Agosto de 2025 marca una prueba de fuego fundamental para la soberanía mexicana. Una estrategia estadounidense sistemática y progresiva, que explota las divisiones políticas internas y fallas de seguridad, ha posicionado al gobierno de Claudia Sheinbaum en una postura predominantemente reactiva. La convergencia de aranceles, la designación de los cárteles como terroristas y la autorización militar sin precedentes redefinen la relación bilateral y la presión estadounidense México 2025.
El «asalto frontal» de la administración Trump: una nueva doctrina para América del Norte
La estrategia de la segunda administración de Donald Trump representa una doctrina coherente y agresiva. Busca alterar fundamentalmente la relación entre Estados Unidos y México, de asociación a dominación explícita. Esta estrategia se despliega de manera sistemática y coordinada en múltiples frentes: legal, militar y económico.
Redefiniendo al enemigo: la designación de los cárteles como FTO y el vínculo estratégico con el régimen de Maduro
La administración Trump sentó las bases para redefinir el narcotráfico como una amenaza a la seguridad nacional y un problema de terrorismo, accediendo a un nuevo conjunto de herramientas políticas. La secuencia de acciones ha sido deliberada. En enero de 2025, se declaró una emergencia nacional en la frontera sur, enmarcando la situación como una «invasión» de cárteles, pandillas y terroristas, lo que preparó el terreno político y legal.
El 20 de febrero de 2025, el Departamento de Estado designó a ocho organizaciones de narcotráfico, seis de ellas mexicanas, como Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO). Esta designación, largamente anhelada por sectores duros de la política estadounidense, proporciona la arquitectura legal para tratar a estos grupos como combatientes enemigos.
La estrategia se internacionalizó el 7 de agosto de 2025, cuando el Departamento del Tesoro y el Departamento de Estado de EE. UU. vincularon explícitamente a Nicolás Maduro y a su «cártel de los soles» con los cárteles mexicanos, específicamente con el Cártel de Sinaloa. Maduro fue calificado como el líder de una «organización narcoterrorista». Esta acción fue reforzada con el aumento de la recompensa por su captura a 50 millones de dólares. La fiscal general de EE. UU., Pam Bondi, lo acusó directamente de colaborar con el Cártel de Sinaloa para «inundar Estados Unidos con cocaína mezclada con fentanilo».
Estas acciones no son aisladas. La secuencia es deliberada: primero, se securitiza la frontera; segundo, se etiqueta a los actores internos (cárteles) como terroristas; y finalmente, se vincula a estos actores con un estado extranjero hostil (la Venezuela de Maduro). Esta construcción de una narrativa de un «eje del narcoterror» en el flanco sur de Estados Unidos eleva la amenaza de un problema de aplicación de la ley a un imperativo de política exterior y defensa nacional. Este enfoque refleja el manual de la «guerra contra el terror», mencionado explícitamente como modelo. Para México, esta narrativa dificulta argumentar a favor de un enfoque cooperativo basado en la ley, ya que Washington lo presenta como un estado comprometido o fallido.
Cronología de la escalada estadounidense (enero-agosto de 2025):
- Enero de 2025: Declaración de emergencia nacional en la frontera sur, justificada como «invasión» de cárteles.
- 20 de febrero de 2025: Designación de ocho grupos de narcotráfico (seis mexicanos) como FTO.
- Marzo de 2025: Imposición de aranceles del 25% a México (con retraso en la aplicación) para presionar contra el fentanilo y la migración ilegal.
- 7 de agosto de 2025: Sanciones contra el «cártel de los soles» y acusación directa a Nicolás Maduro de apoyar cárteles mexicanos.
- 7 de agosto de 2025: Aumento de la recompensa por la captura de Nicolás Maduro a 50 millones de dólares.
- 8 de agosto de 2025: Directiva secreta del presidente Trump autorizando al Pentágono a usar la fuerza militar contra los cárteles.
El nuevo mandato del Pentágono: análisis de la directiva del 8 de agosto de 2025 y controversias legales asociadas
El 8 de agosto de 2025, se conoció una directiva secreta firmada por el presidente Trump. Esta autorizaba al Pentágono a utilizar la fuerza militar contra las FTO recién designadas en América Latina. La acción fue la culminación de ideas que Trump había considerado durante su primer mandato. La justificación legal se basa en una interpretación expansiva del poder presidencial y en la controvertida doctrina de «no dispuesto o incapaz» (*unwilling or unable*). Esta doctrina sostiene que EE. UU. puede actuar en legítima defensa contra actores no estatales en un país que no puede o no quiere controlarlos. México ha rechazado explícita y repetidamente esta doctrina en foros internacionales.
La designación de FTO es clave, ya que permite a la administración acceder a autoridades antiterroristas. Esto incluye operaciones encubiertas bajo el Título 50 (a través de la CIA) o acciones militares abiertas bajo el Título 10 (a través del Departamento de Defensa). Potencialmente, esto podría ser mediante una nueva Autorización para el Uso de la Fuerza Militar (AUMF), como la propuesta por el representante Steube. El secretario de defensa, Pete Hegseth, y otros funcionarios han declarado que «todas las opciones están sobre la mesa», incluido el uso de fuerzas de operaciones especiales, y que el ejército está cambiando hacia una postura de «defensa de la patria» en la frontera.
La ambigüedad sobre cómo se utilizaría esta fuerza es una herramienta estratégica en sí misma. La directiva es secreta, los funcionarios hablan en términos generales y los análisis apuntan a una gama de posibilidades, desde ataques con drones y redadas encubiertas hasta campañas de «conmoción y pavor» (*shock and awe*). La amenaza de una acción militar unilateral es una herramienta de coacción tan poderosa como la acción misma. Obliga al gobierno mexicano a un estado constante de reacción e incertidumbre, socavando su planificación a largo plazo. Esto crea una inmensa presión sobre la presidenta Sheinbaum para que haga concesiones en seguridad y comercio para evitar una percepción de invasión, incluso si una invasión a gran escala es poco probable. El objetivo puede no ser invadir, sino obtener la máxima ventaja haciendo que la amenaza sea creíble.
El frente de guerra económico: deconstrucción del régimen arancelario de 2025 y el enfoque estratégico en las barreras no arancelarias
La dimensión económica de la presión estadounidense ha sido un arma para lograr objetivos de seguridad y migración. El año comenzó con la amenaza y posterior implementación de un arancel del 25% sobre los productos mexicanos. Este se justificó explícitamente por la necesidad de combatir el tráfico de fentanilo y la inmigración ilegal. Esto generó una significativa incertidumbre económica y el riesgo de una «recesión severa» en México.
Aunque los bienes que califican bajo las reglas de origen del T-MEC quedaron inicialmente protegidos, esta protección es frágil y está sujeta a un intenso escrutinio. Estados Unidos ha planteado constantemente disputas sobre las reglas de origen del sector automotriz y otros problemas de cumplimiento. Para agosto de 2025, el enfoque de la presión estadounidense se había desplazado hacia las barreras no arancelarias, en particular la «eliminación» de la presunta corrupción y el fraude en las operaciones aduaneras mexicanas. Esto proporciona a EE. UU. una nueva y más matizada palanca de control sobre los flujos comerciales.
El impacto económico proyectado es significativo. Análisis proyectan una pérdida importante del PIB, más de 1.4 millones de empleos perdidos en México y una caída salarial de más del 4.5% en un escenario de aranceles del 25%. La sola amenaza desalienta la inversión extranjera directa y pone en peligro las oportunidades de *nearshoring*.
Estas acciones no buscan solo concesiones inmediatas. La revisión formal del T-MEC está programada para 2026. Las acciones actuales de EE. UU. —imponer aranceles, escudriñar las barreras no arancelarias y documentar el incumplimiento— están creando una nueva línea de base desventajosa para México de cara a esa revisión. La administración Trump está construyendo sistemáticamente un caso de que México es un socio poco fiable que no cumple con el espíritu (seguridad, migración) ni con la letra (aduanas, reglas de origen) del acuerdo. Esto genera una palanca para forzar concesiones importantes de México durante la revisión de 2026, potencialmente reescribiendo partes del tratado o utilizando la amenaza de retirada para obtener compromisos en seguridad y migración. La actual «guerra arancelaria» es la batalla de apertura de una guerra más amplia por el futuro del comercio en América del Norte.
El dilema de la administración Sheinbaum: una postura reactiva en una crisis proactiva
La respuesta del gobierno mexicano, aunque proyecta una imagen de calma y firmeza, se ha visto forzada a una postura en gran medida reactiva. Lucha por establecer su propia agenda frente a la embestida de la presión estadounidense.
La presidencia «serena» bajo asedio: una evaluación del estilo de gobierno de la presidenta Sheinbaum y su eficacia
El estilo de gobierno de Claudia Sheinbaum se describe como «sereno y firme», un contraste deliberado con el enfoque más confrontacional de su predecesor. No «alza la voz, no insulta, no se exalta». Su mantra público al tratar con Trump es «cooperación y colaboración sí, pero sin subordinación», enfatizando el respeto a la soberanía de México. Ha logrado negociar aplazamientos de sanciones e incluso ha recibido elogios de Trump.
Sin embargo, este enfoque es fundamentalmente reactivo. Su gobierno responde constantemente a las acciones de EE. UU. —la designación de FTO, la directiva militar, las amenazas arancelarias— en lugar de dar forma proactivamente a la relación bilateral. La comunicación de Sheinbaum a menudo implica minimizar las crisis, afirmando que «no hay problema de tensión» con EE. UU. incluso cuando las amenazas aumentan, y calificando de falsas las noticias sobre una relación tensa. El 8 de agosto, insistió en que la orden del Pentágono «no tenía nada que ver» con el territorio mexicano, una afirmación que la naturaleza de la orden contradecía.
Esta postura no es una forma de «imponer una agenda», sino de gestionar crisis. El estilo «sereno» de Sheinbaum puede interpretarse como una elección estratégica para evitar dar a la administración Trump un pretexto para una mayor escalada. Sin embargo, conlleva un riesgo significativo: puede ser percibido nacional e internacionalmente como debilidad o falta de una contraestrategia coherente. El gobierno parece estar constantemente a la defensiva, cediendo la iniciativa a Washington. La falta de «otros datos» —una narrativa alternativa— significa que México está perdiendo la guerra de la información, permitiendo que EE. UU. enmarque todo el conflicto.
La paradoja de la austeridad: yuxtaponiendo el discurso oficial de disciplina fiscal con el ambicioso financiamiento del «Plan México»
Existe una contradicción central en la política económica de Sheinbaum: el compromiso simultáneo con la austeridad y la inversión masiva dirigida por el estado. Por un lado, Sheinbaum ha continuado el discurso de «austeridad» de su predecesor, insistiendo en que «la vida lujosa no tiene que ver con el movimiento de transformación» y que «el poder es humildad». El presupuesto propuesto para 2025 refleja esto, con el objetivo de reducir el déficit del 5.9% del PIB en 2024 al 3.9%, lo que implica recortes significativos en los ministerios de defensa y seguridad.
Por otro lado, el gobierno está lanzando el «Plan México», un programa económico masivo con una cartera de inversiones declarada de 277 mil millones de dólares. Este plan implica enormes proyectos de obras públicas en infraestructura, energía y soberanía alimentaria. Los analistas se muestran muy escépticos. El Baker Institute señala la presión para recortar el gasto para cerrar un «enorme déficit presupuestario» y predice que la inversión pública en realidad se reducirá en 2025. El presupuesto de 2025 deja «poco margen para inversiones adicionales» después de cubrir la deuda y los pasivos de los programas sociales. Los planes de financiamiento del gobierno se basan en pronósticos de crecimiento optimistas (2-3% frente al 1.3% del FMI), un peso estable y financiamiento de bancos de desarrollo y asociaciones público-privadas.
En este contexto, la «austeridad» es principalmente una herramienta política y retórica, no una política fiscal estricta. Sirve para diferenciar al gobierno de Morena de la percepción de corrupción y exceso de las administraciones pasadas. La política fiscal real es expansiva, financiada con deuda y proyecciones optimistas. Esto crea una gran vulnerabilidad. Si las proyecciones optimistas de crecimiento e ingresos no se materializan —una alta probabilidad dada la presión comercial de EE. UU.—, el gobierno enfrentará una grave crisis fiscal, lo que lo obligará a elegir entre su plan de inversión insignia, sus programas sociales constitucionalmente obligatorios o una posible rebaja de la calificación crediticia.
«Plan México»: ¿una estrategia de fortaleza o un escudo de papel?
El «Plan México» es la principal respuesta económica del gobierno a la presión estadounidense. Es una estrategia de amplio alcance diseñada para fortalecer el mercado interno, promover los productos «hecho en México», sustituir importaciones y aumentar la soberanía alimentaria. Los objetivos clave incluyen impulsar el contenido nacional, aumentar las compras públicas a empresas nacionales, generar 1.5 millones de empleos y elevar a México a la décima economía más grande del mundo. Se enmarca explícitamente como una respuesta a las amenazas arancelarias de EE. UU. y se basa en gran medida en proyectos de infraestructura dirigidos por el estado (trenes, carreteras, aeropuertos) y en la incentivación de la inversión privada, con una cartera anunciada de 277 mil millones de dólares.
Este plan representa un giro proteccionista y orientado hacia adentro en respuesta al proteccionismo estadounidense. Si bien es políticamente lógico, va en contra de la realidad económica de la profunda integración de México, donde el 83% de sus exportaciones se destinan a EE. UU. Es poco probable que se implemente con la rapidez o eficacia suficientes para compensar el daño inmediato y severo de una guerra comercial con EE. UU. Es más una aspiración a largo plazo y una declaración política de autosuficiencia que un escudo práctico a corto plazo contra el choque económico de las acciones estadounidenses. Su éxito también depende de la viabilidad fiscal.
Fracturas internas y pasivos políticos
Las vulnerabilidades internas de México, incluidas las divisiones dentro del partido gobernante Morena y los desafíos de seguridad no resueltos, proporcionan un terreno fértil para que la presión de EE. UU. sea efectiva.
El fantasma de Tabasco: el caso de Adán Augusto López como vulnerabilidad política
A partir de agosto de 2025, Adán Augusto López, un poderoso senador de Morena y exsecretario de gobernación, enfrenta un intenso escrutinio y peticiones de renuncia por sus presuntos vínculos con el crimen organizado durante su mandato como gobernador de Tabasco. La acusación específica es que nombró a un jefe de seguridad, Hernán Bermúdez Requena, que tenía vínculos con un cártel local. López ha negado vehementemente los cargos, enmarcándolos como una campaña de desprestigio político de la oposición, pero ha declarado estar dispuesto a comparecer ante las autoridades. El escándalo ha sido reportado prominentemente en medios internacionales, incluido el *New York Times*, que vinculó directamente el caso con las acusaciones del presidente Trump de que el gobierno mexicano está en manos de los cárteles.
Este escándalo interno ya no es solo un problema político doméstico. Se ha convertido en una pieza de evidencia crítica en el caso de la administración estadounidense contra México. Estados Unidos necesita justificar una posible acción unilateral demostrando que México «no está dispuesto o es incapaz» de combatir a los cárteles. El caso de Adán Augusto proporciona un ejemplo concreto y de alto perfil de un político de primer nivel del partido gobernante presuntamente en connivencia con el crimen organizado. La defensa de Sheinbaum —que no «encubrirá a nadie» pero que no hay «tensión» con EE. UU. al respecto— parece débil frente a las acusaciones. Esto socava directamente la credibilidad del gobierno de Sheinbaum en el frente de la seguridad y debilita su posición negociadora.
El operador político: el papel de Ricardo Monreal en la configuración de la agenda legislativa
Ricardo Monreal es una figura poderosa e influyente, que se desempeña como líder de la coalición liderada por Morena en la Cámara de Diputados. Es un actor clave en el avance de la agenda legislativa del gobierno, incluidas las controvertidas reformas constitucionales. Monreal se ha posicionado públicamente como un firme defensor de la presidenta Sheinbaum frente a las presiones externas, llamando a «cerrar filas» con ella para resistir los «ataques desde el exterior».
Mientras Sheinbaum maneja el frente diplomático, el papel de Monreal es traducir esta postura defensiva en acción legislativa y movilización política dentro del partido gobernante. Análisis de *think tanks* sugieren que la presión externa podría desencadenar una «respuesta nacionalista dentro de la coalición de Morena». Monreal es el operador político encargado de gestionar esta respuesta nacionalista. Actúa como el «ejecutor» político del gobierno, reuniendo a la base y asegurando que el aparato legislativo apoye la postura de la presidenta, lo que podría conducir a un entorno legislativo más proteccionista y menos cooperativo, complicando aún más la revisión del T-MEC.
El atolladero de la seguridad: evaluando la efectividad de la estrategia de seguridad de Sheinbaum
La estrategia de seguridad de Sheinbaum se centra en cuatro pilares: atender las causas de raíz, consolidar la Guardia Nacional, mejorar la inteligencia y la coordinación. Se ha distanciado de la retórica de «abrazos, no balazos». Las iniciativas específicas incluyen una reforma constitucional para combatir la extorsión y nuevas estrategias para las prisiones del país.
A pesar de esto, persisten desafíos de seguridad clave. Los homicidios y las desapariciones se mantienen en niveles asombrosos, y la extorsión ha experimentado un aumento significativo en el primer semestre de 2025. El impacto económico de la violencia en México se estimó en un 18% del PIB en 2024. La respuesta del gobierno a las crisis de seguridad a veces se considera inadecuada o despectiva, como en el caso de un gobernador que inicialmente caracterizó erróneamente un brutal asesinato como un ataque al corazón.
Existe una brecha significativa entre la estrategia de seguridad declarada por la administración Sheinbaum y la realidad en el terreno. Esta «brecha estrategia-realidad» es la vulnerabilidad central que EE. UU. está explotando. La falta de un progreso demostrable y significativo en la contención de la violencia y la impunidad de los cárteles proporciona combustible constante para la narrativa estadounidense de que México «no está dispuesto o es incapaz», independientemente de la sofisticación de los planes anunciados en la Ciudad de México.
Síntesis y perspectiva estratégica: escenarios para la relación México-EE. UU. (2025-2026)
El rumbo de colisión: una síntesis de presiones externas y debilidades internas
La situación de agosto de 2025 es el resultado de la convergencia de una estrategia de presión estadounidense proactiva y multifacética con las vulnerabilidades estructurales de México. La administración Trump ha logrado enmarcar el debate en términos de seguridad nacional y terrorismo, eludiendo los marcos tradicionales de cooperación. La respuesta de México, aunque soberana en su retórica, ha sido defensiva en la práctica, luchando por contener las crisis en lugar de anticiparlas. Las divisiones políticas internas, ejemplificadas por el caso de Adán Augusto López, y la persistente brecha entre la estrategia de seguridad y los resultados tangibles, debilitan la posición de México y otorgan credibilidad a las justificaciones estadounidenses para una posible intervención.
Escenario A: confrontación gestionada (desescalada a través de la negociación)
En este escenario, el gobierno de Sheinbaum logra utilizar los canales diplomáticos para negociar una desescalada. A cambio de que EE. UU. retire la amenaza inmediata de acciones militares unilaterales y aranceles punitivos, México podría hacer concesiones significativas. Estas podrían incluir una mayor cooperación en inteligencia, operaciones conjuntas contra objetivos de alto valor (bajo supervisión mexicana), y una aplicación más estricta de las regulaciones aduaneras y de origen para satisfacer las demandas comerciales de EE. UU. Este escenario evitaría una ruptura total, pero a costa de una erosión de facto de la soberanía y un precedente de que la presión extrema produce resultados.
Escenario B: escalada unilateral (una ruptura diplomática y económica)
En este escenario, las negociaciones fracasan o la administración Trump decide que una acción directa sirve mejor a sus intereses políticos internos. EE. UU. podría llevar a cabo acciones militares limitadas y unilaterales, como ataques con drones contra laboratorios de fentanilo, amparándose en la doctrina de «no dispuesto o incapaz». México respondería con una fuerte condena diplomática, la posible expulsión de agentes de seguridad estadounidenses y la imposición de aranceles de represalia. Esto desencadenaría una guerra comercial total, el colapso de la cooperación en seguridad y migración, y una crisis económica severa en México, con graves repercusiones para las cadenas de suministro de América del Norte y la economía estadounidense.
Análisis del impacto económico y de seguridad de los escenarios
El escenario B tendría consecuencias económicas catastróficas. Una guerra arancelaria total podría costar a México más de 2 millones de empleos y una contracción del PIB de varios puntos porcentuales. La inversión extranjera, especialmente el *nearshoring*, se detendría. En términos de seguridad, una acción unilateral de EE. UU. podría fragmentar a los cárteles, lo que llevaría a un aumento de la violencia interna por disputas territoriales, afectando gravemente las rutas de transporte y las operaciones comerciales en gran parte del país. El escenario A, aunque menos dramático, seguiría generando incertidumbre económica, ya que los inversores percibirían la relación bilateral como inherentemente inestable y sujeta a futuras crisis.
Impacto económico proyectado de los aranceles estadounidenses en la economía mexicana:
- PIB real (arancel del 25% con represalias): Pérdida de 2.2% a 2.6% del PIB hasta 2025.
- Empleo (arancel del 25% sin represalias): Pérdida de ~1.4 millones de empleos.
- Empleo (arancel del 25% con represalias): Pérdida de ~2.2 millones de empleos.
- Salarios (arancel del 25% con represalias): Caída de más del 7% en los salarios.
- Exportaciones (arancel del 25% con represalias): Contracción de más del 25% en las exportaciones.
- Impacto económico total de la violencia (2024): 4.5 billones de pesos (18% del PIB de México).
Recomendaciones estratégicas
Para el gobierno de México: recomendaciones para navegar la crisis
Se recomienda a México desarrollar una contranarrativa proactiva. En lugar de reaccionar, México debe lanzar una ofensiva diplomática y de comunicación para enmarcar la crisis de seguridad como un problema de responsabilidad compartida. Esto implica destacar el papel de la demanda de drogas y el tráfico de armas desde EE. UU. hacia México. Esto requiere ir más allá de los «otros datos» y presentar un caso coherente y bien documentado en foros internacionales.
Es crucial abordar las vulnerabilidades internas de forma visible. El gobierno debe tomar medidas decisivas y transparentes en casos de corrupción de alto perfil como el de Adán Augusto López. Demostrar un compromiso real con el estado de derecho es la defensa más eficaz contra la narrativa de «no dispuesto o incapaz».
Diversificar las alianzas estratégicas es fundamental. Si bien la relación con EE. UU. es primordial, México debe acelerar la diversificación de sus relaciones comerciales y políticas, fortaleciendo los lazos con la Unión Europea, Asia y América Latina para reducir su dependencia y crear un contrapeso diplomático.
Finalmente, es importante alinear la política fiscal con la realidad. El gobierno debe presentar un plan fiscal creíble que reconozca los verdaderos costos de sus programas sociales y de inversión. La dependencia de proyecciones de crecimiento optimistas frente a la inestabilidad actual es una vulnerabilidad importante que los mercados y las agencias calificadoras ya están señalando.
Para empresas e inversores internacionales: recomendaciones para mitigar el riesgo político y económico
Se recomienda a las empresas realizar análisis de escenarios de la cadena de suministro. Deben modelar el impacto de aranceles repentinos y perturbaciones fronterizas, identificando proveedores alternativos y explorando estrategias como el uso de zonas de libre comercio y el almacenamiento aduanero para mitigar la exposición arancelaria.
Monitorear la revisión del T-MEC de 2026 es clave. La revisión del tratado es el principal punto de riesgo a mediano plazo. Las empresas deben seguir de cerca las negociaciones y abogar por la estabilidad y la previsibilidad a través de las cámaras de comercio y otros canales.
Invertir en inteligencia sobre riesgo político es esencial. La volatilidad actual requiere un monitoreo constante del entorno político tanto en Washington como en la Ciudad de México. Comprender las dinámicas internas de la coalición gobernante en México y las presiones políticas sobre la administración Trump es crucial para anticipar cambios de política.
Priorizar el cumplimiento del T-MEC. Para las empresas de los sectores automotriz y electrónico, garantizar un cumplimiento riguroso de las reglas de origen del T-MEC, incluidos los complejos requisitos de contenido de valor laboral, es la defensa más inmediata y eficaz contra la aplicación de aranceles.
En un futuro incierto, donde la presión externa y las vulnerabilidades internas convergen, ¿podrá México navegar el precipicio o se verá arrastrado hacia una redefinición impuesta de su soberanía?
