Morelia, Mich. Una vez más, la comunidad purépecha de Huáncito, Chilchota, ha bloqueado la carretera Uruapan-Carapan, exigiendo la liberación del presupuesto directo que por derecho les corresponde. Esta protesta, que marca el segundo día consecutivo de movilizaciones en este martes 27 de agosto de 2025, subraya la profunda crisis de transparencia y la retención de recursos vitales para obras y seguridad en la región, pese a su autonomía formal.
La protesta de Huáncito: Un clamor por transparencia y respeto
Desde las 7 de la mañana de este martes, comuneros de Huáncito tomaron la carretera Uruapan-Carapan, denunciando la falta de transparencia de la alcaldesa de Chilchota, Alejandra Ortiz Suárez, respecto al recurso que le corresponde a su comunidad. Esta acción de protesta es el reflejo de una profunda molestia debido a que, desde que lograron su autonomía y el derecho a un presupuesto directo, el gobierno municipal ha mostrado una actitud de «mala fe y poca claridad», según informó Armando Felipe Salvador, secretario del consejo comunal de Huáncito, población perteneciente a la región de la Cañada de los Once Pueblos. La comunidad exige no solo transparencia, sino también respeto.
Retención de millones y despojo de servicios básicos
La prueba más contundente de esta opacidad radica en los 6 millones 485 mil pesos que correspondían a la comunidad de Huáncito desde mayo pasado. Estos fondos, destinados a obras y seguridad (clasificados como fondo 3 y 4), no han sido entregados a la comunidad. El secretario del gobierno comunal, Armando Felipe Salvador, fue enfático al señalar la inexistencia de obra alguna en la comunidad.
El abandono en seguridad y servicios esenciales
La situación en materia de seguridad ha sido igualmente precaria. «No hubo ninguna obra en la comunidad y en materia de seguridad desde el primer mes de este año», explicó Armando Felipe Salvador. A pesar de que las autoridades municipales estaban al tanto del proceso de autonomía y presupuesto directo de Huáncito, la vigilancia fue retirada. En un incidente que expone la gravedad del abandono, cuando un joven del pueblo fue secuestrado, las autoridades municipales se limitaron a indicar a la comunidad que debían «arreglárselas solos».
Adicionalmente, la comunidad enfrenta el retiro de otros apoyos esenciales. Armando Felipe Salvador señaló que, aún sin recibir el primer recurso proporcional del gobierno municipal que corresponde a Huáncito, ya les habían «retirado la recolección de basura y otros apoyos que le dan a la comunidad como medicinas y algunos gastos emergentes». Esta situación agrava las condiciones de vida y subraya la exigencia de respeto por parte de los comuneros.
La contradicción de la tesorería y la mala fe edilicia
La búsqueda de respuestas llevó a los representantes de Huáncito hasta la Tesorería del estado. Allí, se les informó que el dinero para obras y seguridad ya se había entregado al ayuntamiento de Chilchota e, incluso, había sido «comprobado». Este dato genera una grave discrepancia: si el recurso fue entregado y justificado por el ayuntamiento, ¿dónde están las obras y por qué la comunidad no ha visto un solo peso?
Armando Felipe Salvador sentenció: «Queremos saber qué se hizo con ese recurso, porque no hubo transparencia de los funcionarios municipales. Ha habido mala fe». La desconfianza se profundiza con la revelación de que, antes de que el gobierno comunal de Huáncito fuera oficialmente autorizado, la gente que laboraba en el ayuntamiento, proveniente de la comunidad, fue despedida, provocando una legítima molestia.
Un patrón de bloqueo contra la autonomía indígena en Michoacán
El caso de Huáncito no es aislado, sino un síntoma de una problemática más amplia en Michoacán. Actualmente, la entidad cuenta con 47 gobiernos indígenas autónomos. Sin embargo, la implementación de este derecho fundamental ha sido sistemáticamente obstaculizada por otras administraciones municipales. Casos como los de Erongarícuaro, Los Reyes e Hidalgo ejemplifican este patrón, donde se han utilizado «amparos y recursos legaloides» para bloquear la entrega de este derecho constitucional. Este derecho, reconocido tanto por la federación como por el estado, permite a las pequeñas comunidades, conocidas como tenencias o anexos, recibir presupuesto directo y conformar su propio gobierno a través de usos y costumbres.
La persistencia de estas comunidades por ejercer su autonomía y gestionar sus propios recursos choca de frente con la resistencia de estructuras municipales que se niegan a ceder el control. La situación en Huáncito, con el presupuesto directo Michoacán en el centro del conflicto, es un claro llamado a la acción para garantizar el respeto a los derechos indígenas y la rendición de cuentas efectiva de los fondos públicos.
La situación de Huáncito expone una herida profunda en el tejido político de Michoacán: el choque entre la autonomía constitucional de los pueblos indígenas y la opacidad de los gobiernos municipales. Mientras 6.4 millones de pesos destinados a seguridad y obras se volatilizan bajo la justificación de que ya fueron «comprobados», la pregunta ineludible se impone: ¿cuántos más gobiernos indígenas autónomos enfrentan un despojo similar y dónde reside, en última instancia, la verdadera rendición de cuentas? La confianza en las instituciones se erosiona cuando la promesa de autonomía es asfixiada por la «mala fe» y la falta de transparencia.
