Alejandro Peza
CHETUMA.- Integrantes de comunidades mayas, en el municipio de José María Morelos, en Quintana Roo, reportaron ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor (INDAUTOR) las presuntas infracciones cometidas a la Ley Federal de Protección del Patrimonio Cultural de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas por apropiación y uso indebido de su patrimonio biocultural maya.
El documento, acompañado por el Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, A.C . (ProDESC), plantea la existencia de afectaciones relacionadas con el establecimiento, promoción y comercialización del destino turístico “Maya Ka’an”, impulsado por el Gobierno del Estado de Quintana Roo.
Desde 2010, se ha impulsado la creación del destino turístico que abarca más de 900 mil hectáreas en los municipios de José María Morelos, Felipe Carrillo Puerto y Tulum bajo un modelo de turismo “vivencial” que mercantiliza la cultura y los territorios indígenas.
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A su vez, en 2022 el gobierno estatal formalizó está iniciativa mediante la Declaratoria de Zona Rural Comunitaria con Potencial Turístico “Maya Ka’an”, sin incluir mecanismos de consentimiento, participación ni distribución justa de beneficios para las comunidades mayas.
La Declaratoria y los planes o programas que derivan de ella, así como la integración del organismo gestor de ese destino, excluyen la participación de los pueblos y comunidades, además de imponer requisitos discriminatorios que restringen su intervención en los órganos de decisión y gestión del proyecto.
Por otra parte, la denuncia presentada también da cuenta de afectaciones derivadas del registro de la marca Maya Ka’an ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), igualmente sin atender los derechos humanos de las comunidades involucradas.
Los representantes comunitarios señalaron que esta situación constituye una violación directa a sus derechos colectivos, así como una forma de explotación cultural que desconoce el valor ancestral de los conocimientos y expresiones tradicionales del pueblo maya.
“Durante años hemos visto cómo empresas y personas externas se apropian de nuestra cultura, de nuestros saberes, y los usan para obtener beneficios económicos, sin reconocer ni compartir nada con quienes los originamos”, expresaron los habitantes de la comunidad de Dziuché, una de las que participa en el procedimiento.
La denuncia fue presentada con el acompañamiento de organizaciones de defensa del patrimonio cultural indígena, que buscan establecer precedentes legales en la materia. Además, se solicitó al INDAUTOR emitir medidas cautelares para evitar que los elementos culturales sigan siendo utilizados sin autorización mientras se resuelve el caso.
De confirmarse las infracciones, los responsables podrían enfrentar sanciones administrativas y económicas, conforme lo establece la legislación vigente, que protege la propiedad intelectual colectiva y el derecho de los pueblos originarios a decidir sobre el uso, reproducción y comercialización de sus bienes culturales.
Las comunidades mayas de José María Morelos recalcaron que su objetivo no es impedir el intercambio cultural, sino defender el respeto y reconocimiento de sus derechos ancestrales, así como promover una relación más justa entre los pueblos originarios y quienes utilizan elementos de su herencia cultural con fines comerciales o turísticos.
