La tragedia detrás del “accidente”: así mataron a la familia Flores en Chilapa
“No fue un accidente, fue una ejecución.” Esa fue la primera frase que circuló en voz baja por las calles de Chilapa, Guerrero, la mañana del domingo. La noticia llegó como suelen llegar las noticias en tierra de silencio: por WhatsApp, entre vecinos, entre murmullos.
Los cuerpos de Jesús Flores Jaimes y cuatro miembros de su familia, entre ellos un menor de edad, fueron encontrados en su rancho. Horas más tarde, las autoridades cambiarían la historia: los Flores habían muerto en un accidente. Pero nadie en Chilapa les creyó.
Una verdad oculta entre barrancos
El hallazgo que desató la rabia
El hallazgo ocurrió en dos puntos distintos. Primero, una camioneta blanca de redilas en el fondo de un barranco de 500 metros, en la zona conocida como “La Montaña Rusa”, a las afueras de Tepozonalco. Ahí, los cuerpos de la familia Flores fueron localizados sin signos visibles de violencia, según las autoridades.
Pero Chilapa no lo creyó.
“No fue un accidente. Los bajaron ahí. Ya estaban muertos”, dijo un vecino de Lodo Grande, comunidad cercana al rancho donde vivía la familia. “Los Ardillos se llevaron todo del rancho. Animales, pertenencias. No dejaron nada”.
La otra camioneta y la versión oficial
Una segunda camioneta, negra y con placas de Puebla, fue hallada con dos cuerpos en avanzado estado de descomposición. También sin señales de violencia, según el parte oficial. Llevaban dos meses desaparecidos. Nadie, supuestamente, los había reportado.
Los pobladores conectaron los puntos rápidamente: las autoridades no solo no investigan, sino que encubren. Otra vez, el silencio, la omisión y el montaje como estrategia institucional.
El poder criminal de Los Ardillos en Chilapa
Una familia al mando del municipio
Celso Ortega Juárez, alias “La Vela”, líder de Los Ardillos, no es solo un jefe de plaza. Es familia de la alcaldesa de Chilapa, Mercedes Carballo Chino, electa por la alianza PRI-PAN-PRD. Está casado con su hermana.
Y el hijo de Celso, Irving Ortega Carballo, es conocido como “El Coordi”: opera como el verdadero presidente municipal. Firma contratos, da órdenes, controla la policía local. Todo con el consentimiento, o al menos la inacción, del Estado.
“Todo Chilapa sabe que quien manda no es el Ayuntamiento, es la familia Ortega”, explica un exfuncionario local. “No se mueve una hoja sin su permiso”.
Narco y política, un solo aparato
La relación entre el crimen organizado y el poder político en Chilapa no es nueva. Desde hace al menos tres sexenios, Los Ardillos han tejido una red de control que incluye a policías municipales, estatales, ministerios públicos y funcionarios.
En 2019, pobladores de la zona entregaron al gobierno federal un organigrama detallado del grupo criminal: nombres, direcciones, apodos. Nadie fue detenido. Ninguna investigación prosperó.
“Nos dijeron que lo iban a revisar. Nunca pasó nada. Seguimos solos”, cuenta una activista local que pidió el anonimato por seguridad.
Guerrero profundo: violencia estructural y abandono
1,400 asesinatos y 400 desaparecidos después
Las cifras no dejan espacio a dudas: Chilapa es una zona de exterminio. Desde que Los Ardillos tomaron el control del municipio, se han registrado al menos 1,400 asesinatos y más de 400 desaparecidos, según datos de organizaciones locales de derechos humanos.
Uno de los sitios más temidos es la finca El Zapote, identificada como un centro de tortura y desmembramiento. “Nadie entra ahí y sale vivo. Es la fosa del infierno”, dicen lugareños.
La impunidad es total. Las denuncias no se investigan, los cuerpos no se buscan, las familias callan por miedo. Y el gobierno —tanto estatal como federal— permanece ausente.
“Aquí no hay Estado, solo Los Ardillos”
Esa es la frase más repetida por quienes viven en Chilapa. “Aquí no hay ley. Solo mandan ellos”, dice un comerciante del centro del municipio. “Pagamos cuota, vivimos con miedo, y si decimos algo, amanecemos muertos”.
El dominio criminal no se limita a la violencia directa. Incluye control del comercio, del transporte, de la política, de la vida cotidiana. Todo está regulado por el grupo criminal: quién abre un negocio, quién sale del pueblo, quién entra.
La impunidad pactada: ¿quién protege a Los Ardillos?
El papel de la Fiscalía y el silencio federal
La actuación de la Fiscalía de Guerrero en el caso Flores ha sido, como mínimo, cuestionable. En lugar de acudir al rancho donde los cuerpos fueron vistos por última vez, los peritos se dirigieron a la carretera Chilapa-Atlixtac. Ahí, realizaron un “reconocimiento médico externo” y dejaron los cuerpos con la familia.
¿Por qué no investigaron el rancho? ¿Por qué no revisaron la escena del supuesto crimen? ¿Por qué declararon que fue un accidente sin pruebas?
Las preguntas no han sido respondidas. La Fiscalía General de la República no ha atraído el caso. Y el presidente Andrés Manuel López Obrador, hasta ahora, no ha hecho mención pública del hecho.
El Estado como cómplice estructural
Lo ocurrido en Chilapa no es un caso aislado. Es el síntoma de un mal estructural: la cooptación del Estado por parte del crimen organizado. No es solo que no se combata a los grupos criminales. Es que, en muchos casos, se les protege, se les permite operar, se les ayuda a encubrir.
Los montajes, como el del “accidente” de la familia Flores, son una herramienta más de esa complicidad.
Voces desde el abismo: el pueblo que no se resigna
Testimonios que rompen el cerco del miedo
A pesar del riesgo, algunos habitantes han alzado la voz. Han documentado los hechos, han buscado ayuda, han exigido justicia. Pero lo hacen con reservas, con seudónimos, con miedo.
“Nos cansamos de vivir con miedo. Pero si hablas, te matan. Y si no hablas, también te matan”, dice una madre que perdió a su hijo hace dos años.
La exigencia de que la FGR atraiga el caso se ha vuelto el clamor común. Sin embargo, sin presión mediática nacional, sin apoyo institucional, esa exigencia podría quedar en el olvido.
La masacre de los Flores como síntoma de un país roto
El asesinato de la familia Flores no es solo un caso más de violencia en Guerrero. Es un símbolo del fracaso del Estado mexicano en garantizar justicia y seguridad en sus territorios más vulnerables.
Es también un espejo incómodo para el país: muestra cómo el poder criminal se entrelaza con el poder político y cómo, en muchas regiones, ya no hay diferencia entre uno y otro.
Mientras no haya una intervención real, seria, independiente y con voluntad de justicia, Chilapa seguirá siendo tierra de nadie. Y Los Ardillos seguirán matando con impunidad, dejando cuerpos en barrancos, firmando narcomantas como quien firma decretos de Estado.
