Tras meses de incertidumbre regulatoria, la Junta General Extraordinaria de Accionistas de Cox dio el aval definitivo para concretar la millonaria venta de activos de Iberdrola México. La operación, valuada en 4 mil 200 millones de dólares, marca el cierre oficial de un ciclo para una de las compañías energéticas más influyentes en el país, profundizando el debate sobre el futuro del sector privado nacional.
La aprobación unánime y la estrategia global de Cox
La transacción se formalizó el martes 4 de noviembre de 2025, cuando la Junta General Extraordinaria de Accionistas de Cox aprobó la adquisición del 100% del capital social de Iberdrola México.
El presidente ejecutivo de Cox, Enrique Riquelme, fue el encargado de informar sobre los resultados de la votación. La decisión fue avalada con un promedio de votos favorables del 100%, logrando una sesión que alcanzó un quórum del 84.30 por ciento.
Un paso decisivo en la visión empresarial
De acuerdo con un comunicado emitido por la compañía, la absorción de Iberdrola México representa un “paso decisivo en su estrategia global”. El documento subraya las implicaciones futuras de esta compra al señalar que:
- La operación “refuerza” la presencia de Cox “en un mercado clave”.
- Anticipa los objetivos estratégicos de la empresa a nivel internacional.
- Consolida a Cox como un actor relevante a nivel mundial en los sectores del agua y la energía.
La salida de Iberdrola en medio de la inseguridad jurídica
La salida de Iberdrola, una de las compañías más relevantes en la historia reciente del sector energético mexicano, se produce en un contexto político y jurídico complejo.
Este movimiento ocurrió en un momento marcado por la incertidumbre jurídica que afectó al sector energético durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador y por la reforma energética impulsada por Claudia Sheinbaum Pardo.
La cronología del repliegue
La intención de la empresa española de abandonar el mercado mexicano no es reciente. El 23 de julio de este año, el medio español El Confidencial reveló que Iberdrola ya había iniciado los trámites para su salida definitiva del país durante la administración de Claudia Sheinbaum, formalizando así el cierre de sus operaciones más significativas.
El 29 de julio de este año, durante la inauguración de la exposición “Mi vida con el viento” en la estación Buenavista del Tren Suburbano en la Ciudad de México, el tema fue abordado públicamente por líderes del sector.
Gerardo Pérez Guerra, presidente de la Asociación Mexicana de Energía Eólica (AMDEE), señaló que, si bien la decisión de Iberdrola responde a una estrategia empresarial específica, “no puede desligarse por completo” del entorno de inseguridad jurídica que enfrentaron las compañías del sector privado en el sexenio anterior. Pérez Guerra, no obstante, evitó mencionar directamente al expresidente Andrés Manuel López Obrador.
Las restricciones en la transmisión de energía
De acuerdo con información recabada por personal vinculado a la empresa, Iberdrola dejó de considerar viable su plan de negocios en México. Este diagnóstico se centró particularmente en el área de transmisión de energía. Dicha área continúa sujeta a restricciones constitucionales severas que limitan de manera determinante la participación privada, lo que dificultó la viabilidad económica a largo plazo de la compañía en el país.
La compraventa de estos activos no solo redefine el panorama del sector energético con la consolidación de Cox, sino que también subraya las heridas institucionales y jurídicas que persisten en México. ¿Logrará Cox navegar la incertidumbre regulatoria que forzó la salida de uno de los gigantes energéticos que operaban en el país?
