El próximo lunes 24 de noviembre de 2025, México se enfrentará a una interrupción crítica en su movilidad y cadena de suministro. Transportistas y campesinos de al menos 25 estados han convocado a un megabloqueo nacional de carreteras y un paro de actividades, evidenciando el fracaso de meses de negociación con las autoridades federales para atender la crisis de inseguridad, extorsión y los problemas estructurales del campo.
El diálogo que fracasó: la antesala del megabloqueo nacional
El anuncio de esta movilización, prevista para iniciar a las 8:00 de la mañana, surge tras semanas de diálogo sin acuerdos entre las organizaciones convocantes y las autoridades federales. El Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM), el Movimiento Agrícola Campesino (MAC) y la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) han confirmado que la protesta será total, implicando el cierre de carreteras, la toma de aduanas en la frontera norte y la ocupación de oficinas de gobierno como medida de presión.
El comunicado conjunto urgente de las agrupaciones, titulado “El diálogo fracasó, la lucha sigue”, fue contundente: «Hoy, las puertas se cerraron. La reunión con el Gobierno Federal y diputados concluyó sin respuestas a la crisis que asfixia al campo y al transporte. Ante la indiferencia oficial, confirmamos con firmeza: este lunes 24 de noviembre: el movimiento nacional va».
La postura de la ANTAC frente a la inacción
En entrevista radiofónica, Jeannet Chumacero, vicepresidenta de Comunicación y Enlace de la ANTAC, afirmó que la protesta se realiza luego de meses sin avances en las mesas de trabajo con autoridades federales.
Los líderes de la ANTAC enfatizaron que, en ocasiones anteriores, acciones como marchas lentas o tomas parciales de carreteras no generaron resultados, por lo que la opción ahora es un paro total. La organización extendió una invitación a todos los operadores y transportistas a no realizar ningún viaje durante la jornada.
La vicepresidenta Chumacero también señaló que han recibido intimidaciones a través de redes sociales y vía telefónica para no llevar a cabo la manifestación, razón por la cual la organización decidió mantener la logística bajo reserva. La información sobre los tramos de carreteras federales bloqueadas se darán a conocer el domingo por la tarde noche, buscando mantener a la ciudadanía enterada.
- El bloqueo incluye la advertencia de una duración indefinida.
- Los bloqueos serán encabezados por organizaciones campesinas en puntos estratégicos.
- Solo se permitirá el paso de ambulancias y emergencias.
Pliego petitorio: seguridad, abasto y la crisis agrícola
Las demandas que originan el megabloqueo están claramente divididas entre las necesidades urgentes de seguridad de los transportistas y las exigencias estructurales del sector agrícola.
Las exigencias del transporte: extorsión, robo y burocracia
Los transportistas aseguran que la protesta surge tras la falta de respuesta a sus demandas, centradas en la inseguridad en las carreteras, la extorsión y los robos que enfrentan de manera cotidiana. Este clima de violencia incluye episodios graves como el que afecta a los productores agrícolas, donde se reporta cuáles son los cárteles del narcotráfico que extorsionan a los limoneros en Michoacán.
Además de la seguridad, los transportistas exigen:
- La agilización de trámites burocráticos esenciales.
- La obtención de placas y licencias de manejo.
- Agilización de citas médicas que, según afirman, les han sido negadas por las autoridades.
Se suma la inconformidad del grupo Transportistas Unidos, que reclama el pago de basalto que ya fue distribuido para la construcción del Tren Maya.
El campo pide exclusión del T-MEC y precios de garantía
Por su parte, los movimientos campesinos solicitan que el Estado mexicano reconozca y fortalezca la agricultura nacional. Los manifestantes agrícolas buscan precios justos y apoyos para la producción, especialmente de frijol, maíz, sorgo y otros cultivos.
Las demandas clave del sector campesino incluyen:
- Exclusión de los granos de la revisión del T-MEC.
- Creación de una banca de desarrollo exclusiva para el campo.
- Publicación de precios de garantía para toda la producción agrícola.
- Inconformidades con la Ley de Aguas.
Los convocantes hicieron un llamado directo a la población, advirtiendo sobre las consecuencias del paro total: “Consumidor, ama de casa: si el campo quiebra, tu comida sube. Si el transporte para, el abasto se acaba. Nos ignoran a nosotros, pero te afectan a ti. Llamamos a la unidad nacional”.
El mapa de la parálisis: estados y vialidades críticas confirmadas
De acuerdo con las agrupaciones, el megabloqueo contempla al menos 25 estados, advirtiendo que la cifra podría aumentar conforme avance el día. Los bloqueos se concentrarán en los principales puntos de comunicación de la red de carreteras federales, así como en rutas estratégicas para el transporte de mercancías.
La Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (Concamin) compartió las vialidades donde se prevén cierres, recomendando tomar precauciones en la movilidad y transporte de mercancía.
Estados que confirmaron participación:
- San Luis Potosí, Sinaloa, Chihuahua, Ciudad de México, Sonora, Zacatecas, Aguascalientes, Tamaulipas, Veracruz, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Baja California, Colima, Nayarit.
- Adicionalmente, se prevén afectaciones en Chiapas, Estado de México, Querétaro y Puebla.
Carreteras y puntos urbanos con cierres anunciados:
- Autopista México–Toluca.
- Autopista México–Querétaro.
- Autopista México–Pachuca.
- Autopista México–Puebla.
- Autopista México–Cuernavaca.
- Autopista México–Cuernavaca-Acapulco.
- Autopista Naucalpan-Ecatepec.
- Vía José López Portillo.
- Avenida Gustavo Baz Prada.
- Circuito Exterior Mexiquense.
- Boulevard Lomas Verdes.
El paro del 24 de noviembre no es solo la exigencia de dos sectores clave para la economía nacional, sino el reflejo de un quiebre en la comunicación institucional donde las mesas de diálogo se han revelado ineficaces. La paralización de las carreteras, sumada a la toma de aduanas y oficinas gubernamentales, plantea una pregunta ineludible: ¿qué costo pagará el país por la indiferencia oficial ante los reclamos de seguridad y justicia económica de quienes mueven la mercancía y producen el alimento?
