
Gerardo López Becerra, representante del Consejo para el Desarrollo del Pequeño Comercio, articuló el profundo descontento del gremio. «Hay enojo, son los comercios los que son fuente de empleo de cientos de familias, los que no deben ser destinatarios y quienes deben padecer este tipo de agresiones», expresó.
López Becerra destacó la gravedad de la situación, señalando un precedente preocupante: «Hay enojo entre los dueños, los administradores, entre los trabajadores del Centro Histórico, por esta agresión. No se había dado un hecho como este en épocas, no se tiene memoria en épocas recientes».
Un doble impacto económico: cierres preventivos y destrozos directos
El representante del pequeño comercio explicó que las pérdidas económicas se dividen en dos categorías principales, evidenciando un impacto multifacético en la actividad mercantil del Centro Histórico.
Cierres preventivos: más de 300 millones de pesos
La primera categoría de pérdidas, y la de mayor volumen, asciende a más de 300 millones de pesos. Esta cifra corresponde al cierre preventivo de 5 mil establecimientos mercantiles que se vieron obligados a bajar sus cortinas horas antes de la marcha, anticipando posibles disturbios.
Daños directos: Más de medio centenar de negocios
La segunda categoría abarca las pérdidas sufridas por más de medio centenar de negocios, como joyerías, tiendas de abarrotes y farmacias, que fueron directamente afectados por los saqueos y destrozos durante la movilización. Las pérdidas económicas más significativas se concentran en el sector joyero, donde los daños pueden superar los 35 millones de pesos, consolidando un panorama de grave afectación para este rubro.
La recurrencia de actos vandálicos en el marco de manifestaciones pone en tela de juicio no solo la seguridad patrimonial de los comerciantes, sino también la eficacia de los protocolos de actuación de las autoridades capitalinas. La exigencia de revisión de estos protocolos y la implementación de mecanismos de apoyo no son solo un reclamo de los afectados, sino una señal de alarma sobre la convivencia pacífica y el desarrollo económico en el corazón de la Ciudad de México. La pregunta persiste: ¿hasta qué punto se permitirá que la expresión social eclipse la protección y el respeto por el patrimonio y el sustento de miles de familias?
